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Hospital de Puerto Real: faltan medidas preventivas y hay discrecionalidad en pruebas del covid-19

FAC-USO-Andalucía, junto a los demás sindicatos con representación en el Hospital Universitario de Puerto Real, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la escasez de equipos de protección individual (EPI) y la falta de pruebas diagnósticas para la detección del covid-19 en el HUPR y sus centros periféricos de Chiclana y El Puerto de Santa María.

José Guerra, miembro por USO en la junta de personal del Hospital, denuncia que “no es solo que los equipos de protección escaseen, es que la Dirección del centro, además, está gestionando discriminatoriamente la distribución de los equipos disponibles. Ha dejado sin protección a trabajadores que están en estrecho contacto con pacientes posiblemente contagiados y otros confirmados, poniendo en peligro a sus familias y al resto de pacientes atendidos por ellos”.

La denuncia también refleja la discrecionalidad a la hora de determinar qué trabajadores se hacen pruebas y cuáles no. “Las pasadas semanas, hubo casos entre la Dirección y a todos ellos se les proporcionó esa prueba de detección del covid-19. Sin embargo, a profesionales que están en contacto directo con los enfermos y, por lo tanto, tienen más probabilidad de exponerse al virus no se les da la posibilidad de hacerse la prueba, obligándolos a trabajar con los demás pacientes y aumentando, por lo tanto, el riesgo de propagación”, asegura José Guerra.

En la denuncia conjunta, FAC-USO-Andalucía señala además las coacciones que han sufrido algunos profesionales por parte de la Unidad de Prevención por llevar equipos de protección y amenazarlos con la apertura de expedientes disciplinarios. A juicio de este órgano, no era conveniente usar de forma indiscriminada guantes, mascarillas y batas, pero ha llevado al extremo la recomendación, amenazando con sanciones a quienes sí fueran equipados con ellos.

Asimismo, el conjunto de los sindicatos de la junta de personal han denunciado a la Jefatura de Sección del servicio con competencias en Vigilancia de la Salud por no aplicar los protocolos de las autoridades sanitarias para profesionales con contactos con pacientes confirmados o posibles. Al contrario, los han mantenido en sus puestos de trabajo, en vez de aplicarles el aislamiento preventivo.

Por todo lo anterior, FAC-USO-Andalucía y el resto de sindicatos del HUPR han denunciado la negligente gestión por parte de la Dirección del hospital e instan a Inspección de Trabajo a que abra las diligencias oportunas para que se proteja, con la mayor brevedad posible, a los trabajadores del centro sanitario.

En Ayuda a Domicilio de Jaén, trabajando seguros gracias a la acción sindical de USO

La Ayuda a Domicilio ha padecido escasez de EPI a pesar de estar en primera línea de riesgo de contagio por coronavirus

El Servicio de Atención Domiciliaria ha sido, desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus covid-19, uno de los más golpeados por la carencia de material de protección para las personas trabajadoras. Una labor, además, que es de primera necesidad para la población dependiente.

El sector de cuidados, en contra de nuestro criterio, no estuvo incluido entre las profesiones de mayor riesgo de exposición al contagio, y, por lo tanto, para las plantillas ha resultado más difícil conseguir las dotaciones oportunas de EPI.

Desde que comenzaron las medidas excepcionales, desde USO hemos tratado de que todas las auxiliares, mujeres en su mayoría en este colectivo, contasen con la debida protección en la realización de su trabajo: protección para ellas, para sus familias y, muy especialmente, para los usuarios, población calificada como muy vulnerable al coronavirus.

La labor de los delegados sindicales de USO-Andalucía, clave en la protección del sector sociosanitario

Por eso, nos enorgullecemos de que, gracias a la labor sindical de nuestros delegados, podamos ganarle pequeñas batallas al covid-19: «en Jabalcuz Dependencia, la empresa de Atención Domiciliaria de Jaén capital, toda la plantilla, unas 240 auxiliares, disponemos de los EPI necesarios prácticamente desde el inicio del estado de alarma. Animamos al resto de compañeros del sector sociosanitario, o de otros sectores que oficialmente no son considerados de ‘máximo riesgo de exposición’ pero que los afectados sabemos que lo son, a no dejar de pelear por nuestros derechos. La falta de EPI es un peligro para todos, no solo para la persona trabajadora», alienta Mamen García, presidenta del comité de empresa de Jabalcuz Dependencia por USO.

FAC-USO presenta demanda de medidas cautelares provisionalísimas por desprotección en Sanidad

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía ha presentado con fecha 26 de marzo una demanda de medidas cautelares provisionalísimas ante la Jurisdicción Social por la inoperancia y falta de coordinación entre administraciones y las distintas gerencias de las áreas hospitalarias.

Mediante esta demanda, USO-Sanidad pretende que se dote de forma urgente e inmediata a todo el personal del sistema sanitario, también al colectivo de Gestión y Servicios, del debido material de cara a afrontar la crisis del coronavirus covid-19.

“El personal sanitario, el que está en primera línea, está recibiendo un material de prevención insuficiente, como está quedando patente en el alto precio que estamos pagando en número de contagiados entre los sanitarios. Pero esa desatención se agrava aún más si hablamos del resto de personal del SAS”, alerta Luis Vinelli, secretario general del sector de Sanidad de USO-Andalucía.

En ese sentido, USO pone en el punto de mira la desprotección que padece el personal adscrito a Gestión y Servicios y, especialmente, el colectivo de celadores. “Los celadores recogen a los pacientes que llegan a urgencias, los suben a una camilla o silla de ruedas, los trasladan a quirófano o a sala de pruebas, ayudan a los auxiliares a moverlos para practicarles las curas o asearlos… y, como no son considerados personal sanitario, no cuentan con los medios de protección que los protocolos les confieren a las profesiones de alto riesgo. Para un celador, es imposible mantener siquiera dos centímetros de distancia con el paciente, infectado o no, ¿cómo no van a ser personal de alta exposición al coronavirus?”, clama Vinelli.

Otros colectivos hospitalarios que tampoco se consideran personal de alto riesgo son el personal de cocina, que lleva las bandejas de alimentos a las plantas; los administrativos, que tratan con pacientes y familiares con la única barrera de un mostrador; o admisión de urgencias e ingresos hospitalarios, que también se enfrentan cara a cara a un posible contagio. Todos ellos no están bajo la figura de personal de riesgo de exposición.

Celadores y otros colectivos hospitalarios han asumido, por su sentido del deber, suspensión de vacaciones y permisos, y han alargado jornadas como el personal sanitario, a pesar de recibir la condición de bajo riesgo. Por ello, “en la demanda exigimos judicialmente para todo el personal del SAS, incluido el de Gestión y Servicios, que de forma inmediata reciban las medidas adecuadas y materiales de protección indispensable para no poner en riesgo su salud ni la de los pacientes con los que tratan diariamente ni la de sus propias familias”, resume Vinelli.

USO denuncia que las auxiliares de Ayuda a Domicilio siguen sin protección frente al coronavirus

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía denuncia que, más de una semana después de la entrada en vigor del Real Decreto de Estado de Alarma, las diferentes administraciones, ya sean Diputaciones o Ayuntamientos, así como las empresas, siguen sin dotar a las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de los Equipos de Protección Individual imprescindibles para su labor con personas de alto riesgo de contagio por coronavirus covid-19.

“Los EPI nos están llegando a cuentagotas. Algunas empresas se han negado por completo a facilitarlos y otras solo proporcionan una mascarilla de usar y tirar para todo el día. Trabajamos con personas de edad avanzada, que ya presentan en muchos casos enfermedades crónicas u otras patologías que merman su sistema inmunológico. Debemos extremar las precauciones: cada día pasamos por varios domicilios”, alerta Julia Sánchez, secretaria del Sector Sociosanitario y Dependencia de FAC-USO-Andalucía.

Las plantillas de Atención a Domicilio reclaman “recibir los EPI completos: con guantes, mascarillas, gel en seco y batas desechables para usar una por domicilio, evitando ser posibles vehículos de transmisión del virus de la casa de un usuario a la de otro o a la nuestra”, relata la delegada de USO.

Desde la Federación de la Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía se ha elaborado un escrito tipo para exigir a las empresas la provisión de los EPI: “ante la falta de respuesta, estamos recopilando las carencias que nos están haciendo llegar las compañeras de todas las provincias para hacer las correspondientes ante Inspección de Trabajo”, anuncia Julia Sánchez.

En todo caso, el Servicio de Atención Domiciliaria “depende en última instancia de Ayuntamientos y otras administraciones, que no deberían hacer la vista gorda con la falta de cuidado que se les dispensa a nuestros mayores y otros dependientes. Instar a las adjudicatarias a dotar de protección al personal sociosanitario es su obligación como contratista del servicio”, recuerda Luis Vinelli, secretario general de USO-Sanidad en Andalucía.

FAC-USO rechaza incoroporar personal no cualificado a labores de celadores conductores en Jaén

La gerencia del distrito sanitario de Jaén ha decidido incorporar a profesionales no sanitarios de otras consejerías. Estos trabajadores realizarán tareas como avisos domiciliarios, tanto de enfermería como de medicina, para cubrir las necesidades provocadas por la pandemia.

En el sindicato USO, aunque agradecemos la colaboración del personal de estas consejerías, no podemos estar de acuerdo con estas medidas. «El personal no está cualificado ni para el transporte de profesionales ni de muestras biológicas, una competencia exclusiva del celador conductor del Servicio Andaluz de Salud», reclama Luis Vinelli, secretario general del sector de Sanidad de la USO de Andalucía.

“Desde USO, consideramos que la contratación de trabajadores debería llevarse a cabo a través de una bolsa única de empleo para este cometido. De esta manera, contratando a profesionales cualificados, se evitará exponer a más personas al contagio del coronavirus covid-19. También cabe destacar que el incorporar a voluntarios de otras consejerías podría incurrir en el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de los pacientes a visitar”, advierte Vinelli.

En opinión del responsable de Sanidad de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía, «lo que necesitan los celadores conductores son vehículos, y no voluntarios. Proponemos, como solución, el préstamo de vehículos de la Delegación de Salud de Jaén, pero no la de personal no cualificado para estas tareas, por ser un recurso ahora mismo innecesario». FAC-USO-Andalucía denuncia la mala gestión por parte de la gerencia, que antepone el trabajo administrativo al asistencial de los celadores conductores.

Bolsas de basura: el uniforme de los celadores en Cádiz en plena crisis sanitaria por el coronavirus

El sector de Sanidad de USO-Andalucía ha denunciado las deplorables condiciones de seguridad en las que trabajan los celadores de los hospitales de Cádiz y, en concreto, la brutal imagen que representa esa situación y que se ha dado en el Hospital Puerta del Mar, de la capital gaditana. El colectivo, que trata directa y físicamente con pacientes contagiados por el coronavirus covid-19, no cuenta con los equipos de protección individual mínimos para garantizar ni su salud ni la de aquellos con quienes después tengan contacto.

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO en Andalucía lamenta que sean los propios trabajadores quienes se las tengan que ingeniar para confeccionar símiles de «métodos de precaución» que elaboran con sus propias manos: bolsas de basura; doble o triple capa de guantes; y mascarillas compradas de sus bolsillos, los que han podido acceder a ellas.

“Los celadores de la provincia de Cádiz se sienten desprotegidos y han reclamado a la dirección en varios centros más medidas de protección. El colectivo de celadores está permanentemente en contacto con los paciente y, sin embargo, no cuenta con las precauciones necesarias”, relata Luis Vinelli, secretario general de USO-Sanidad en Andalucía.

Muchos celadores se encuentran ya en aislamiento domiciliario por haber entrado en contacto con enfermos que dieron positivo. Los trabajadores no portaban el equipamiento necesario para evitar su propio contagio. “Aun así, con gran profesionalidad y poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias, los celadores siguen realizando su trabajo encomiable y más necesario que nunca para ayudar en esta crisis”, agradece Vinelli.

SPJ-USO exige cerrar las dependencias judiciales no esenciales para garantizar derechos fundamentales

El Sindicato Profesional de Justicia de USO se muestra “decepcionado e indignado” por la actuación de los máximos responsables de la Administración de Justicia Española frente a la crisis sanitaria motivada por la expansión del coronavirus covid-19. “El Ministerio de Justicia sigue insistiendo en mantener contra y viento unos servicios mínimos más propios de una huelga que de un estado de alarma. Establece que un 10% del personal de la Administración de Justicia debe acudir a los centros judiciales, auténticos focos de contagio, como por desgracia ha quedado contrastado en numerosos puntos del país”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

“No nos cabe en la cabeza que, con los plazos procesales en suspenso y el decaimiento de un 90% de la actividad judicial, reconocido por el propio Ministerio, no se redimensione la presencia física en consecuencia. Solo se están tramitando los asuntos que afectan a derechos fundamentales, y parte de los procesos pueden hacerse mediante teletrabajo”, explica Toro.

Para el secretario general de SPJ-USO, “los funcionarios de Justicia estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otras instancias, donde sí se permite el trabajo en domicilio. El propio Consejo General del Poder Judicial se lo autoriza al colectivo de Jueces y Magistrados. Nos chirría mucho que el CGPJ proclame que alza la bandera de la tutela de los derechos cívicos en el Juzgado a costa del peligro para la salud de los funcionarios nada más. Nos conminan a estar presentes en las instalaciones de judiciales poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de las personas que acudan a los juzgados”.

Por todo ello, Javier Toro exige al Ministerio de Justicia “que proceda al cierre total de aquellas dependencias judiciales en las que no se prestan servicios esenciales, como el Registro Civil u otros órganos y servicios en funciones de guardia. Que sí se mantenga un régimen especial de disponibilidad y continua localización del resto de personal, con la única finalidad de atender de forma exclusiva las actuaciones urgentes y completamente inaplazables. Abogamos por el cierre absoluto e inmediato de todos los centros de trabajo que son foco de contagio y que se proceda a la desinfección prevista por el Ministerio de Sanidad”.

Por último, el sector de Justicia de USO reclama que, aquellos que deban cumplir dichos servicios esenciales “sean dotados con equipos completos de protección individual. Y que las sedes cuenten con los productos de higiene y material desechable aconsejado para garantizar la seguridad”.

FAC-USO Andalucía reivindica protección para el personal de Gestión y Servicios sanitarios

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía ha puesto en sobreaviso a las Direcciones y Gerencias de los centros sanitarios así como a las administraciones sanitarias para que no consideren al personal de Gestión y Servicios como expuestos de bajo riesgo.

Por ello, el sindicato solicita material de protección individual (EPI) para estos profesionales, evitando convertirlos en vehículos de transmisión tanto para otros pacientes como para sus familias.

“No hay que olvidar que los centros sanitarios son espacios cerrados donde todos, pacientes, profesionales y familiares convivimos. Los celadores son los primeros que reciben al paciente en la puerta de urgencias cuando aún no está diagnosticado; el personal de cocina reparte la comida por las plantas, donde están los pacientes ingresados; lavandería con su personal, lava la ropa de todo el centro; el personal administrativo está en admisión de urgencias en contacto con familiares de pacientes y, en muchas ocasiones con el propio paciente; mantenimiento repara en las habitaciones y trabaja en espacios donde están los usuarios, etc.”, explica Luis Vinelli, secretario general del Sector de Sanidad de FAC-USO Andalucía.

Estos colectivos de trabajadores son los más vulnerables ya que al no tener conocimiento sanitario pueden caer en errores de protección básicos. “Protegiendo a todos nuestros profesionales estaremos protegiendo a todos los ciudadanos”, reivindica Luis Vinelli.

USO reclama batas desechables para la Ayuda a Domicilio de Almonte

USO-Andalucía reclama que se dote a la plantilla de Servicios de Ayuda a Domicilio de Almonte (SADA) de batas desechables para cada domicilio en el que prestan su servicio.

Los 105 trabajadores que componen la plantilla de este servicio esencial para los dependientes de Almonte denuncian que no disponen de batas desechables para cada uno de los domicilios que atienden en una jornada diaria y que tienen que prestar el servicio con las batas textiles de que disponen, lo que agrava el riesgo al que se somete la plantilla.

“Aunque la empresa está entregándonos mascarillas de papel, que ya empiezan a escasear, y guantes, todavía no se nos han proporcionado batas para cada domicilio y solo contamos con nuestras batas textiles para atender a todas las personas a nuestro cuidado. Esto supone un mayor riesgo de contagio tanto para nosotras como para las personas a quienes atendemos ya que no podemos respetar la distancia de seguridad”, relata el presidente del comité de empresa, José Ángel Peláez.

Hasta que SADA pueda proporcionar estas batas desechables, las trabajadoras seguirán cumpliendo con su labor a pesar de la situación de riesgo ya que lo consideran “un trabajo imprescindible en estos momentos de crisis pero exigimos a la empresa que tome estas medidas de protección urgentemente”, afirma Peláez.

Por tanto, desde USO exigimos a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad la entrega de este material cuanto antes a la empresa para poder seguir el protocolo y el plan de actuación para la prevención del covid-19 tanto para las trabajadoras y sus familias como para las personas atendidas por ellas.

La plantilla de Atención a Domicilio de Isla Cristina exige protección frente al coronavirus para trabajar

La plantilla de OHL, contrata del servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Isla Cristina, no ha dotado al personal sociosanitario de los equipos de protección para volver mañana al trabajo, a pesar de las medidas excepcionales decretadas para frenar los contagios por el coronavirus covid-19.

El servicio de atención a los dependientes está conformado por unas 125 trabajadoras, en jornadas de lunes a sábado. “Habitualmente, solo contamos con unos guantes de vinilo, que se rasgan con facilidad. Nunca hemos contado con otro tipo de protección, pero es que ahora no nos van a dar ni esos guantes”, expone Mª del Carmen Yaque, delegada por USO en el comité de empresa de OHL.

Las trabajadoras reciben el material correspondiente a cada mes. El pasado viernes, fueron citadas mañana, lunes, para darles el de marzo, junto con la nómina. “Pero hoy, nos han avisado una por una de que no podemos ir a recoger los guantes para evitar aglomeraciones. Ni siquiera esos guantes. Obviamente, ni se plantean darnos los guantes del personal sanitario, ni mascarillas ni batas desechables”, relata Yaque.

La delegada de USO remarca: “trabajamos con personas de riesgo alto. Nosotras podemos estar contagiándolos a ellos y, a su vez, llevándonos el virus a casa: también tenemos padres, familiares mayores. Exigimos que, si la empresa no se hace cargo de la seguridad de la plantilla y los usuarios, sea el Ayuntamiento, responsable en última instancia, quien nos proporcione todo lo necesario para cumplir con nuestra obligación”. Porque, recalca la delegada, “nosotras queremos ir a trabajar, somos conscientes de nuestra labor, no podemos teletrabajar. Pero queremos hacerlo en las mejores circunstancias para nosotras, nuestras familias y las personas a las que atendemos”.

Por último, las representantes de las trabajadoras de OHL recuerdan que “tampoco nos dan facilidades para conciliar. Las trabajadoras con hijos no tienen opción de quedarse mañana con ellos, cuando no tienen colegio por una situación excepcional decretada por el Gobierno.