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USO denuncia plaga de insectos en Konecta Sevilla

USO-Andalucía ha presentado denuncia ante Inspección de Trabajo por la plaga de insectos en la plataforma Vega 7 de Konecta, en Sevilla

El pasado 14 de octubre, la sección sindical de USO en Konecta Sevilla comunicó a la empresa la presencia de insectos en la plataforma Vega 7 y la falta de limpieza. A pesar de los supuestos trabajos de limpieza ordenados por la empresa, esta no ha sido lo suficientemente exhaustiva, ya que los trabajadores siguen sufriendo picaduras mientras trabajan e incluso en las zonas de descanso, como es el office.

USO ha solicitado que, mientras continúe la plaga de insectos en Konecta Sevilla, se reubique a los agentes o se dé la opción del teletrabajo. Lamentablemente, no se han tenido en cuenta nuestras peticiones para evitar el riesgo de sufrir estas picaduras en el lugar de trabajo. Por ello, se ha puesto en conocimiento de Inspección de Trabajo esta situación que sufren los trabajadores de Konecta.

Mientras, Konecta ha dado parte a Sanidad ambiental y a una empresa de plagas para que detecte de qué insecto se trata y el producto a utilizar en la desinfección y fumigación, que realizará en el día de hoy.

USO consigue una resolución favorable contra Trablisa en Huelva

La FTSP-USO Andalucía, tras denuncia en Inspección, consigue una resolución favorable contra la empresa de seguridad privada Trablisa, en Huelva

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-Andalucía ha obtenido una resolución favorable contra Trablisa, tras denuncia realizada por el sindicato contra la empresa de seguridad en Huelva.

Así, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha resuelto de forma favorable sobre las denuncias interpuestas contra Transportes Blindados S.A (Trablisa), requiriendo a la empresa a ajustarse de forma inmediata al cumplimiento de la normativa vigente en:

  • Realización de los reconocimientos médicos en horas de trabajo. Si no fuera así, el tiempo empleado en el reconocimiento médico, desde la entrada hasta la salida del centro de trabajo o salud, deberá computarse como tiempo efectivo de trabajo. La realización de pruebas médicas incluidas en la vigilancia de la salud no podrán suponer coste alguno para las personas trabajadoras.
    Gracias a esto, los trabajadores de la Trablisa en Huelva que realizaron los test covid-19, fuera de su horario laboral, tienen derecho a realizar la correspondiente reclamación a la compañía.
  • Con efecto inmediato, la empresa entregará a los trabajadores EPI y uniformidad (incluida dos chaquetas o prendas similares). Este requerimiento de Inspección se ha producido tras el levantamiento de acta de infracción ante el incumplimiento del artículo 23 del Convenio Colectivo Estatal.
  • Entrega de la documentación tal y como aparece en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, a la representación legal de los mismos.

Tras los escritos de USO, el Ministerio desiste y no externaliza Prevención en CH Guadalquivir

Tras los escritos de USO, el Ministerio desiste y no externaliza Prevención en CH Guadalquivir

El Ministerio de Transición Ecológica le comunica a USO tras sus denuncias que retira la licitación publicada en BOE y no externaliza la Prevención en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desiste y no externaliza, a través de una licitación pública y sin ninguna justificación, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En una carta certificada remitida a USO, Transición le traslada a nuestro sindicato el contenido de una Resolución en la que reconoce que se trataría de una infracción de la Ley de Contratos del Sector Público y desiste de continuar adelante con ella.

La licitación se había publicado en el BOE del pasado 16 de abril. Entonces, la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO denunció por diferentes vías, tanto directamente al Ministerio como en Inspección de Trabajo, esta externalización.

Según recogía FAC-USO en su escrito a Inspección, la CHG, por tamaño de plantilla, debía contar con personal propio en este campo, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y, de hecho, ya contaba con él, pero “la licitación ignoraba y despreciaba la propia Relación de Puestos de Trabajo, el personal que ya realizaba esa tarea y a la representación legal de los trabajadores, que había sido igualmente ignorada en la toma de esa decisión”, apunta José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Sindical de FAC-USO.

La Ley de Prevención no permite externalizar la totalidad de esta en empresas de más de 500 trabajadores

La licitación de la que ahora desiste Transición Ecológica gracias a la movilización de USO pretendía externalizar la Prevención en sus cuatro especialidades. Una totalidad que la LPRL no permite externalizar en empresas, como la Confederación, de más de 500 trabajadores.

Sin embargo, en su respuesta, el Ministerio aduce que “se limitaba a contratar solo un asesoramiento. Nos dicen que no se externaliza la Prevención, cuando lo era claramente, como refleja el BOE, y lo era claramente porque desisten, evitando de esta forma incurrir en una probable prevaricación. Esta figura del ‘asesoramiento’ nos irrita profundamente, pues tras ella se da cobertura en la contabilidad a múltiples gastos o informes sin utilidad. Desde USO pedimos que, antes de contratar ‘asesoramientos’, se adecúe y refuerce la plantilla actual, ya con puestos de prevencionistas, para garantizar la salud laboral de todas las personas que trabajan en la Confederación”, pide Castro.

FAC-USO denuncia a Confederación del Guadalquivir por externalizar servicio de prevención

FAC-USO denuncia a Confederación del Guadalquivir por externalizar servicio de prevención

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir licita al completo el servicio de prevención, prohibido para empresas de más de 500 trabajadores

FAC-USO ha denunciado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la externalización encubierta del Servicio de Prevención. La CHG incumple, con la licitación del servicio, algunos de los preceptos recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El principal de ellos, externalizar en su totalidad el servicio de prevención, siendo una empresa de más de 500 trabajadores.

La Federación de Atención a la Ciudadanía había remitido previamente un escrito a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, denunciando la irregularidad que suponía esta licitación. Sin embargo, el Ministerio no se retractó y el BOE publicó esta externalización completa el 16 de abril.

«La Confederación está obligada por ley a contar con un servicio de prevención propio, ya que tiene más de 500 trabajadores. La misma ley, no obstante, da un resquicio para externalizaciones, pero solo parciales. El Ministerio, sin embargo, ha licitado el servicio completo, recurriendo, además, a falsas informaciones sobre la falta de medios», explica José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Sindical de FAC-USO.

Desprecio a la Relación de Puestos de Trabajo y a la representación sindical

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuenta con un servicio de prevención propio. Y, además, tiene en plantilla, y reflejados en su Relación de Puestos de Trabajo, puestos específicos en la materia. La CHG cuenta con un Jefe de Servicio de Prevención y 4 Especialistas de Prevención, tal y como recoge FAC-USO en su denuncia.

«Por ello, la Confederación no puede alegar la insuficiencia de medios personales para recurrir a un servicio totalmente externo. Además de ser una ilegalidad, es una completa falta de respeto a las personas que desarrollan su trabajo en el seno de la plantilla», recrimina Castro.

El secretario de Desarrollo Sindical de FAC-USO abunda en los desprecios de la Confederación y el Ministerio a sus trabajadores: «no solo a quienes realizan directamente la labor, sino a quienes representan a toda la plantilla. Llama la atención que una decisión de este calado, en un momento además tan delicado para la salud en los centros de trabajo, no se haya consultado con los representantes sindicales. Externalizar la prevención ha sido una decisión completamente unilateral».

Inspección de Trabajo confirma las irregularidades en Caura Servicios Integrales

Inspección de Trabajo confirma las irregularidades en Caura Servicios Integrales. Sindicato USO-Andalucía

Tras la denuncia de FTSP-USO Andalucía, Inspección de Trabajo abre acta de infracción a Caura Servicios Integrales por abonar un salario inferior a su plantilla

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO-Andalucía interpuso denuncia ante Inspección de Trabajo por el mal uso detectado en Caura Servicios Integrales con los anticipos en nómina. La empresa daba anticipos de 250 euros a sus trabajadores que luego no ingresaba en sus cuentas. 

Acta de infracción

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha constatado ahora los hechos denunciados por la FTSP-USO Andalucía, es decir, que la empresa ha abonado un «salario inferior al debido legalmente mediante el mecanismo fraudulento de descuentos en nómina en concepto de anticipo, cuyo pago efectivo no se ha acreditado».

Así, Inspección de Trabajo ha extendido acta de infracción a la empresa de seguridad privada e informa de la posibilidad de iniciar acciones legales con la interposición de reclamación de cantidad.

Denuncia de la FTSP-USO Andalucía

El pasado mes de mayo, el sindicato USO-Andalucía denunció ante Inspección de Trabajo las irregularidades que habían detectado en el pago de salarios en Caura Servicios Integrales. La empresa utilizaba de forma fraudulenta los anticipos en nómina, que no ingresaba a los trabajadores, para que el salario de sus trabajadores superara el SMI. 

En la denuncia se hace constar que, según el artículo 4.2, f) del Estatuto de los Trabajadores, la empresa está obligada a abonar el salario pactado o legalmente establecido, incumpliendo este artículo. Además, también se pone el foco en el incumplimiento del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a la empresa a abonar el importe del salario mínimo interprofesional.

Estos hechos fraudulentos fueron detectados en las provincias de Córdoba y Sevilla.

Para la FTSP-USO Andalucía, la resolución de Inspección de Trabajo supone un triunfo que devuelve la dignidad a los trabajadores afectados y esperan que esta media se aplique a otras empresas del sector que tienen como práctica habitual este tipo de operaciones ilegales para sortear sus obligaciones con sus plantillas.

Inspección obliga al Consorcio de Bomberos de Málaga a retomar la formación en PRL

Tras la denuncia presentada por los delegados de USO-Andalucía en el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga al interrumpirse en agosto de 2019 los cursos formativos en prevención de riesgos laborales, Inspección de Trabajo ha resuelto que el Consorcio debe proceder a impartir la formación en PRL a la plantilla.

En la respuesta de Inspección de Trabajo se requiere al Consorcio de Bomberos de Málaga a “impartir a todo el personal de la plantilla la formación en PRL específica correspondiente a cada puesto de trabajo, categoría profesional y/o tareas desarrolladas por los trabajadores”.

Además, se destaca que se “priorice la impartición de aquellos cursos relativos a los riesgos más graves a los que están expuestos los trabajadores” y conforme a los procedimientos o guías internas del Consorcio, aprobados desde 2017.

Inspección de Trabajo también requiere al Consorcio a “impartir formación a los trabajadores sobre la utilización de los EPI de los que dispone (trajes secos, chalecos salvavidas, etc.)”.

Para los delegados de USO-Andalucía en el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, la resolución de Inspección de Trabajo refuerza la importancia de la formación en PRL para un colectivo como los bomberos, expuestos diariamente a múltiples riesgos que pueden afectar a su seguridad y salud en el trabajo. Los delegados de USO en el Consorcio Provincial de Málaga se comprometen a seguir defendiendo los derechos de su colectivo, siendo la formación de calidad es uno de ellos.

La FTSP-USO se manifiesta en apoyo de los compañeros de EME Seguridad que no cobran

USO se ha concentrado frente a EME Seguridad de San José de la Rinconada, Sevilla, debido al retraso reiterado del abono de los salarios a los trabajadores. La finalidad de esta concentración era presionar a los clientes y organismos públicos para que rescindan sus contratos de vigilancia y seguridad, y los trabajadores pasen subrogados a otras compañías y puedan percibir sus salarios correctamente.

Tal y como recuerda FTSP-USO-Andalucía, la empresa ya había sido denunciada en varias ocasiones ante la Inspección de Trabajo por el continuo retraso en el pago de los salarios de los trabajadores.

A todo esto se suma que la empresa tiene una importante deuda con Hacienda y la Seguridad Social; que se conozca de manera oficial, asciende a 1.700.000 euros, tal y como se recoge en la lista de morosos que publica cada año el Gobierno de España.

Andalucía registra el segundo peor dato de contratación indefinida en el primer semestre de 2019

Andalucía es la segunda comunidad autónoma española donde resulta más difícil obtener contrato indefinido. “Solo a un 2,29% de las personas que firman un contrato en la región le están ofreciendo de primeras un contrato indefinido, según los datos del Servicio Público de Empleo del primer semestre. Casi un tercio de la ya de por sí baja cifra media nacional, que es un 6,23%”, denuncia Jesús Postigo, coordinador de USO-Andalucía, sobre datos extraídos del informe “Anomalías de nuestro mercado de trabajo”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO.

En Andalucía se han formalizado en este semestre más de dos millones y medio de contratos, 2.561.836, pero solo 58.692 indefinidos. El 92,51% del total son “obra o servicio” o “eventuales por circunstancias de la producción”. “Tenemos más de 3 millones de empleados, pero solo en seis meses se han firmado casi esos contratos. Eso da una idea de que muchos de ellos no pueden ser considerados puestos de trabajo, sino un empleo relámpago que se encadena por días o semanas hasta el infinito. No se corresponde ese nivel de contratación con liderar el paro con un 21% y más de 800.000 andaluces sin trabajo”, continúa Postigo.

Aunque las cifras son ligeramente superiores a nivel nacional, el estudio destaca que el 30% de los contratos dura menos de una semana y que la duración media de un contrato en España es de 50 días: “hay trabajadores que viven en permanente temporalidad. Se sigue usando la fórmula de contratar de lunes a viernes para ahorrarse el pago del descanso semanal y volver a dar de alta a los trabajadores al lunes siguiente. Es necesario reforzar la labor de la Inspección de Trabajo para hacer un seguimiento y demostrar esas irregularidades justificadas desde el empleador por las ‘circunstancias de la producción’”, pide la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez.

Del más de un millón de nuevos ocupados en la última década en nuestro país, un 50,5% es temporal. Por eso, desde USO, se apuesta por “que se simplifiquen los tipos de contrato, pues el de obra y servicio, por ejemplo, es un coladero de indefinidos camuflados de temporales; que se penalice la contratación temporal y, especialmente, su abuso; y que se vigilen las causas que de verdad demuestran que un contrato sí debe ser temporal”, concluye Estévez.

La mayoría de los contratos los suscriben los hombres, a pesar de que hay más mujeres en paro, y los menores de 30 años, especialmente castigados por el encadenamiento de contratos. Los mayores de 50 años, que suponen el grueso de parados, sin embargo están marginados en la dinámica de contratación y les resulta más difícil reengancharse al mundo laboral.