El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía considera irresponsable el plan de reincorporación a los juzgados y reclama negociación de las condiciones laborales durante el estado de alarma
El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía considera irresponsable el plan de reincorporación a los juzgados y reclama que se negocien la jornada, los horarios, el teletrabajo, las vacaciones y la provisión de los puestos.
SPJ-USO-Andalucía considera una grave irresponsabilidad el anuncio en prensa de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, órgano de la Junta de Andalucía que gestiona las competencias en materia de personal y medios al servicio de la Administración de Justicia en la comunidad, de un plan para la reincorporación del funcionariado a los edificios judiciales.
Este plan de reincorporación de Justicia, en turnos de mañana y tarde, consiste en un calendario de aumento de presencia de funcionarios judiciales en los centros de trabajo prefijado en etapas sucesivas. Supondría la presencia de un tercio de la plantilla en los edificios judiciales a partir del 12 de mayo; la de dos tercios, el 25 de mayo (con un tercio de los reincorporados en turno de tarde). Y, el 22 de junio, la totalidad del personal (con prácticamente la misma proporción de funcionarios en turno de tarde).
USO-Andalucía exige que haya consulta y negociación para la reincorporación a los juzgados
Desde SPJ-USO-Andalucía reclaman la consulta y negociación de este plan de reincorporación con los representantes sindicales del colectivo, que no han sido suprimidas por el estado de alarma, pues son parte esencial del derecho constitucional y fundamental a la libertad sindical. Critican las formas empleadas por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, que no guardan el mínimo respeto por el personal y sus representantes, más aún cuando está pendiente de celebrarse una Mesa de Negociación con los sindicatos representativos del sector el próximo 11 de mayo, foro legítimo para la determinación de las condiciones de trabajo del personal afectado.
SPJ-USO exige que los centros de trabajo de la Administración de Justicia constituyan un lugar seguro para sus trabajadores, y que se cumpla en ellos la actual legalidad en materia de prevención de riesgos laborales, elaborando, con carácter previo a cada fase de la desescalada, un plan de evaluación de riesgos que contenga las medidas necesarias para afrontar el riesgo grave e inminente que desgraciadamente todos padecemos.
Los funcionarios de Justicia, sin EPI en la «vuelta a la normalidad»
«Pedimos garantías para la disposición de equipos de protección individual suficientes para el personal, profesionales y público que acuda a las sedes; instalación del material de seguridad e higiene adecuados; limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, salas y zonas comunes; decisiones organizativas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad oportunas; preservación del personal con factores de riesgo; negociación del teletrabajo, y un programa de detección preventiva del riesgo a través de los test de diagnóstico más oportunos», detallan desde SPJ-USO.
La salud de los funcionarios públicos de Justicia no está garantizada por el simple transcurso de unas fechas “previstas”, sino evaluando previamente los riesgos existentes antes de pasar cada fase, y adoptando las medidas adecuadas para prevenirlos. La jornada, los horarios, los turnos, el teletrabajo, los permisos, las vacaciones anuales y la forma de provisión de los puestos de trabajo, deben ser objeto de negociación con los sindicatos por mandato legal y constitucional.
