USO-Andalucía ha presentado sus propuestas para mejorar la economía y el ámbito laboral en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción de Andalucía
Eva Babiano, responsable del área de Organización y de Acción Sindical de USO-Andalucía, ha presentado en la Junta las propuestas de nuestro sindicato para avanzar en la reconstrucción de Andalucía tras el parón por el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria del covid-19. Babiano ha intervenido en la Subcomisión de Servicios Sociales y demás Servicios Esenciales, en el marco de la Comisión Andaluza de Recuperación que ha comenzado en sede parlamentaria.
USO-Andalucía ha agradecido la invitación a participar con nuestras propuestas, y ha animado a que no se deje fuera a ninguna organización que pueda aportar su experiencia en cualquiera que sea su ámbito ante este reto crucial. Eva Babiano ha recordado que USO es el tercer sindicato de España, la única central que ha crecido en representatividad en el último período electoral andaluz a pesar de la crisis, y que está presente en todas las provincias y todos los sectores productivos.
Las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía también centrar los esfuerzos de la Comisión
La primera cuestión abordada en la comparecencia de USO-Andalucía se centró en las personas excluidas del mundo laboral. Personas que, estando en edad de trabajar, no forman parte del mercado laboral y sufren la falta de recursos. Las familias que no disponen de los medios necesarios tienen que realizar la doble tarea de cubrir sus necesidades básicas, con importantes dificultades ante la falta de recursos económicos y, al mismo tiempo, dedicarse a buscar un puesto de trabajo que posibilite su salida de tal situación.
Debemos asentar la reconstrucción bajo un sistema que ampare a toda la población, sin excepción; bajo una estructura solidaria donde su sostenibilidad se lleve a cabo de forma equitativa, manteniendo los servicios esenciales accesibles, aceptables y asequibles. La pobreza energética, la pobreza hídrica o la brecha digital son situaciones personales, muchas veces circunstanciales, que debilitan la capacidad económica del conjunto de la sociedad. No se trata de caprichos de consumo particulares, se trata de Derechos Humanos con los que estamos comprometidos.
La aprobación del Ingreso Mínimo Vital se ha demostrado como una herramienta necesaria para cubrir las necesidades de los más afectados por la crisis. Así lo han entendido la mayoría de los grupos políticos nacionales. Pero ese mismo posicionamiento debemos exigirlo en el resto de sectores esenciales, tal y como ya han empezado a realizar entidades que evitan el corte de suministro ante situaciones de impago por motivos económicos demostrados.
Esta crisis ha puesto en evidencia, más que nunca, la importancia de los valores colectivos: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. Valores que forman parte de los genes de la USO.
Servicios básicos y atención a nuestros mayores, grandes fallos durante la crisis del coronavirus
Por estas razones, pedimos que los sectores responsables de suministrar los servicios esenciales, como la sanidad; la educación; la electricidad; el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; el acceso a internet, etc., deben permanecer bajo control público, que evite la especulación económica de bienes y servicios básicos. Es necesario que exijamos a empresas, tanto públicas como privadas, una mayor transparencia y apertura hacia la participación ciudadana.
Al hilo de esta cuestión, tenemos que abordar la problemática que ha aflorado en esta pandemia sobre el cuidado de nuestros mayores. Debemos reflexionar y dotar al sector de más personal y control, más si cabe teniendo en cuenta que todavía no estamos exentos de posibles rebrotes que volverían a colapsar las residencias y poner a su personal en primera línea de fuego. Ni nuestros mayores ni sus familias merecen el final de vida que algunos han tenido.
Abordando aspectos más concretos, nuestra Federación de Atención a la Ciudadanía señala que el covid-19 ha demostrado la necesidad de modernizar y agilizar la gestión del sector sanitario. Este ha sufrido más de lo necesario: han salido a flote debilidades no tanto relacionadas con el personal, sino con la propia estructura de gestión. Fundamentalmente, en esta ocasión, por las operaciones de compra de material sanitario para la atención al paciente y protección de profesionales.
Hay que resaltar que la falta de equipos de protección individuales, los que parecen haberse descubierto de repente, los EPI, han sido suministrados, en numerosas ocasiones, gracias a la solidaridad del pueblo andaluz, que no ha dudado en ingeniárselas para fabricar mascarillas, pantallas protectoras e incluso respiradores artificiales en un tiempo récord. Y a pesar de la falta de experiencia previa.
Petición urgente a la Comisión: en los hospitales de Andalucía no puede haber personal de segunda en cuanto a su protección frente al coronavirus u otras epidemias
Uno de los efectos más graves entre los trabajadores del sector sanitario ha sido un trato diferenciado entre personal de primera y segunda clase: de médicos y enfermeras, la primera, a los que acertadamente se les ha proporcionado EPI; y de celadores, trabajadores de limpieza, conductores de ambulancia, servicios asistenciales y otros, los de segunda, quienes no han recibido equipos de protección individual ni elementos que eviten los posibles contagios.
Por ello, desde USO exigimos la creación de un protocolo que incluya medidas para todos aquellos que participan en la atención hospitalaria y domiciliaria, y no solo a una parte de ellos. Asimismo, debemos fomentar la estabilidad laboral del personal interino de la Administración Pública en general, favorecer la profesionalidad y especialización, porque suponen una garantía frente a las dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos administrativos.
La Justicia y la Ayuda a Domicilio, otros sectores públicos donde la protección no estuvo a la altura
En el caso de la Administración de Justicia, vemos que la aparición de una situación excepcional que afecte al normal funcionamiento de los órganos judiciales deja en evidencia la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Es por ello que, desde USO-Andalucía, consideramos que son necesarios planes de actuación específicos para desarrollar servicios extraordinarios por parte de todos los miembros de las oficinas judiciales. Así se puede atender la sobrecarga de trabajo que padecen y padecerán en los próximos meses nuestros tribunales. No basta con medidas cosméticas, sino con el desarrollo de un plan de medidas que responda a una programación detallada que permita salir de la crisis judicial a la que se ha visto abocado el sistema.
No queremos dejar atrás la necesidad de que la Administración Pública refuerce la Atención de la Dependencia. Recordamos que se trata de un servicio público clasificado como esencial y, por tanto, la Administración Pública debe haciéndose cargo de ello: no privatizando, mediante la dotación de un mayor número de recursos humanos para prestar una mejor atención y apostando por un convenio colectivo a nivel autonómico que mejore lo regulado en el VII Convenio Colectivo Estatal de Dependencia.
El personal que atiende este servicio en su amplia mayoría son mujeres, con altos datos de exclusión laboral y con el agravante de que muchas de ellas son las únicas que aportan ingresos al conjunto familiar. Desde USO-Andalucía, pedimos promover medidas que den calidad al servicio para las personas que lo prestan, eliminando la precariedad laboral y fomentando el respeto de esta profesión.
El cambio de modelo productivo de Andalucía, protagonista de nuestra intervención en la Comisión
Desde las Federaciones de Industria y Servicios, señalamos que el alto porcentaje de ERTE declarados en el sector turístico en Andalucía demuestran que nuestra economía descansa en gran parte sobre un sector mayoritariamente temporal, que ha creado empleo y ha generado dinero, pero bajo una marcada estacionalidad y con trabajos de baja calidad.
Desde la USO-Andalucía, vemos urgente replantear la estrategia económica regional, obviamente sin olvidar el turismo, pero fortaleciendo el sector industrial para minimizar la temporalidad. De esta manera, se conseguirá generar una economía circular en nuestro territorio lo suficientemente sostenida en el tiempo. Proponemos la inversión en la industria de bienes de consumo, tecnológicos, de servicios, de suministros industriales. Un tejido industrial que evite la demostrada y perniciosa dependencia del sector turístico.
Investigación, desarrollo, apuesta industrial y de transformación agroalimentaria
Nuestra Organización entiende que la revolución industrial llegó, pero por Andalucía solo estuvo de paso. Creemos que ahora, con esta 4º Revolución Industrial, es el momento de tomarla como eje vertebral de nuestra economía, complementando o favoreciendo al sector turístico. Andalucía no debe ser conocida solo por sus playas y su clima, sino también por su tejido industrial y sus inversiones en I+D+i. La industria genera riqueza y estabilidad laboral, aspectos de los que Andalucía carece y, desgraciadamente, han quedado en evidencia durante la crisis del covid que estamos atravesando.
Un mayor tejido industrial nos habría permitido, por ejemplo, redirigir la producción hacia los materiales que escasearon durante la crisis. Otra industria, la agroalimentaria, salió reforzada en estos meses, pero en Andalucía nos empeñamos en vender el producto sin procesar, con poco valor añadido y creando empleos precarios y de temporada en el campo. Debemos apostar por ser nosotros quienes elaboremos el fruto de nuestros campos, que dará lugar a factorías con puestos de trabajo estables y con mejores condiciones laborales.
La cuestión está en desarrollar más apoyos sobre los que descansen economía y empleo en nuestra comunidad, para no volver a tener esta sensación de pánico económico por el bloqueo del sector turístico como eje productivo de Andalucía. Incluso el propio el turismo debe reinventarse y mirar hacia nuestro patrimonio natural y cultural, buscando el turista de interior, de naturaleza y desestacionalizado, que es el que, además, más riqueza genera y menos impacto ambiental provoca.
Esta organización les pide a los parlamentarios que sean valientes y responsables con nuestra economía. Y, también, que se fijen en otras regiones de España donde conviven ambos sectores con la propuesta que les ofrecemos, como País Vasco, Cantabria, Cataluña o Galicia.
La Educación: uno de nuestros pilares como sociedad, en el foco de la pandemia
Para hablar de futuro, de una recuperación social y económica sólida y eficaz, es necesario hacer especial mención a la Educación, uno de los pilares del Estado del Bienestar. La insólita situación impuesta por la pandemia del covid-19 nos brinda una oportunidad excepcional para sentar las bases de un modelo educativo que sepa responder de forma eficaz a las necesidades de nuestra sociedad y que cuente con los medios suficientes para atender esas demandas.
Un modelo educativo suficientemente preparado para saber dar respuesta a los retos que nos plantea nuestra era, que abarcan cuestiones como la digitalización o situaciones de emergencia como las planteadas por una pandemia global como la que aún estamos enfrentando. Un modelo educativo que sepa estar a la altura de su propósito esencial: construir la sociedad del presente y, sobre todo, del futuro, de la mano de ciudadanos cualificados, libres, respetuosos y responsables.
Como medidas prioritarias para responder a los requisitos en materia de Educación que nos plantea nuestro futuro más inmediato, marcado por la incertidumbre y el riesgo aún no atajado del coronavirus, desde la Federación de Enseñanza de nuestro sindicato consideramos esencial abordar en todos los ámbitos educativos medidas como la reducción de la ratio profesor/alumno, el aumento de plantillas para atender mejor las necesidades lectivas, dotar de más horas para el personal orientador o contar con personal de apoyo y complementario.
El horizonte temporal para implantar propuestas como las anteriormente citadas no puede ir más allá del inicio del próximo curso, 2020/2021. En él se prevé recuperar la actividad lectiva presencial bajo diversas medidas de contención, no suficientemente definidas aún por la administración educativa, para evitar la transmisión del virus del covid-19.
Reducir las ratios de alumnos por profesor y personal de apoyo ante una nueva realidad en las aulas
Desde este sindicato contemplamos como imprescindible reducir la ratio y contar con personal de apoyo al tutor, tanto para el refuerzo educativo como para las medidas de prevención de contagio. El refuerzo educativo se contempla como una medida esencial de cara al inicio del próximo curso, dadas las complejas circunstancias en las que se ha desarrollado el último trimestre del curso que acaba de concluir. A tenor de esta posibilidad, defendemos que reducir la ratio ayudaría a garantizar una atención personalizada de las necesidades del alumnado, desde Infantil hasta Bachillerato o FP.
Para un correcto desarrollo de todo lo anterior, desde USO-Andalucía consideramos imprescindible aumentar la dotación de horas del personal orientador y complementario. En algunos casos, por ejemplo, en los centros concertados, es completamente exigua.
En el caso de que tuviera que combinarse la enseñanza presencial con la on-line para prevenir la transmisión del coronavirus, desde este sindicato proponemos, a fin de coordinar a toda la clase, que unos días unos alumnos reciban clases de forma presencial y que el resto siga el mismo contenido, pero on-line, alternándose semanalmente el grupo de alumnos que asiste o no al aula. Otra opción sería dedicar las clases presenciales a las explicaciones y resolución de dudas, y las no presenciales a practicar y hacer tareas.
La necesaria desconexión digital del profesorado en un sistema de enseñanza desdoblado
En el caso de que haya que duplicar espacios, tiempos, formación on-line y presencial… se requerirá también de la dotación del personal necesario para que no suponga tal carga sobre el profesorado que dé lugar a la explotación laboral y una merma de la salud física y mental de los profesionales de la enseñanza. Es decir, prevenir el contagio del virus, pero también los riesgos psicosociales de la docencia, especialmente en estas circunstancias.
Esto ha de tenerse especialmente presente en el desarrollo del teletrabajo, que llega a ocupar una gran parte del día de los profesionales docentes. Ahora está restando tiempo de conciliación familiar y de descanso, por lo habría que estudiar los horarios a fondo para que no supongan un aumento excesivo de la carga de trabajo del profesorado. Abogamos, por tanto, por respetar el horario de trabajo y vacaciones del profesorado y alumnado. La administración debe establecer unas directrices claras a toda la comunidad educativa acerca del derecho a la desconexión digital, para concienciar de la necesidad vital del descanso.
No cabe duda de que la digitalización es una cuestión clave a la que se enfrenta la comunidad educativa y que precisa de una respuesta más decidida y amplia, a la par que urgente, determinada por la emergencia sanitaria a la que nos enfrentemos. Es por ello por lo que desde la administración debe garantizarse el derecho a una Enseñanza online de calidad, en el que esté asegurado, tanto para profesorado como para alumnado, el acceso a dispositivos, a una óptima conectividad, a las plataformas digitales correspondientes y a la formación necesaria para su correcto uso.
Más que nunca: urgencia de un aula pediátrica
El escenario dibujado por el covid-19 para el próximo curso genera, cuanto menos, incertidumbre. Ante una cuestión de salud pública de este calibre, resulta igualmente necesario que la Administración intensifique las medidas de limpieza e higiene en los centros educativos en su conjunto, los dote de material de higiene para hacer frente a esta crisis sanitaria y refuerce las plantillas del personal de administración y servicios.
Ahora es más necesario que nunca implantar un aula pediátrica con enfermera para los distintos centros. Una cuestión especialmente perentoria en los centros de educación especial, cuyo alumnado suele padecer patologías previas, por lo que se convierte en un colectivo especialmente vulnerable ante la actual situación sanitaria. Muchas comunidades autónomas ya contemplan por ley la presencia de un profesional de Enfermería en este tipo de centros, siendo Andalucía una de las pocas que aún debe regular esta situación.
No podemos olvidar tampoco al profesorado de mayor edad, que se incluiría dentro de uno de los grupos de mayor riesgo frente al virus. Desde USO-Andalucía, venimos trabajando por conseguir la máxima igualdad posible en el acceso de este colectivo profesional a la jubilación total o, al menos, parcial, especialmente entre los docentes mayores de 60 años de la Concertada. Sobre ellos, venimos trabajando para que accedieran a una jubilación parcial con un 75% de reducción de jornada. Entendemos que es ahora, dadas las circunstancias sanitarias, el momento para solventar esta situación y acabar con la desigualdad que se produce frente al profesorado mayor de 60 años de la enseñanza pública, que sí puede acogerse incluso a la jubilación total a partir de dicha edad.
3.000 puestos de trabajos de docentes, en riesgo por la Lomloe
Y ahora que estamos hablando de las condiciones laborales del profesorado, desde USO-Andalucía queremos hacer una mención especial a los docentes de Religión de centros públicos en nuestra comunidad autónoma. Más de 3.000 profesionales cuyos puestos de trabajando penden de un hilo a causa de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE. Se trata de profesionales cualificados y estrechamente implicados en el día a día de los centros en los que trabajan.
Más allá de respetar y asegurar la libre elección de los padres a escoger esta asignatura y que cuente con sus correspondientes alternativas (asignaturas espejo), desde nuestro sindicato insistimos en que se cuente también con el profesorado de Religión para esta labor de refuerzo educativo, especialmente necesaria en el inicio del próximo curso.
Asimismo, reclamamos que las competencias sobre los profesores de Religión de los centros de educación infantil y primaria (CEIP) sean transferidas -con la correspondiente dotación económica- al Gobierno autonómico, como ya sucede en otras comunidades autónomas. De este ya depende, por ejemplo, el profesorado que imparte Religión en Educación Secundaria.
La educación infantil no puede quedarse atrás: genera empleo y es pieza clave en la conciliación
Si importante es poder garantizar el acceso a la Educación y a las herramientas necesarias para una correcta escolarización en todos los tramos de edad del alumnado, es especialmente relevante en los más pequeños, en el tramo de 0 a 3 años, edades en las que se comienzan a desarrollar las capacidades cognitivas y de socialización del ser humano.
USO-Andalucía quiso reiterar en la Comisión la necesidad de asegurar la supervivencia del 75% de los centros de educación infantil para alumnos de 0-3 años en Andalucía. Su viabilidad y correcto funcionamiento puede verse seriamente comprometido por la deriva de la crisis sanitaria originada por la Covid-19.
A día de hoy, la medida para garantizarla pasaría por extender de forma excepcional durante julio y agosto la subvención que se les otorga a aquellos centros adheridos al programa de ayuda de la Junta de Andalucía a las familias para el fomento de la escolarización de educación infantil. Esta solución tal vez pueda resultar coyuntural, por lo que es necesario establecer una vía que garantice el mantenimiento de los empleos y el funcionamiento de estos centros, esenciales tanto para el desarrollo del menor como para la conciliación familiar.
El teletrabajo: ha llegado para quedarse y hay que regularlo
Otro aspecto importante y que ha aflorado durante esta pandemia es la aparición de una nueva forma de trabajar que ha visto acelerada su presencia y que ha venido para quedarse: el teletrabajo. Desde el punto de vista de la USO, el teletrabajo se ha implantado de forma apresurada, partiendo de una base previa prácticamente nula. Por lo tanto, la improvisación que ha marcado la excepcionalidad del momento no puede prorrogarse en circunstancias normales.
El teletrabajo debe partir siempre de la voluntariedad de ambas partes, pues el trabajador está convirtiendo su domicilio en centro de trabajo. Las condiciones para su realización deben fijarse por escrito: tanto los medios técnicos que facilita la empresa y los que pone de su parte el trabajador, si así fuera, como los horarios y la forma de controlarlos.
Es importante que se tenga en cuenta la necesaria desconexión digital del trabajador: trabajar en casa no significa trabajar en cualquier momento.
Si en una misma empresa o departamento hay trabajadores que efectúan trabajo presencial y a distancia, no puede haber discriminación entre las condiciones de unos y otros. En este sentido, deben compensarse los gastos que genere el teletrabajo en el domicilio. De lo contrario, la empresa está derivando gastos propios hacia el trabajador, empobreciendo sus condiciones económicas.
Desde el punto de vista sindical, no estar físicamente en el centro de trabajo no implica que se pierdan los derechos sindicales ni la salud en el trabajo. Los trabajadores a distancia deben tener los mismos derechos colectivos que los presenciales, y su puesto de trabajo debe ser igualmente evaluado: en términos generales, como la ergonomía; y en particulares, como los equipos que va a utilizar y la protección de su derecho a la intimidad en cuanto a programas y uso de redes.
La doble victimización de las mujeres y menores amenazados por la violencia de género durante el confinamiento
El estado de alarma y el confinamiento han supuesto un auténtico martirio añadido para las mujeres víctimas de violencia de violencia de género. 21 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de 2020 en crímenes catalogados como violencia de género, pero que no son aún los definitivos. El estado de alarma ha provocado que las mujeres que conviven con su agresor estén expuestas al riesgo constantemente. Eso ha quedado reflejado en un aumento de las llamadas de ayuda al 016 y que crezca el número de mujeres que se dan de alta en Atenpro.
Es el paso necesario para pedir ayuda, atreverse a denunciar. Es un paso difícil, pues empieza una fase delicada para ellas. Cuando piden ayuda o denuncian para intentar salir de una relación marcada por la violencia, puede darse un grado mayor de violencia: es cuando más necesitan estar arropadas y protegidas. Tanto en protección policial como emocional y económica, ya que muchas son dependientes en ese sentido de sus parejas.
Por eso, la USO modificó hace años su reglamento de su Caja de Resistencia y Solidaridad. A través de ella, ofrecemos la posibilidad de que las afiliadas víctimas de violencia de genero cuenten con este respaldo económico. El ámbito laboral es una parte social muy importante de la vida de estas mujeres. Por eso, también ahí debemos rechazar la violencia hacia ellas y mostrarle nuestra ayuda y apoyo, tanto personal como con medidas efectivas.
Los convenios colectivos y los planes de igualdad deben contemplar mejoras negociadas con los representantes de los trabajadores para proteger a mujeres víctimas de violencia de género. Posibilitar un cambio de centro de trabajo facilita el control de su agresor, al ir acompañado muchas veces de un cambio de domicilio.
El sector de la discapacidad, muchas necesidades por cubrir
La USO-Andalucía ha querido hacer también un reconocimiento explícito en esta Comisión al trabajo que llevan a cabo miles de docentes y de trabajadores de los centros de atención a la discapacidad. Además, reafirmamos nuestro compromiso con plantillas que hacen todo lo humana y profesionalmente posible para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de su vida.
Estas suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte), y un bucle en el que entran, con menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas discapacitadas. Para solucionar algunas de estas deficiencias, llevamos muchos años trabajando desde USO.
Está demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración, pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, como defiende USO-Andalucía, es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.
La accesibilidad e inclusión: una sociedad con futuro
Creemos en el pleno derecho a la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Estamos convencidos de que pueden llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la vida social. Por eso, nuestro sindicato se mostró muy crítico con la firma del anterior Convenio Colectivo de Atención a la Discapacidad, que introducía medidas que consideramos contrarias a los derechos de los trabajadores de este sector.
Nuestra Federación de Enseñanza ha elaborado una serie de propuestas para mejorar este convenio colectivo. Defendemos una reforma del sector de Atención a la Discapacidad que dé respuesta a las verdaderas necesidades que tienen tanto los trabajadores como usuarios del sector. Además, estamos convencidos de que todos debemos trabajar para la plena inclusión de las persones con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Se trata de un colectivo con grandes capacidades que puede aportar mucho a nuestra sociedad. Para ello, es necesario dotar al sector con medidas económicas y sociales que nos conduzcan a un mundo más tolerante, plural y con igualdad de oportunidades.
Los jóvenes no pueden volver a pagar otra crisis
Para finalizar con la intervención en la Comisión de Reconstrucción de Andalucía, USO ha hecho hincapié en que no se deja atrás una vez más a los jóvenes. Aún no han salido de la primera crisis. Muchos no han podido incorporarse plenamente al mundo laboral ni pensar en un proyecto de vida. Están formados, son nuestra mejor generación. Y se merecen que su tierra apueste por ellos para que se queden y nos ayuden a levantar Andalucía.
El desarrollo de un nuevo proyecto estratégico económico para Andalucía que puede salir de esta Comisión se hace más que necesario, vital para la sociedad andaluza y para brindar los mejores servicios con las mejores garantías a andaluces y visitantes. Para ello, pueden contar con la USO.
