SPJ-USO RECLAMA REFUERZOS INMEDIATOS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PARA AFRONTAR LA AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS

El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (SPJ-USO Andalucía) ha pedido de forma urgente a la Secretaría General de Servicios Judiciales de la Junta de Andalucía aumentar los recursos humanos y materiales en los Juzgados y Secciones de Violencia sobre la Mujer debido a la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

A partir del 3 de octubre, estos juzgados asumirán nuevas responsabilidades al encargarse de todos los delitos relacionados con la libertad sexual o la trata de personas cuando la víctima sea mujer, sin importar si existe o no vínculo con la pareja o expareja. Esta medida, que cumple con el convenio de Estambul y busca una justicia más especializada con perspectiva de género, corre el riesgo de no ser efectiva si no se le proporcionan los recursos adecuados para su aplicación.

Raúl Serrano García, Secretario de Organización y Acción Sindical de SPJ-USO Andalucía, advierte que la carga de trabajo aumentará considerablemente y las plantillas actuales son insuficientes. Si no se refuerzan los juzgados a partir de este mes, no solo se frenará el avance en la protección de las mujeres, sino que también aumentarán los retrasos y el riesgo de revictimización.

SPJ-USO recuerda que el Gobierno central ya aprobó la creación de 50 nuevas plazas judiciales especializadas, pero la mayoría de ellas no estarán operativas hasta enero de 2026, justo cuando se implemente la tercera fase de los Tribunales de Instancia. Esto deja un período crítico de tres meses en el que los juzgados deberán gestionar un alto volumen de casos con recursos limitados.

Por ello, SPJ-USO exige a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que, sin demora, proporcione el personal y los medios materiales necesarios a los órganos judiciales implicados, además de implementar otras medidas organizativas que aseguren un funcionamiento eficaz del servicio público de Justicia en materia de violencia contra la mujer.