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FEUSO lamenta que la Junta de Andalucía no quiera equiparar salarios del personal de integración

FEUSO lamenta que la Junta de Andalucía no quiera equiparar salarios del personal de integración

FEUSO-Andalucía lamenta que la Junta haya ignorado su propuesta de equiparar los salarios del personal de integración e intérpretes de lengua de signos en los centros de enseñanza públicos

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO-Andalucía) lamenta que la Junta no haya tenido en cuenta sus reivindicaciones para dar una mayor estabilidad laboral al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) que forman parte de la plantilla de empresas privadas y prestan su servicio en centros escolares públicos. Para este personal, la Administración no ha contemplado ni siquiera un complemento salarial, tal y como pedía este sindicato, para que no existiera un trato discriminatorio entre estos y los compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía y que prestan el mismo servicio, al igual que ellos, en los centros públicos.

“El decreto que acaba de publicar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para establecer el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales que prestan estos profesionales es una oportunidad perdida por parte del Gobierno andaluz para garantizar un trato salarial justo a los 2.800 profesionales afectados por esta medida. En su mayoría, son mujeres”, destaca la secretaria general de FEUSO-Andalucía, María de la Paz Agujetas.

El Consejo Escolar de Andalucía ya se posicionó a favor de una propuesta de USO

FEUSO-Andalucía recuerda que el Consejo Escolar de Andalucía dictaminó a favor de que la Consejería de Educación atendiera la propuesta de este sindicato y aportara un complemento salarial a estos profesionales. “Las decisiones del Consejo Escolar de Andalucía no son obligatorias, pero sí vinculantes. Es el órgano en el que está representada toda la comunidad educativa de la comunidad autónoma”, defiende Agujetas.

Los PTIS e ILSE que forman parte de las plantillas de empresas que trabajan para la Administración sufren desde hace años una precarización y discriminación laboral frente a sus compañeros del personal laboral de la Junta de Andalucía. Personas que realizan sus mismas tareas en los mismos centros públicos, pero con unas mejores condiciones laborales y salariales.

Además, FEUSO había instado, mediante otra enmienda previa, a que todos los PTIS e ILSE pertenecientes a empresas privadas que desarrollan su labor en centros públicos andaluces fueran reconocidos como personal laboral de la Junta de Andalucía. Esta propuesta no fue aceptada tras una ajustada votación en el pleno del Consejo Escolar de Andalucía. Y la realidad del nuevo decreto que prepara la Consejería de Educación es que finalmente coexistan los PTIS e ILSE de gestión directa e indirecta.

Propuesta de mínimos: complemento salarial

Dada esta postura, la Federación de Enseñanza de USO-Andalucía trabaja por conseguir que, al menos, se les mejore la situación salarial a estos trabajadores del ámbito privado con un complemento autonómico por parte de la Consejería a la que prestan sus servicios.

La externalización de estos servicios se viene dando desde 2007. Aunque estos servicios se denominen «complementarios» son, como define el prólogo del decreto “una parte intrínseca de los centros educativos” y “pilares básicos para hacer realidad la igualdad de oportunidades”.

Pero esa externalización comporta para los profesionales que la sufren una enorme precarización de sus condiciones laborales. Con frecuencia, cobran con retraso sus nóminas, son despedidos en los meses de verano y cobran salarios más bajos que los compañeros laborales de gestión directa que realizan el mismo trabajo que ellos.

FEUSO denuncia obstáculos a los Centros de Atención Temprana

FEUSO denuncia obstáculos a los Centros de Atención Temprana

La Federación de Enseñanza de USO-Andalucía acusa a la Junta de entorpecer la puesta en marcha de los Centros de Atención Infantil Temprana

La Federación de Enseñanza de USO-Andalucía denuncia que los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) no están funcionando, a pesar de que ya están preparados para ello. Los CAIT ya cuentan con la dotación presupuestaria necesaria y muchos de ellos llevan meses terminados.

Así, se están creando paradojas, como la del centro del Polígono Sur de Sevilla. Este cuenta con dotación presupuestaria y personal seleccionado para comenzar a trabajar, pero no puede iniciar su actividad.

Otro de los centros afectados por esta parálisis es el CAIT de Pizarra, en Málaga. La falta de actividad en el centro impide dar una atención temprana a menores en la zona, pues se trata del único de estas características.

Inexplicable parálisis de proyectos licitados y preparados para dar servicio desde 2020

La resolución de las licitaciones para la gestión de estos centros lleva posponiéndose desde 2020 por motivos desconocidos. El nuevo concierto social de agosto de 2020 se basaba en dar continuidad a los CAIT existentes y acercar la atención a zonas menos favorecidas. Un total de 262 proyectos concurrieron a la convocatoria, en la que se licitaban 182 lotes.

FEUSO-Andalucía denuncia las presiones que recibe la Fundación Antonio Guerrero por parte de la Junta de Andalucía. Indica que se encuentran “al borde del colapso” ante la imposibilidad de estar operativos pese a la inversión realizada.

María de la Paz Agujetas, secretaria general de FEUSO en Andalucía, considera inexplicables las trabas de la Junta de Andalucía para poner en marcha los CAIT.

«Solo puede obedecer a una incompetencia técnica que centenares de familias con menores con trastornos no puedan disponer de centros adaptados a sus necesidades. Además, varios trabajadores cualificados están a la espera de acceder a un puesto de trabajo para el que ya fueron seleccionados el verano pasado», recuerda la dirigente de FEUSO-Andalucía.

Propuestas del sindicato USO en la Comisión de Reconstrucción de Andalucía post-covid-19

Propuestas del sindicato USO en la Comisión de Reconstrucción de Andalucía post-covid-19

USO-Andalucía ha presentado sus propuestas para mejorar la economía y el ámbito laboral en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción de Andalucía

Eva Babiano, responsable del área de Organización y de Acción Sindical de USO-Andalucía, ha presentado en la Junta las propuestas de nuestro sindicato para avanzar en la reconstrucción de Andalucía tras el parón por el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria del covid-19. Babiano ha intervenido en la Subcomisión de Servicios Sociales y demás Servicios Esenciales, en el marco de la Comisión Andaluza de Recuperación que ha comenzado en sede parlamentaria.

USO-Andalucía ha agradecido la invitación a participar con nuestras propuestas, y ha animado a que no se deje fuera a ninguna organización que pueda aportar su experiencia en cualquiera que sea su ámbito ante este reto crucial. Eva Babiano ha recordado que USO es el tercer sindicato de España, la única central que ha crecido en representatividad en el último período electoral andaluz a pesar de la crisis, y que está presente en todas las provincias y todos los sectores productivos.

Las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía también centrar los esfuerzos de la Comisión

La primera cuestión abordada en la comparecencia de USO-Andalucía se centró en las personas excluidas del mundo laboral. Personas que, estando en edad de trabajar, no forman parte del mercado laboral y sufren la falta de recursos. Las familias que no disponen de los medios necesarios tienen que realizar la doble tarea de cubrir sus necesidades básicas, con importantes dificultades ante la falta de recursos económicos y, al mismo tiempo, dedicarse a buscar un puesto de trabajo que posibilite su salida de tal situación.

Debemos asentar la reconstrucción bajo un sistema que ampare a toda la población, sin excepción; bajo una estructura solidaria donde su sostenibilidad se lleve a cabo de forma equitativa, manteniendo los servicios esenciales accesibles, aceptables y asequibles. La pobreza energética, la pobreza hídrica o la brecha digital son situaciones personales, muchas veces circunstanciales, que debilitan la capacidad económica del conjunto de la sociedad. No se trata de caprichos de consumo particulares, se trata de Derechos Humanos con los que estamos comprometidos.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital se ha demostrado como una herramienta necesaria para cubrir las necesidades de los más afectados por la crisis. Así lo han entendido la mayoría de los grupos políticos nacionales. Pero ese mismo posicionamiento debemos exigirlo en el resto de sectores esenciales, tal y como ya han empezado a realizar entidades que evitan el corte de suministro ante situaciones de impago por motivos económicos demostrados.

Esta crisis ha puesto en evidencia, más que nunca, la importancia de los valores colectivos: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. Valores que forman parte de los genes de la USO.

Servicios básicos y atención a nuestros mayores, grandes fallos durante la crisis del coronavirus

Por estas razones, pedimos que los sectores responsables de suministrar los servicios esenciales, como la sanidad; la educación; la electricidad; el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; el acceso a internet, etc., deben permanecer bajo control público, que evite la especulación económica de bienes y servicios básicos. Es necesario que exijamos a empresas, tanto públicas como privadas, una mayor transparencia y apertura hacia la participación ciudadana.

Al hilo de esta cuestión, tenemos que abordar la problemática que ha aflorado en esta pandemia sobre el cuidado de nuestros mayores. Debemos reflexionar y dotar al sector de más personal y control, más si cabe teniendo en cuenta que todavía no estamos exentos de posibles rebrotes que volverían a colapsar las residencias y poner a su personal en primera línea de fuego. Ni nuestros mayores ni sus familias merecen el final de vida que algunos han tenido.

Abordando aspectos más concretos, nuestra Federación de Atención a la Ciudadanía señala que el covid-19 ha demostrado la necesidad de modernizar y agilizar la gestión del sector sanitario. Este ha sufrido más de lo necesario: han salido a flote debilidades no tanto relacionadas con el personal, sino con la propia estructura de gestión. Fundamentalmente, en esta ocasión, por las operaciones de compra de material sanitario para la atención al paciente y protección de profesionales.

Hay que resaltar que la falta de equipos de protección individuales, los que parecen haberse descubierto de repente, los EPI, han sido suministrados, en numerosas ocasiones, gracias a la solidaridad del pueblo andaluz, que no ha dudado en ingeniárselas para fabricar mascarillas, pantallas protectoras e incluso respiradores artificiales en un tiempo récord. Y a pesar de la falta de experiencia previa.

Petición urgente a la Comisión: en los hospitales de Andalucía no puede haber personal de segunda en cuanto a su protección frente al coronavirus u otras epidemias

Uno de los efectos más graves entre los trabajadores del sector sanitario ha sido un trato diferenciado entre personal de primera y segunda clase: de médicos y enfermeras, la primera, a los que acertadamente se les ha proporcionado EPI; y de celadores, trabajadores de limpieza, conductores de ambulancia, servicios asistenciales y otros, los de segunda, quienes no han recibido equipos de protección individual ni elementos que eviten los posibles contagios.

Por ello, desde USO exigimos la creación de un protocolo que incluya medidas para todos aquellos que participan en la atención hospitalaria y domiciliaria, y no solo a una parte de ellos. Asimismo, debemos fomentar la estabilidad laboral del personal interino de la Administración Pública en general, favorecer la profesionalidad y especialización, porque suponen una garantía frente a las dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos administrativos.

La Justicia y la Ayuda a Domicilio, otros sectores públicos donde la protección no estuvo a la altura

En el caso de la Administración de Justicia, vemos que la aparición de una situación excepcional que afecte al normal funcionamiento de los órganos judiciales deja en evidencia la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Es por ello que, desde USO-Andalucía, consideramos que son necesarios planes de actuación específicos para desarrollar servicios extraordinarios por parte de todos los miembros de las oficinas judiciales. Así se puede atender la sobrecarga de trabajo que padecen y padecerán en los próximos meses nuestros tribunales. No basta con medidas cosméticas, sino con el desarrollo de un plan de medidas que responda a una programación detallada que permita salir de la crisis judicial a la que se ha visto abocado el sistema.

No queremos dejar atrás la necesidad de que la Administración Pública refuerce la Atención de la Dependencia. Recordamos que se trata de un servicio público clasificado como esencial y, por tanto, la Administración Pública debe haciéndose cargo de ello: no privatizando, mediante la dotación de un mayor número de recursos humanos para prestar una mejor atención y apostando por un convenio colectivo a nivel autonómico que mejore lo regulado en el VII Convenio Colectivo Estatal de Dependencia.

El personal que atiende este servicio en su amplia mayoría son mujeres, con altos datos de exclusión laboral y con el agravante de que muchas de ellas son las únicas que aportan ingresos al conjunto familiar. Desde USO-Andalucía, pedimos promover medidas que den calidad al servicio para las personas que lo prestan, eliminando la precariedad laboral y fomentando el respeto de esta profesión.

El cambio de modelo productivo de Andalucía, protagonista de nuestra intervención en la Comisión

Desde las Federaciones de Industria y Servicios, señalamos que el alto porcentaje de ERTE declarados en el sector turístico en Andalucía demuestran que nuestra economía descansa en gran parte sobre un sector mayoritariamente temporal, que ha creado empleo y ha generado dinero, pero bajo una marcada estacionalidad y con trabajos de baja calidad.

Desde la USO-Andalucía, vemos urgente replantear la estrategia económica regional, obviamente sin olvidar el turismo, pero fortaleciendo el sector industrial para minimizar la temporalidad. De esta manera, se conseguirá generar una economía circular en nuestro territorio lo suficientemente sostenida en el tiempo. Proponemos la inversión en la industria de bienes de consumo, tecnológicos, de servicios, de suministros industriales. Un tejido industrial que evite la demostrada y perniciosa dependencia del sector turístico.

Investigación, desarrollo, apuesta industrial y de transformación agroalimentaria

Nuestra Organización entiende que la revolución industrial llegó, pero por Andalucía solo estuvo de paso. Creemos que ahora, con esta 4º Revolución Industrial, es el momento de tomarla como eje vertebral de nuestra economía, complementando o favoreciendo al sector turístico. Andalucía no debe ser conocida solo por sus playas y su clima, sino también por su tejido industrial y sus inversiones en I+D+i. La industria genera riqueza y estabilidad laboral, aspectos de los que Andalucía carece y, desgraciadamente, han quedado en evidencia durante la crisis del covid que estamos atravesando.

Un mayor tejido industrial nos habría permitido, por ejemplo, redirigir la producción hacia los materiales que escasearon durante la crisis. Otra industria, la agroalimentaria, salió reforzada en estos meses, pero en Andalucía nos empeñamos en vender el producto sin procesar, con poco valor añadido y creando empleos precarios y de temporada en el campo. Debemos apostar por ser nosotros quienes elaboremos el fruto de nuestros campos, que dará lugar a factorías con puestos de trabajo estables y con mejores condiciones laborales.

La cuestión está en desarrollar más apoyos sobre los que descansen economía y empleo en nuestra comunidad, para no volver a tener esta sensación de pánico económico por el bloqueo del sector turístico como eje productivo de Andalucía. Incluso el propio el turismo debe reinventarse y mirar hacia nuestro patrimonio natural y cultural, buscando el turista de interior, de naturaleza y desestacionalizado, que es el que, además, más riqueza genera y menos impacto ambiental provoca.

Esta organización les pide a los parlamentarios que sean valientes y responsables con nuestra economía. Y, también, que se fijen en otras regiones de España donde conviven ambos sectores con la propuesta que les ofrecemos, como País Vasco, Cantabria, Cataluña o Galicia.

La Educación: uno de nuestros pilares como sociedad, en el foco de la pandemia

Para hablar de futuro, de una recuperación social y económica sólida y eficaz, es necesario hacer especial mención a la Educación, uno de los pilares del Estado del Bienestar. La insólita situación impuesta por la pandemia del covid-19 nos brinda una oportunidad excepcional para sentar las bases de un modelo educativo que sepa responder de forma eficaz a las necesidades de nuestra sociedad y que cuente con los medios suficientes para atender esas demandas.

Un modelo educativo suficientemente preparado para saber dar respuesta a los retos que nos plantea nuestra era, que abarcan cuestiones como la digitalización o situaciones de emergencia como las planteadas por una pandemia global como la que aún estamos enfrentando. Un modelo educativo que sepa estar a la altura de su propósito esencial: construir la sociedad del presente y, sobre todo, del futuro, de la mano de ciudadanos cualificados, libres, respetuosos y responsables.

Como medidas prioritarias para responder a los requisitos en materia de Educación que nos plantea nuestro futuro más inmediato, marcado por la incertidumbre y el riesgo aún no atajado del coronavirus, desde la Federación de Enseñanza de nuestro sindicato consideramos esencial abordar en todos los ámbitos educativos medidas como la reducción de la ratio profesor/alumno, el aumento de plantillas para atender mejor las necesidades lectivas, dotar de más horas para el personal orientador o contar con personal de apoyo y complementario.

El horizonte temporal para implantar propuestas como las anteriormente citadas no puede ir más allá del inicio del próximo curso, 2020/2021. En él se prevé recuperar la actividad lectiva presencial bajo diversas medidas de contención, no suficientemente definidas aún por la administración educativa, para evitar la transmisión del virus del covid-19.

Reducir las ratios de alumnos por profesor y personal de apoyo ante una nueva realidad en las aulas

Desde este sindicato contemplamos como imprescindible reducir la ratio y contar con personal de apoyo al tutor, tanto para el refuerzo educativo como para las medidas de prevención de contagio. El refuerzo educativo se contempla como una medida esencial de cara al inicio del próximo curso, dadas las complejas circunstancias en las que se ha desarrollado el último trimestre del curso que acaba de concluir. A tenor de esta posibilidad, defendemos que reducir la ratio ayudaría a garantizar una atención personalizada de las necesidades del alumnado, desde Infantil hasta Bachillerato o FP.

Para un correcto desarrollo de todo lo anterior, desde USO-Andalucía consideramos imprescindible aumentar la dotación de horas del personal orientador y complementario. En algunos casos, por ejemplo, en los centros concertados, es completamente exigua.

En el caso de que tuviera que combinarse la enseñanza presencial con la on-line para prevenir la transmisión del coronavirus, desde este sindicato proponemos, a fin de coordinar a toda la clase, que unos días unos alumnos reciban clases de forma presencial y que el resto siga el mismo contenido, pero on-line, alternándose semanalmente el grupo de alumnos que asiste o no al aula. Otra opción sería dedicar las clases presenciales a las explicaciones y resolución de dudas, y las no presenciales a practicar y hacer tareas.

La necesaria desconexión digital del profesorado en un sistema de enseñanza desdoblado

En el caso de que haya que duplicar espacios, tiempos, formación on-line y presencial… se requerirá también de la dotación del personal necesario para que no suponga tal carga sobre el profesorado que dé lugar a la explotación laboral y una merma de la salud física y mental de los profesionales de la enseñanza. Es decir, prevenir el contagio del virus, pero también los riesgos psicosociales de la docencia, especialmente en estas circunstancias.

Esto ha de tenerse especialmente presente en el desarrollo del teletrabajo, que llega a ocupar una gran parte del día de los profesionales docentes. Ahora está restando tiempo de conciliación familiar y de descanso, por lo habría que estudiar los horarios a fondo para que no supongan un aumento excesivo de la carga de trabajo del profesorado. Abogamos, por tanto, por respetar el horario de trabajo y vacaciones del profesorado y alumnado. La administración debe establecer unas directrices claras a toda la comunidad educativa acerca del derecho a la desconexión digital, para concienciar de la necesidad vital del descanso.

No cabe duda de que la digitalización es una cuestión clave a la que se enfrenta la comunidad educativa y que precisa de una respuesta más decidida y amplia, a la par que urgente, determinada por la emergencia sanitaria a la que nos enfrentemos. Es por ello por lo que desde la administración debe garantizarse el derecho a una Enseñanza online de calidad, en el que esté asegurado, tanto para profesorado como para alumnado, el acceso a dispositivos, a una óptima conectividad, a las plataformas digitales correspondientes y a la formación necesaria para su correcto uso.

Más que nunca: urgencia de un aula pediátrica

El escenario dibujado por el covid-19 para el próximo curso genera, cuanto menos, incertidumbre. Ante una cuestión de salud pública de este calibre, resulta igualmente necesario que la Administración intensifique las medidas de limpieza e higiene en los centros educativos en su conjunto, los dote de material de higiene para hacer frente a esta crisis sanitaria y refuerce las plantillas del personal de administración y servicios.

Ahora es más necesario que nunca implantar un aula pediátrica con enfermera para los distintos centros. Una cuestión especialmente perentoria en los centros de educación especial, cuyo alumnado suele padecer patologías previas, por lo que se convierte en un colectivo especialmente vulnerable ante la actual situación sanitaria. Muchas comunidades autónomas ya contemplan por ley la presencia de un profesional de Enfermería en este tipo de centros, siendo Andalucía una de las pocas que aún debe regular esta situación.

No podemos olvidar tampoco al profesorado de mayor edad, que se incluiría dentro de uno de los grupos de mayor riesgo frente al virus. Desde USO-Andalucía, venimos trabajando por conseguir la máxima igualdad posible en el acceso de este colectivo profesional a la jubilación total o, al menos, parcial, especialmente entre los docentes mayores de 60 años de la Concertada. Sobre ellos, venimos trabajando para que accedieran a una jubilación parcial con un 75% de reducción de jornada. Entendemos que es ahora, dadas las circunstancias sanitarias, el momento para solventar esta situación y acabar con la desigualdad que se produce frente al profesorado mayor de 60 años de la enseñanza pública, que sí puede acogerse incluso a la jubilación total a partir de dicha edad.

3.000 puestos de trabajos de docentes, en riesgo por la Lomloe

Y ahora que estamos hablando de las condiciones laborales del profesorado, desde USO-Andalucía queremos hacer una mención especial a los docentes de Religión de centros públicos en nuestra comunidad autónoma. Más de 3.000 profesionales cuyos puestos de trabajando penden de un hilo a causa de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE. Se trata de profesionales cualificados y estrechamente implicados en el día a día de los centros en los que trabajan.

Más allá de respetar y asegurar la libre elección de los padres a escoger esta asignatura y que cuente con sus correspondientes alternativas (asignaturas espejo), desde nuestro sindicato insistimos en que se cuente también con el profesorado de Religión para esta labor de refuerzo educativo, especialmente necesaria en el inicio del próximo curso.

Asimismo, reclamamos que las competencias sobre los profesores de Religión de los centros de educación infantil y primaria (CEIP) sean transferidas -con la correspondiente dotación económica- al Gobierno autonómico, como ya sucede en otras comunidades autónomas. De este ya depende, por ejemplo, el profesorado que imparte Religión en Educación Secundaria.

La educación infantil no puede quedarse atrás: genera empleo y es pieza clave en la conciliación

Si importante es poder garantizar el acceso a la Educación y a las herramientas necesarias para una correcta escolarización en todos los tramos de edad del alumnado, es especialmente relevante en los más pequeños, en el tramo de 0 a 3 años, edades en las que se comienzan a desarrollar las capacidades cognitivas y de socialización del ser humano.

USO-Andalucía quiso reiterar en la Comisión la necesidad de asegurar la supervivencia del 75% de los centros de educación infantil para alumnos de 0-3 años en Andalucía. Su viabilidad y correcto funcionamiento puede verse seriamente comprometido por la deriva de la crisis sanitaria originada por la Covid-19.

A día de hoy, la medida para garantizarla pasaría por extender de forma excepcional durante julio y agosto la subvención que se les otorga a aquellos centros adheridos al programa de ayuda de la Junta de Andalucía a las familias para el fomento de la escolarización de educación infantil. Esta solución tal vez pueda resultar coyuntural, por lo que es necesario establecer una vía que garantice el mantenimiento de los empleos y el funcionamiento de estos centros, esenciales tanto para el desarrollo del menor como para la conciliación familiar.

El teletrabajo: ha llegado para quedarse y hay que regularlo

Otro aspecto importante y que ha aflorado durante esta pandemia es la aparición de una nueva forma de trabajar que ha visto acelerada su presencia y que ha venido para quedarse: el teletrabajo. Desde el punto de vista de la USO, el teletrabajo se ha implantado de forma apresurada, partiendo de una base previa prácticamente nula. Por lo tanto, la improvisación que ha marcado la excepcionalidad del momento no puede prorrogarse en circunstancias normales.

El teletrabajo debe partir siempre de la voluntariedad de ambas partes, pues el trabajador está convirtiendo su domicilio en centro de trabajo. Las condiciones para su realización deben fijarse por escrito: tanto los medios técnicos que facilita la empresa y los que pone de su parte el trabajador, si así fuera, como los horarios y la forma de controlarlos.

Es importante que se tenga en cuenta la necesaria desconexión digital del trabajador: trabajar en casa no significa trabajar en cualquier momento.

Si en una misma empresa o departamento hay trabajadores que efectúan trabajo presencial y a distancia, no puede haber discriminación entre las condiciones de unos y otros. En este sentido, deben compensarse los gastos que genere el teletrabajo en el domicilio. De lo contrario, la empresa está derivando gastos propios hacia el trabajador, empobreciendo sus condiciones económicas.

Desde el punto de vista sindical, no estar físicamente en el centro de trabajo no implica que se pierdan los derechos sindicales ni la salud en el trabajo. Los trabajadores a distancia deben tener los mismos derechos colectivos que los presenciales, y su puesto de trabajo debe ser igualmente evaluado: en términos generales, como la ergonomía; y en particulares, como los equipos que va a utilizar y la protección de su derecho a la intimidad en cuanto a programas y uso de redes.

La doble victimización de las mujeres y menores amenazados por la violencia de género durante el confinamiento

El estado de alarma y el confinamiento han supuesto un auténtico martirio añadido para las mujeres víctimas de violencia de violencia de género. 21 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de 2020 en crímenes catalogados como violencia de género, pero que no son aún los definitivos. El estado de alarma ha provocado que las mujeres que conviven con su agresor estén expuestas al riesgo constantemente. Eso ha quedado reflejado en un aumento de las llamadas de ayuda al 016 y que crezca el número de mujeres que se dan de alta en Atenpro.

Es el paso necesario para pedir ayuda, atreverse a denunciar. Es un paso difícil, pues empieza una fase delicada para ellas. Cuando piden ayuda o denuncian para intentar salir de una relación marcada por la violencia, puede darse un grado mayor de violencia: es cuando más necesitan estar arropadas y protegidas. Tanto en protección policial como emocional y económica, ya que muchas son dependientes en ese sentido de sus parejas.

Por eso, la USO modificó hace años su reglamento de su Caja de Resistencia y Solidaridad. A través de ella, ofrecemos la posibilidad de que las afiliadas víctimas de violencia de genero cuenten con este respaldo económico. El ámbito laboral es una parte social muy importante de la vida de estas mujeres. Por eso, también ahí debemos rechazar la violencia hacia ellas y mostrarle nuestra ayuda y apoyo, tanto personal como con medidas efectivas.

Los convenios colectivos y los planes de igualdad deben contemplar mejoras negociadas con los representantes de los trabajadores para proteger a mujeres víctimas de violencia de género. Posibilitar un cambio de centro de trabajo facilita el control de su agresor, al ir acompañado muchas veces de un cambio de domicilio.

El sector de la discapacidad, muchas necesidades por cubrir

La USO-Andalucía ha querido hacer también un reconocimiento explícito en esta Comisión al trabajo que llevan a cabo miles de docentes y de trabajadores de los centros de atención a la discapacidad. Además, reafirmamos nuestro compromiso con plantillas que hacen todo lo humana y profesionalmente posible para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de su vida.

Estas suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte), y un bucle en el que entran, con menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas discapacitadas. Para solucionar algunas de estas deficiencias, llevamos muchos años trabajando desde USO.

Está demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración, pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, como defiende USO-Andalucía, es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.

La accesibilidad e inclusión: una sociedad con futuro

Creemos en el pleno derecho a la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Estamos convencidos de que pueden llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la vida social. Por eso, nuestro sindicato se mostró muy crítico con la firma del anterior Convenio Colectivo de Atención a la Discapacidad, que introducía medidas que consideramos contrarias a los derechos de los trabajadores de este sector.

Nuestra Federación de Enseñanza ha elaborado una serie de propuestas para mejorar este convenio colectivo. Defendemos una reforma del sector de Atención a la Discapacidad que dé respuesta a las verdaderas necesidades que tienen tanto los trabajadores como usuarios del sector. Además, estamos convencidos de que todos debemos trabajar para la plena inclusión de las persones con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Se trata de un colectivo con grandes capacidades que puede aportar mucho a nuestra sociedad. Para ello, es necesario dotar al sector con medidas económicas y sociales que nos conduzcan a un mundo más tolerante, plural y con igualdad de oportunidades.

Los jóvenes no pueden volver a pagar otra crisis

Para finalizar con la intervención en la Comisión de Reconstrucción de Andalucía, USO ha hecho hincapié en que no se deja atrás una vez más a los jóvenes. Aún no han salido de la primera crisis. Muchos no han podido incorporarse plenamente al mundo laboral ni pensar en un proyecto de vida. Están formados, son nuestra mejor generación. Y se merecen que su tierra apueste por ellos para que se queden y nos ayuden a levantar Andalucía.

El desarrollo de un nuevo proyecto estratégico económico para Andalucía que puede salir de esta Comisión se hace más que necesario, vital para la sociedad andaluza y para brindar los mejores servicios con las mejores garantías a andaluces y visitantes. Para ello, pueden contar con la USO.

USO no irá a la huelga de Enseñanza del 4 de marzo por considerarla partidista

La Federación de Enseñanza de USO-Andalucía no secundará la huelga del sector del 4 de marzo. «Nosotros defendemos sin ambages la libertad de Enseñanza, la libre elección de los padres conforme a sus propias convicciones y la complementariedad de redes educativas», reafirma Mari Paz Agujetas, secretaria general de FEUSO-Andalucía.

En relación al nuevo Decreto de Escolarización, FEUSO considera que «es continuista. Se aplica desde hace mucho tiempo la zona única en muchos municipios andaluces y tampoco es nuevo que, donde existan centros públicos y concertados, haya máxima puntuación en un centro de cada tipo. Sin embargo, en Andalucía sigue sin poder hacerse realidad el precepto constitucional de la libre elección de los padres en cuanto al modelo de educación que quieran para sus hijos. Y esto se debe a que no existe oferta concertada en el 80% de los municipios andaluces», expone Agujetas.

La Federación de Enseñanza de USO ha registrado y defendido, tanto en la Mesa de Negociación como en el Consejo Escolar de Andalucía, una enmienda sobre la bajada de ratio del número de alumnos por unidad: 20 para Infantil y Primaria; 25 para Secundaria; y 30 para Bachillerato, «algo que no hicieron otras organizaciones o, si lo hizo, no sabemos si quiso marginar a alguna de las dos redes, la pública y la concertada, que componen el Sistema Educativo Público Andaluz», continúa defendiendo FEUSO.

La Federación de Enseñanza de nuestro sindicato lamenta que la Consejería haya perdido una nueva oportunidad y no se haya esforzado por apostar por la educación con amplitud de miras. Además, FEUSO entiende que su enmienda defiende que no debe cerrarse ninguna unidad, ni pública ni concertada, y pueden bajarse las ratios y mejorar la atención a los alumnos gracias al descenso de la natalidad. «Solo así, y con más recursos humanos, se combatirán los sonrojantes datos que seguimos teniendo en cuanto a abandono y fracaso escolar. Hace falta atender de verdad al alumnado más vulnerable y centrarnos en los graves problemas de convivencia y disciplina que hoy nos acucian», pone el foco la secretaria general de FEUSO-Andalucía.

En resumen, «USO no comparte los motivos que esgrimen los sindicatos convocantes de la huelga. Aun así, podríamos entender que algunos sindicatos corporativos, que solo representan a trabajadores de centros públicos, sean miopes y se hayan dejado arrastrar, sin ver que debe apuntarse a la convivencia y no a la guerra entre las dos redes. Lo que no podemos pasar por alto es que los sindicatos que se autodenominan de clase y concurren a las elecciones en centros concertados puedan poner un pie en un centro de ese tipo a partir del 4 de marzo tras haberse mostrado tan partidistas», concluye Agujetas.

FEUSO entra en el comité de Futuro Singular en sus primeras elecciones sindicales

La Federación de Enseñanza de USO-Andalucía ha conseguido un importante resultado en las elecciones sindicales del centro de atención a la discapacidad Futuro Singular, en Córdoba.

Era la primera vez que nuestro sindicato concurría a estos comicios, y hemos obtenido el respaldo de los votantes para estar presentes en el próximo comité de empresa con 2 de 9 delegados.

El sector de la atención a la discapacidad padece problemáticas singulares que no están siendo tenidas en cuenta en el conjunto de la Enseñanza y, por ello, es importante que podamos representar a este colectivo que presenta una mayor precariedad que las enseñanzas regladas.

Nuestros compañeros Amalia, responsable de FEUSO en Córdoba, y Fran, responsable del sector de Discapacidad de FEUSO-Andalucía, han trabajado junto con toda la Federación y la Unión Provincial para conseguir formar un gran equipo en la candidatura que, ahora, lucharán por los intereses de toda la plantilla.

USO-Andalucía ha sido el único sindicato en crecer en representación en el último período electoral

USO ha sido el único sindicato en crecer en delegados en el último período electoral en Andalucía

USO-Andalucía ha terminado el último período electoral, entre 2014 y 2018, como el único sindicato que ha crecido en número de delegados en la región, a pesar de que se eligieron 3.880 representantes menos. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Inmigraciones y Seguridad Social, ya certificados para todo el cuatrienio, USO-Andalucía ganó 126 delegados sindicales, frente a las bajadas de UGT (2.019), CCOO (1.516) y CSIF (170).

“Esta foto a fin de 2018 es fruto del trabajo del día a día, de un crecimiento sostenido tanto en afiliación como en representación, que nos confirman como la alternativa sindical real en Andalucía, como la única organización que está ganando en confianza de los trabajadores”, defiende Jesús Postigo, coordinador de USO-Andalucía. “Hace unos años, USO era un sindicato poco conocido en nuestra región, ha tenido históricamente una implantación más fuerte en el norte de España, pero hoy ya somos incluso la Unión Territorial con más afiliados de la Unión Sindical Obrera. Nuestra seña de identidad, lo que nos ha permitido conectar con la apatía general de los trabajadores hacia los sindicatos, es nuestra independencia política y nuestra autonomía financiera”, continúa.

USO, un sindicato cada vez con más representación en todas las provincias y sectores laborales

USO ha crecido en estos cuatro años en todas las provincias y sectores, si bien “hemos aumentado especialmente nuestra presencia entre los empleados públicos, convirtiéndonos en el segundo sindicato en la Administración de Justicia y habiendo entrado con fuerza en la Sanidad, sumada a decenas de ayuntamientos y otros organismos autonómicos y locales. Además, estamos en la Mesa de la Concertada y, en cuanto al sector privado, hemos ganado mucha afiliación en Seguridad Privada, acabamos de pasar ya de los 1.000 compañeros que se han venido con nosotros en vigilancia; pero también en sectores muy precarizados como los call-center y las contratas de limpieza, y en otros desencantados con el sindicalismo tradicional, como toda la minería de la provincia de Huelva”, detalla Postigo.

El coordinador de USO-Andalucía destaca también la gran empresa, “como Acerinox, en el Campo de Gibraltar, donde negociamos el convenio y tenemos una fuerte presencia, pero sin olvidar que cada día negociamos otros convenios de pequeña empresa, menos mediáticos, pero imprescindibles para esos trabajadores”.