SPJ-USO denuncia el caos en la implantación de los Tribunales de Instancia por falta de previsión y pura improvisación

La Sección de Justicia de USO (SPJ-USO) ha denunciado el caos organizativo generado en la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia tras la culminación de su tercera fase a finales de 2025, medida estrella del Gobierno para combatir los problemas endémicos de la Justicia que se está aplicando, una vez más, sin la debida previsión y golpe de improvisación.​

En materia de personal, SPJ-USO alerta de un verdadero desorden en la asignación a los nuevos equipos funcionales, con criterios opacos, sin pautas claras de antigüedad y permitiendo que los jueces elijan a su personal de apoyo directo sin posibilidad de negativa por parte de las personas afectadas. El modelo previsto en la Ley de Eficiencia Organizativa, basado en grandes servicios comunes y áreas, se está atomizando en Múltiples “equipitos” de dimensiones incluso inferiores a las de los antiguos juzgados, lo que agravará los problemas de sustituciones por vacaciones, permisos o bajas.​

El sindicato también denuncia amortizaciones de plazas aprovechando el “río revuelto” del cambio de modelo y un incremento de la carga de trabajo, al crearse principalmente plazas de jueces sin un aumento proporcional del personal de los cuerpos generales, sobrecargando así unos servicios comunes, áreas y equipos que ya nacen saturados. A ello se suman graves carencias técnicas y materiales: programas de gestión procesal sin adaptar, registros que siguen funcionando como si fueronsen órganos separados, dispersión del personal en distintos edificios sin una distribución lógica de espacios e incluso casos en los que los trabajadores han tenido que llevarse su propia silla por no disponer de medios básicos en su nuevo destino.​

SPJ-USO critica, además, que no se hayan habilitado los permisos necesarios para operar con todas las aplicaciones digitales y que el lema de “papel cero” siga siendo una quimera, obligando a duplicar trabajo al tramitar expedientes primero de forma digital y después en papel. En paralelo, los protocolos dictados por los directores de LAJs, siguiendo instrucciones del Ministerio, normalizan la no cobertura de bajas por enfermedad y la redistribución sistemática del personal, cargando los asuntos urgentes sobre quienes tienen mayor experiencia, sin reconocimiento ni retribución.​

Ante este panorama, SPJ-USO cuestiona la posición de los sindicatos firmantes del acuerdo de “paz social” de 8 de enero de 2025 (CSIF, STAJ, UGT y CIG), que se comprometieron por escrito a garantizar la paz social durante todo el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia, antes incluso de negociarse las RPT en todo el país. Para SPJ-USO, la Justicia necesita reformas, pero esta reorganización impuesta por una deficiente Ley de Eficiencia Organizativa no es la que la ciudadanía ni la Administración de Justicia requerían, y el tiempo no hace más para confirmar estas advertencias