USO Andalucía muestra su respaldo a Maricarmen y reclama priorizar el derecho a una vivienda digna ante situaciones de vulnerabilidad

Desde la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a Maricarmen, la mujer de 87 años y con un 50% de discapacidad que ha sido desahuciada del piso de alquiler en el que residía desde hacía 71 años.

Su caso refleja la crudeza de un modelo que permite incrementos inalcanzables en los alquileres —imposibles de asumir para una pensión reducida— y deja a personas en evidente situación de vulnerabilidad sin una alternativa real donde vivir.

En USO Andalucía entendemos que la vivienda no puede tratarse como un simple bien de mercado. Es un pilar fundamental para desarrollar una vida digna y un derecho respaldado por el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tutela el respeto al domicilio y a la vida familiar.

Ninguna persona mayor ni en situación de vulnerabilidad debe quedar desamparada tras perder su vivienda habitual. Las administraciones públicas deben actuar con sensibilidad y celeridad, valorando la realidad personal de los afectados y ofreciendo soluciones habitacionales que eviten situaciones de desorientación, desprotección o pérdida de dignidad.

Asimismo, las pautas y pronunciamientos de Naciones Unidas han reiterado la obligación de los poderes públicos de prevenir desalojos sin garantizar una alternativa adecuada para quienes carecen de recursos suficientes.

En USO somos un sindicato de valores humanistas y llevamos siempre por bandera la defensa de los derechos humanos y la protección social. No podemos tolerar que los beneficios económicos se sitúen sistemáticamente por encima de la vida y el bienestar de las personas

Por todo ello, desde USO Andalucía instamos a las instituciones competentes a articular una solución habitacional inmediata, digna y estable para Maricarmen, e impulsamos la necesidad de avanzar hacia un marco de protección efectivo, un parque público de vivienda suficiente y medidas reales que impidan que la capacidad económica condicione un derecho básico.

Instamos a un incremento sustancial del parque público de vivienda social en Andalucía y en el conjunto del país, así como medidas firmes para frenar la especulación, asegurando que ningún derecho fundamental quede subordinado a la capacidad económica de las personas.

Desde USO Andalucía continuaremos defendiendo a las personas trabajadoras, a nuestros mayores y a los colectivos más desfavorecidos, recordando que los derechos humanos y la dignidad de las personas deben situarse siempre por encima de cualquier especulación.