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Justicia obliga a sus funcionarios a volver al trabajo sin los medios de protección para su salud

Rechazo frontal y absoluto del Sindicato Profesional de Justicia de USO a la resolución del Ministerio de Justicia publicada hoy y por la cual “adapta” la prestación de ese servicio público al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que prorroga el estado de alarma.

“Según el Ministerio, vamos a volver de facto a la normalidad en pleno estado de alarma. Justicia obliga a sus funcionarios a exponerse al contagio porque no puede garantizarles los medios de protección. Por un lado, decreta la incorporación apresurada y atropellada del personal, eliminando los servicios esenciales y obligando a tramitar todos los asuntos, sean o no de derechos fundamentales; y por otro, ni siquiera dispone de los EPI necesarios para todos aquellos que volverán a las sedes judiciales”, arremete Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El máximo responsable de Justicia de USO le afea a la Administración “que propugne el teletrabajo en todas las empresas para evitar el riesgo de contagio y no haya sido capaz en años, desde que se anunció a bombo y platillo la aplicación del expediente digital en los diferentes ámbitos de la Justicia, de llevarlo a cabo en su propio ámbito competencial”.

En el caso de las sedes judiciales, “es imposible trabajar de forma normal, incluso a puerta cerrada, manteniendo las medidas de seguridad que otro ministerio, el de Sanidad, reclama. Por ejemplo, no existe distancia de seguridad apropiada entre los trabajadores en la mayoría de los juzgados y tribunales de nuestro país”, defiende Toro.

Por ello, SPJ-USO solicita que el ministro de Justicia considere una “incorporación por tramos a la actividad, y siempre acompasada con las medidas sanitarias promovidas por los expertos y por su propio compañero de Ejecutivo. Durante las medidas excepcionales, los servicios deben serlo también, por lo que únicamente deben mantenerse los esenciales mientras el Ministerio no sea capaz de garantizar la salud de sus trabajadores. Para empezar, las sedes judiciales deben contar obligatoriamente con el material de limpieza, desinfección e higiene, y con los EPI. Esta norma no puede entrar en vigor hasta entonces o el Ministerio estará actuando de forma temeraria a conciencia”.

SPJ-USO advierte de que algunos juzgados de Sevilla ya están sin EPI porque no se reponen

Los juzgados de Instrucción de Sevilla en servicio de guardia carecen, desde el lunes, de equipos de protección individuales para sus funcionarios después de agotarse la única remesa que llegó a las dependencias desde el inicio de la pandemia de coronavirus covid-19.

“Desde SPJ-USO, hemos denunciado ante el Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia de Sevilla tanto la escasez de material como la descoordinación en la recepción y reparto. Sin embargo, la Junta de Andalucía solo nos ha respondido que, hasta la semana que viene, no se recibirán nuevas mascarillas”, avisa Ana Avilés, responsable del Área de Prevención y Salud Laboral del Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía.

La responsable de SPJ-USO, funcionaria de Justicia en Sevilla, añade que “desde el lunes, estamos viniendo a trabajar a los juzgados de guardia con las mascarillas que conseguimos por nuestros propios medios”. Y eso, quienes tienen la oportunidad de acceder a ellas.

El funcionariado de Justicia sigue prestando de forma presencial los llamados servicios esenciales. En la provincia de Sevilla, supone la exposición en sedes de unas 110 personas al día. Solo en las guardias de los juzgados de Instrucción, se ven afectados unos 30 funcionarios, que atienden al servicio de guardia, fiscalía, informática, letrados, fiscales y magistrado.

“Los funcionarios hemos trabajado sin equipos de protección hasta el 30 de marzo. Pero la primera remesa de geles, guantes y mascarillas ha durado en Sevilla una semana. Hemos exigido que se articule el protocolo de reposición y reparto de los EPI, pero la Junta, de nuevo, elude su responsabilidad de cumplir con el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le encomienda la garantía de la seguridad y salud en el trabajo de su personal”, continúa Ana Avilés.

Los servicios esenciales incluyen el trato directo con detenidos, atención directa a familiares de fallecidos con coronavirus covid-19 o actuaciones urgentes inaplazables. Por ello, “la acumulación y trasiego de personas, propias del juzgado y ajenas a él, es inevitable. Es muy difícil mantener los dos metros de distancia exigidos y ya no contamos con esa primera barrera protectora. Estamos expuestos al contagio en nuestro puesto de trabajo”, denuncia la responsable de Prevención y Salud Laboral de SPJ-USO-Andalucía.

¿Quieres visitar los juzgados de Andalucía y las medidas de protección que hemos conseguido y las que faltan?

Los EPI llegan a los juzgados de Andalucía tras la denuncia de SPJ-USO

Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía, en su juzgado de Málaga

Casi todos los juzgados de Andalucía disponen ya de equipos de protección individual para los funcionarios tras la demanda planteada por SPJ-USO el pasado 24 de marzo pidiendo “medidas cautelares provisionalísimas” por la grave exposición de la plantilla al coronavirus covid-19 y la “inoperatividad, lentitud y falta de coordinación entre administraciones” para dotar de medios de protección al colectivo.

El 26 de marzo, la Administración de Justicia recibió la notificación de la demanda y los primeros EPI llegaron a los juzgados de Málaga a la vuelta del fin de semana, el 30 de marzo. “Antes de decantarnos por la vía judicial, le habíamos requerido a la Consejería reiteradas veces por escrito, y en el comité específico de Seguridad y Salud de Justicia, que implantase al menos las medidas higiénicas básicas, como jabón o difusores de gel hidroalcohólico, y toallitas desechables de secado. Al inicio de esta crisis sanitaria, ni siquiera eso había en muchos aseos de las sedes judiciales y fiscales”, lamenta Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía y funcionario de los juzgados de Instrucción en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Allí, precisamente, “el primer día que pudimos trabajar con guantes y mascarillas fue el 30 de marzo, medio mes después de decretarse el estado de alarma”, relata Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía y funcionario también en Instrucción de Málaga. “Por suerte, la mayoría de los funcionarios no estamos ahora, durante la prestación de servicios esenciales, de cara al público. Para cuando a los funcionarios nos toca cumplir esa tarea, ya disponemos en uno de los puestos de mamparas de metacrilato”, añade.

Javier Toro, secretario general de SPJ-USO, recuerda que “la dejadez con respecto a la salud del funcionariado de Justicia en Andalucía fue tal que tuvimos que acudir a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal y a los comités de seguridad y salud para pedir la desinfección de varias sedes judiciales el 20 de marzo. Ya acabando la primera semana de vigencia del estado de alarma, ni siquiera con positivos por coronavirus se habían puesto en marcha protocolos de higienización. En el edificio donde presto mis funciones, concretamente en uno de los juzgados de Instrucción de La Caleta, en Granada, hubo positivos. Entre otros, entre los agentes de la Guardia Civil que prestan su servicio en sede judicial. También varios funcionarios presentaron síntomas de contagio, pero ni a ellos ni a quienes estuvimos en contacto directo con ellos nos practicaron pruebas de ningún tipo”.

No obstante, el Sindicato Profesional de Justicia de USO reclama “coordinación” entre las administraciones. “Ahora mismo, el material llega indistintamente a través del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, y los funcionarios muchas veces ni siquiera sabemos a quién pedírselo”, recrimina Toro.

VÍDEO SOBRE LAS MEDIDAS INSTAURADAS EN LOS JUZGADOS DE GRANADA

SPJ-USO presenta en Lo Social demanda de medidas cautelares provisionalísimas por coronavirus

El Sindicato Profesional de Justicia de la USO de Andalucía ha presentado con fecha 24 de marzo una demanda de medidas cautelares provisionalísimas ante la Jurisdicción Social por la inoperancia y falta de coordinación entre las administraciones. La demanda interpuesta por SPJ-USO, en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, se fundamenta en la inoperatividad, lentitud y falta de coordinación entre administraciones a la hora de proveer y dotar al colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia del debido material de protección de cara a la crisis del coronavirus covid-19.

El grave riesgo que genera la exposición al covid-19, y al que están sometidos los funcionarios de los órganos judiciales que realizan sus funciones desde los servicios esenciales indispensables, no es ni mucho menos menor que el de cualquier colectivo que preste servicios o desempeñe funciones de cara al público. La exposición es aún mayor si nos referimos a sedes judiciales que prestan servicios de guardia o de Registro Civil, por soportar una mayor afluencia ciudadana.

Por consiguiente, SPJ-USO reclama judicialmente para el colectivo las medidas adecuadas de forma inmediata. Los materiales de protección se hacen más que indispensables frente a una descoordinación entre administraciones que, desde su inoperatividad, no hace más que retrasar y dar largas a esta reivindicación que no es solo de justicia sino, además, urgente.

Igualmente, Justicia de USO-Andalucía reclama ante la Administración que los servicios del personal de Justicia en régimen de disponibilidad se instauren de sin más demora. «Es improrrogable atajar el riesgo evidente que supone la afluencia excesiva, no solo ciudadana, sino también de trabajadores, a las sedes judiciales. Todo ello puede hacerse sin menoscabo de la atención a la ciudadanía, y de la garantía de sus derechos fundamentales y su tutela judicial efectiva», considera Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

SPJ-USO exige cerrar las dependencias judiciales no esenciales para garantizar derechos fundamentales

El Sindicato Profesional de Justicia de USO se muestra “decepcionado e indignado” por la actuación de los máximos responsables de la Administración de Justicia Española frente a la crisis sanitaria motivada por la expansión del coronavirus covid-19. “El Ministerio de Justicia sigue insistiendo en mantener contra y viento unos servicios mínimos más propios de una huelga que de un estado de alarma. Establece que un 10% del personal de la Administración de Justicia debe acudir a los centros judiciales, auténticos focos de contagio, como por desgracia ha quedado contrastado en numerosos puntos del país”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

“No nos cabe en la cabeza que, con los plazos procesales en suspenso y el decaimiento de un 90% de la actividad judicial, reconocido por el propio Ministerio, no se redimensione la presencia física en consecuencia. Solo se están tramitando los asuntos que afectan a derechos fundamentales, y parte de los procesos pueden hacerse mediante teletrabajo”, explica Toro.

Para el secretario general de SPJ-USO, “los funcionarios de Justicia estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otras instancias, donde sí se permite el trabajo en domicilio. El propio Consejo General del Poder Judicial se lo autoriza al colectivo de Jueces y Magistrados. Nos chirría mucho que el CGPJ proclame que alza la bandera de la tutela de los derechos cívicos en el Juzgado a costa del peligro para la salud de los funcionarios nada más. Nos conminan a estar presentes en las instalaciones de judiciales poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de las personas que acudan a los juzgados”.

Por todo ello, Javier Toro exige al Ministerio de Justicia “que proceda al cierre total de aquellas dependencias judiciales en las que no se prestan servicios esenciales, como el Registro Civil u otros órganos y servicios en funciones de guardia. Que sí se mantenga un régimen especial de disponibilidad y continua localización del resto de personal, con la única finalidad de atender de forma exclusiva las actuaciones urgentes y completamente inaplazables. Abogamos por el cierre absoluto e inmediato de todos los centros de trabajo que son foco de contagio y que se proceda a la desinfección prevista por el Ministerio de Sanidad”.

Por último, el sector de Justicia de USO reclama que, aquellos que deban cumplir dichos servicios esenciales “sean dotados con equipos completos de protección individual. Y que las sedes cuenten con los productos de higiene y material desechable aconsejado para garantizar la seguridad”.

SPJ-USO exige dotación de personal para tres juzgados de Paz de Granada

SPJ-USO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia de la provincia de Granada, denuncia que los juzgados de Paz de los municipios de Cenes de la Vega, Cúllar Vega y Alhedín no cuentan con los funcionarios imprescindibles y previstos por la ley para las poblaciones de más de 7.000 habitantes. Estas sedes judiciales dependen de los ayuntamientos y funcionan como oficina desplazada del Registro Civil, con tareas como la inscripción de nacimientos y defunciones, así como la organización de bodas o efectuar notificaciones, aunque sin personal propio en los pueblos más pequeños.

Para el Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía, las carencias de los juzgados de Paz no son únicamente de personal, sino también de instalaciones, pues falta material informático propio y actualizado, y se da recurrentemente una falta de climatización en las dependencias.

En este sentido, Antonio García, de SPJ-USO-Granada, recuerda que, después de muchas reivindicaciones, «hemos conseguido un mejor emplazamiento para otro juzgado de la provincia, el de Íllora. Tras pelear con la Alcaldía, y después de más de dos años, ahora los locales sí están bien acondicionados, aunque hay otros donde hace falta mejorar la accesibilidad porque no cuentan con rampa o ascensor para personas con movilidad reducida».

Por otro lado, en Dúrcal advierte USO de que solo hay una gestora: «no puede atender al público y, a la vez, estar notificando en la calle. Es imposible». Por eso, SPJ reclama un auxilio judicial para esta sede.

SPJ-USO-Andalucía diseña en Sevilla su plan de trabajo y su estrategia de expansión territorial

SPJ-USO-Andalucía ha celebrado en Sevilla un encuentro con los delegados de todas las provincias para hacer balance electoral, tras cerrarse las citas con las urnas en Córdoba, y preparar el plan de trabajo para los próximos cuatro años. En primer lugar, los responsables de las diferentes provincias analizaron el estado de sus respectivos ámbitos territoriales y las demandas propias de los juzgados que les competen. Pero, además, también sopesaron las posibilidades de expansión de USO en el sector más allá de Andalucía, pues, además de segunda fuerza en la autonomía, somos primera en Galicia y más representativos en el Principado de Asturias, además de contar con delegados en territorios AGE, sin las competencias transferidas.

El coordinador general de USO-Andalucía, y exsecretario de Organización de SPJ-USO, Jesús Postigo, quiso llamar la atención, en la jornada inaugural, de la favorable evolución experimentada por nuestro sindicato en la Administración de Justicia en las últimas dos décadas, «consolidando con notable éxito un proyecto de sindicato solidario que, más allá de atrincherarse en lo meramente corporativo y gremial, como ocurre con otras organizaciones en el sector o en el global de la Administración, ha sabido fraguar una oferta sindical independiente. SPJ-USO, como parte de la USO, encara soluciones a las necesidades y aspiraciones profesionales reales que experimenta la plantilla judicial, según un criterio que se mueve invariablemente desde la honestidad en el ejercicio de la práctica del sindicalismo».

Por su parte, el secretario general de SPJ-USO y de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía, Javier Toro, puso de manifiesto la importancia que ha supuesto afianzar la representación en el sector para que los delegados «participen en aquellas estructuras del sindicato que así lo precisen, como ya ocurre y nos comprometemos a que seguirá ocurriendo». Además, Toro ha hecho un llamamiento a todos los responsables presentes en la jornada de trabajo a «implicarse en la estrategia de crecimiento desde nuestro suelo para implantarnos en todo el territorio nacional».

El juzgado de Paz de Rute, paralizado por la falta de internet, denuncia SPJ-USO-Córdoba

SPJ-USO denuncia que el Juzgado de Paz de Rute lleva desde el 3 de diciembre sin prestar el servicio a los ciudadanos por no disponer de conexión a internet. El motivo de esta incidencia se debe a «un error de la compañía de teléfono que suministra el servicio contratado por la Junta de Andalucía», explica Domingo Castillo, responsable del sector en la provincia de Córdoba.

El Centro de Atención al Usuario de la Junta de Andalucía asegura que la incidencia está registrada, pero el servicio sigue sin restablecerse a pesar de que los funcionarios reiteran día a día esta deficiencia y su imposibilidad para trabajar en esas condiciones.

«Esta situación está provocando que no se puedan gestionar expedientes, ni realizar trámites tan sensibles como la inscripción de nacimientos, de defunciones o expediciones de fe de vida, documentos necesarios, por ejemplo, para cursar el cobro de pensiones», advierte SPJ-USO, que denuncia «la falta de diligencia y la dejadez de la Administración para restablecer el servicio, que debe ser solucionado de forma urgente. Es solo una simple conexión de internet y se restablecerá el necesario servicio público».

SPJ-USO aumenta de 3 a 4 delegados en Córdoba y sigue como segunda fuerza en la Justicia de Andalucía

El Sindicato Profesional de Justicia de USO ha aumentado su representación en las últimas elecciones que faltaban por celebrarse para completar el mapa sindical de la Justicia de Andalucía. Así, tras el recuento de las mesas de la Ciudad de la Justicia de la capital y de los diferentes partidos judiciales, “SPJ-USO ha subido de los 3 delegados que conseguimos en las elecciones de 2015 a los 4 que tendremos a partir de ahora. En total, contamos con 36 representantes entre las ocho provincias andaluzas y nos mantenemos como la segunda fuerza sindical en la comunidad”, resume Domingo Castillo, secretario general de SPJ-USO en Córdoba.

En Córdoba, por un recurso contencioso en pasados comicios, las elecciones en Justicia vienen desarrollándose con un año de retraso, aunque poco a poco se van igualando: “es importante el volver a armonizar las elecciones, sobre todo frente a los retos comunes de toda Andalucía. Ahora mismo, el que más nos preocupa es la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, y tiene que pelearse a la par que en el resto de partidos”, introduce Castillo, quien ahonda en la problemática: “en concreto, en Córdoba se firmó un acuerdo en noviembre de 2018 absolutamente lesivo para los trabajadores de los juzgados, que suponía más pérdidas de derechos laborales adquiridos por no contar en ese momento con una partida presupuestaria suficiente para elaborar una buena RPT. Al final, dañaba el colectivo porque no se trataba de aprobar una relación de puestos de trabajo, sino una reordenación de efectivos, algo a lo que SPJ-USO se opuso en solitario en la Mesa Sectorial y seguiremos tratando de revertir antes de su implantación”.

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía “pretende que en Córdoba se instaure la NOJ el próximo año, pero ahora mismo no se dan las condiciones para ello y en SPJ-USO consideramos que aún hay mucho por negociar antes de que se implante con garantías para los trabajadores”, concluye el secretario general de SPJ-USO-Córdoba.

SPJ-USO-Andalucía denuncia la sobrecarga de los juzgados y pide un plan «anticongestión» urgente

El secretario general de FEP-USO-Andalucía y de SPJ-USO, Javier Toro, ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación del 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos de USO en Isla Cristina (Huelva), el estado crítico de los juzgados de España en general y de Andalucía en particular. De hecho, entre los textos que se aprobarán durante este 6º Congreso, figura una resolución especial del Sindicato Profesional de Justicia de USO para instar a los poderes públicos para aplicar con urgencia un plan “anticrisis” que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar los tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital.

Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, explica Toro.

El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que llegan a duplicar esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en torno a 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade el máximo responsable de SPJ-USO.

“Tras analizar todos estos datos, tenemos que hacer una llamada de atención al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas de que la Justicia ya está desbordada y, si no se toman medidas urgentes antes de que llegue una nueva crisis, habrá un colapso total en los juzgados, como ya vemos en lo Mercantil, que son incapaces de abordar cada nuevo período con el atraso acumulado de los anteriores”, concluye el secretario general de SPJ-USO.

Situación aún más grave en Andalucía
Con respecto a Andalucía, “los datos son más alarmantes, si cabe, en la jurisdicción de lo Social, especialmente sensibles en los temas que trata, y donde la tasa de congestión de nuestros juzgados es casi 4 veces la nacional, un 5,47. Similares cifras arroja lo Mercantil, con un 5,84 de congestión frente al 1,45 nacional”, explica Javier Toro, secretario general de FEP-USO-Andalucía.

El responsable federal reclama, además, para la Justicia Andaluza y, concretamente, para los juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, “la extensión del complemento de penosidad que ya reciben los funcionarios de Violencia contra la Mujer, por ser estos dos órganos judiciales donde se celebran los juicios y los encargados de ejecutar las sentencias”.