FEUSO-Andalucía advierte de que 3.000 profesores de Religión pueden perder su trabajo

La nueva ley de Educación hace peligrar el puesto de trabajo de 3.000 profesores que imparten Religión en la Enseñanza Pública de Andalucía

Cerca de 3.000 profesores que imparten la asignatura de Religión en centros públicos de Andalucía podrían perder sus puestos de trabajo como consecuencia de la Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación: la LOMLOE o Ley Celaá. Esta ley deja la asignatura de Religión reducida a la mínima expresión, sin que compute para la nota media y sin asignatura espejo.

Los profesores de Religión más afectados son aquellos que imparten la asignatura en centros de educación infantil y primaria. Los contratos de estos docentes dependen del Ministerio de Educación, y no de la Junta de Andalucía. FEUSO-Andalucía ha insistido en la necesidad de que las competencias sobre este profesorado sean transferidas al Gobierno Autonómico, como ya se hizo con los profesores de Religión de la educación secundaria.

Las labores de refuerzo por el covid-19, una salida para estos maestros cualificados

“Se trata de profesores muy cualificados y comprometidos con las líneas de actuación y los fines educativos de sus centros. Son profesionales en formación permanente, al igual que el resto de sus compañeros, pero que reciben un trato desigual e injusto”, denuncia María de la Paz Agujeta, secretaria general de FEUSO-Andalucía.

A estas complicadas circunstancias, hay que sumarle el desarrollo incierto del próximo curso por el covid-19. Desde la Federación de Enseñanza del sindicato, se ha propuesto que se aproveche a los profesores de Religión como maestros de refuerzo educativo.

El último trimestre, atípico, de este curso, puede ocasionar lagunas en los conocimientos impartidos durante la enseñanza virtual, ya que muchos escolares han padecido la llamada «brecha digital» y no han podido seguir el ritmo normal al no disponer de medios. “De esta forma, se reivindicaría y se pondría en valor a este profesorado cuyos puestos de trabajo se ven amenazados por la nueva ley educativa en trámite”, explica María de la Paz Agujetas.