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USO Andalucía

Tag: Justicia

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La desescalada en los juzgados de Andalucía, precipitada y sin negociar

8 de junio de 2020 - 17:16
Desescalada en los juzgados de Andalucía: precipitada y sin negociar

El Sindicato Profesional de Justicia ha vuelto a denunciar que la desescalada en los juzgados de Andalucía es precipitada y no negociada

SPJ-USO-Andalucía ha vuelto a denunciar la falta de negociación real de las condiciones de trabajo de los funcionarios en la desescalada en los juzgados de Andalucía. «La plena reincorporación del 100% de efectivos en las sedes judiciales se produce de manera precipitada y sin la debida negociación», defiende Adriano Moreno, secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía.

La desescalada en los juzgados de Andalucía se da antes de tiempo y conforme a los ritmos impuestos por un calendario ministerial forzado que no se ha dotado de la flexibilidad necesaria para considerar las reales circunstancias sanitarias ni las medidas de prevención laboral para hacer frente a la misma como, por ejemplo, la evidentemente obligada adaptación de los espacios laborales o las condiciones del teletrabajo.

Sin teletrabajo o medidas de seguridad en la desescalada en Justicia

La Junta de Andalucía no ha hecho sus deberes y, a estas alturas, no hay infraestructuras suficientes para dar cabida al teletrabajo, en una proporción razonable dadas las circunstancias, por ejemplo.

Tampoco se ha conseguido readaptar un solo espacio de trabajo en los juzgados de Andalucía según las medidas de seguridad para salvaguardar las distancias interpersonales y garantizar el cumplimiento del resto de las medidas de prevención que contribuyen a impedir focos de contagio.»Si no lo ha logrado cuando sólo 2/3 de la plantilla del personal estaba presente en las sedes, ¿qué ha de pasar cuando a partir del 9 de junio se obligue a estar presentes en los edificios judiciales al 100% de sus efectivos?», se pregunta Moreno.

Por ello, SPJ-USO-Andalucía hace un llamamiento a los funcionarios para que abandonen sus puestos de trabajo en el caso de que detecten un riesgo grave para su salud laboral en su centro de trabajo. El sindicato USO-Andalucía actuará ante las autoridades inspectoras y sanitarias para impedir que se vulneren las normas básicas de seguridad y salud laborales.

Falta de coordinación en los juzgados de Andalucía frente a un caso positivo en covid-19

Ante la desescalada en los juzgados de Andalucía, con la reincorporación al trabajo de los efectivos de personal al completo el próximo 9 de junio y la vuelta a la normalidad el 21 de junio, el Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía denuncia también falta de coordinación de las actuaciones frente a la detección de un positivo, o de un caso probable de serlo, en una sede judicial.

Se actúa de distinta manera, en cuanto a permitir la continuidad de la presencia del afectado/a en los centros de trabajo o interrumpirla para observar la cuarentena, y tampoco se procede uniformemente respecto a los contactos estrechos, la limpieza y desinfección de la sede laboral y espacios comunes, ni respecto a cuándo y cómo volver a ocupar estos espacios con seguridad para todos.

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía reclama negociar las medidas

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía defiende que no se pueden proyectar medidas sin contar con la opinión de las organizaciones sindicales que, además, trabajan en primera fila de la Justicia. Por ejemplo, no se puede declarar hábil el mes de agosto a fin de impulsar el trabajo judicial y pretender que prácticamente la totalidad de los funcionarios judiciales tengan la obligación de tomar sus vacaciones en dicho mes.

En ester sentido, SPJ-USO-Andalucía recuerda que está pendiente de considerarse la negociación de planes de actuación y servicios extraordinarios, respecto al trabajo, jurisdicción a jurisdicción (laboral, civil, mercantil, contencioso-administrativa y penal), del personal de Justicia, para solventar el atasco monumental que ha producido en la Administración de Justicia la crisis del coronavirus, así como la programación de nuevas evaluaciones de riesgos para actuar con posterioridad al Estado de Alarma a fin de prevenir nuevos rebrotes de la pandemia.

La Justicia andaluza no está preparada para la Fase 2 de desescalada judicial

21 de mayo de 2020 - 15:10

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía pide que la desescalada en los órganos judiciales vaya al ritmo de la desescalada sanitaria y test para el todo el personal

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía ha pedido sentido común a los dirigentes y gestores políticos para la llevar a cabo la desescalada en Justicia. SPJ-USO defiende que esta tiene que ir, necesariamente, al ritmo de la desescalada sanitaria. Además, ha reclamado que “las pruebas de detección del covid-19, los famosos test, lleguen a todo el personal de Justicia, y no solo a jueces y magistrados. El derecho a la salud pertenece a todos por igual y los riesgos en los centros de trabajo no distinguen por categorías profesionales”, defiende Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía.

La preservación del personal con factores especiales de riesgo es otra de las reivindicaciones de SPJ-USO-Andalucía para este proceso.  Añade, además, otro colectivo a proteger: las personas con hijos menores a cargo o mayores dependientes que no tengan con quién dejarlos.

Carencias de los órganos judiciales andaluces para la desescalada en Justicia

Tras la implantación de la Fase 1 de desescalada en la Administración de Justicia sin distinguir los territorios que aún permanecían en Fase 0 sanitaria, se ha establecido un compás de espera mínimo para entrar en la Fase 2 que acabará el día 26 de mayo.

Esto implicará la reincorporación a los centros de trabajo de entre el 60% y el 70% del personal funcionario. Para llegar a esta Fase 2 judicial, se está haciendo oídos sordos a los ritmos impuestos por las autoridades sanitarias para poder cumplir un calendario de fechas fijadas de antemano. Con este, se pretende acabar el 4 de junio de 2020 con la reanudación plena de los plazos procesales y la presencia al 100% de los funcionarios judiciales en sus centros de trabajo.

SPJ-USO ha denunciado que, para llegar a este objetivo, se ha omitido elaborar previamente una evaluación de riesgos frente al contagio. Es decir, no se ha garantizado la suficiente distribución de equipos de protección individual (EPI) ni material de seguridad en todos los órganos. Ni siquiera se da la garantía del mantenimiento de las distancias interpersonales o la limpieza y desinfección intensificada con la frecuencia adecuada.

Reincorporación a los puestos de trabajo sin protección frente al coronavirus, incluso entre los más vulnerables

El teletrabajo, lamentablemente, no es la solución. Esta modalidad ha resultado ser una opción marginal para la Administración, tanto por falta de medios e infraestructuras como por voluntad para llevarlo a cabo. Además, se han desfigurado las normas sobre jornada, horarios, turnos, vacaciones, provisión de puestos de trabajo y movilidad forzosa. Ha faltado una negociación real con los interlocutores sindicales.

“Los métodos empleados están siendo deleznables en muchos casos. Está ordenándose la reincorporación de personas con sensibilidad al virus sin protección. Se han recortado los permisos para cuidados de menores y personas dependientes sin la debida motivación. Se ha anunciado públicamente la realización de test de diagnostico del covid-19 al personal antes de incorporarse a su puesto de trabajo siendo esto absolutamente falso”, critica Moreno. .

SPJ-USO advierte de que los funcionarios de Málaga y Granada no pueden pasar a Fase 1

12 de mayo de 2020 - 16:00

El Ministerio de Justicia ha decidido aplicar a los juzgados una desescalada diferente a la decretada por Sanidad y la Mesa Sectorial de Justicia de la Junta de Andalucía pretende que dos provincias, Málaga y Granada, sigan el mismo patrón que el resto de la comunidad. Recordamos que estas dos provincias no han sido consideradas con condiciones aptas para cambiar a Fase 1; por lo tanto, si se mantienen las restricciones en el resto de ámbitos, deben tener igualmente un tratamiento más restrictivo en cuanto al trabajo en juzgados.

«Si Málaga y Granada no están en situación de pasar a la llamada Fase 1 por los riesgos de contagio y atención sanitaria, por los mismos motivos no pueden cambiar de fase en el ámbito de la Administración de Justicia. No puede aplicarse ese doble rasero a conveniencia», acusa Adriano Moreno, secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía.

SPJ-USO lamenta que el Ministerio de Justicia le preocupen más «las prisas que la vulnerabilidad de las plantillas. El retorno a los puestos de trabajo, como en el resto de actividades, debe hacerse a su debido tiempo y cumpliendo con las condiciones de seguridad, como en todos los ámbitos», advierte Moreno sobre la contradicción de criterios.

La ampliación de la presencia física de personal de Justicia en sedes se está decretando «sin los preceptivos test, sin la evaluación de riesgos correspondiente a dar un paso más y sin la medición de los espacios para garantizar las distancias obligadas por criterios sanitarios, no productivos. Pero es que, además, en algunos juzgados tenemos las carencias más básicas, en limpieza y papel, y sin instalación de mamparas, algo intolerable en Fase 0, en Fase 1 y hasta en una supuesta normalidad, algo intolerable que el Ministerio impulsa y la Junta de Andalucía tolera», relata el secretario general de SPJ-USO en Andalucía.

La Unión Sindical Obrera lamenta que la alternativa propuesta e impulsada en todos los ámbitos laborales, el teletrabajo, «no se ha regulado con claridad en nuestro sector. Desde SPJ hemos presentado varios escritos porque la Justicia siempre ha ido por detrás en esta modalidad y ahora se evidencia que no ha sabido adaptarse como sí lo han hecho otros sectores. USO pide que la opción del teletrabajo, que debe primar según los criterios del Gobierno, le sea ofrecida a todo el personal de Justicia, no solo a los supuestos de personal de riesgo, personas con dependientes a cargo o por no poder respetar las distancias de seguridad en sus centros de trabajo. Entendemos que este personal vulnerable debe tener preferencia, pero no debe ser el único que pueda volver al tajo en modalidad a distancia. Así se puede volver antes, con seguridad y aliviando el colapso que ya tenemos en las oficinas judiciales y que crecerá en sin duda en estos momentos excepcionales», considera Adriano Moreno.

SPJ-USO le pide al CGPJ velar por que se garantice la seguridad en las sedes judiciales

21 de abril de 2020 - 17:59

El Sindicato Profesional de Justicia de USO lamenta que solo ahora, de una manera completamente improvisada y sin medios ni infraestructuras suficientes para aplicarlo debidamente, el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas piensen en fórmulas de teletrabajo para los funcionarios de la Justicia. Para ello, “le pedimos a estas administraciones que se sienten a negociar con los representantes de los trabajadores cómo aplicar la modalidad de trabajo a distancia y cómo poner los medios a su alcance. En el primer mes de estado de alarma, el teletrabajo ha sido un privilegio reservado para los miembros de las carreras judicial y fiscal, y solo desde el 15 de abril se ha permitido la adhesión voluntaria de los funcionarios a esta modalidad. Pero, al contrario que jueces y fiscales, el funcionario debe poner sus propios medios al servicio de la Administración”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El funcionariado lamenta “el desdén que desde el primer momento hemos sufrido por parte del órgano de los jueces, que en las etapas más duras del confinamiento por la crisis sanitaria exigían en sede judicial más funcionarios de los previstos por los servicios mínimos. Eso sí, sin ponerse en ningún momento a pie de juzgado y dejando los riesgos por contagio únicamente para los funcionarios”, continúa Toro.

Unas sedes judiciales a las que los equipos de protección llegaron “tarde, incompletos y sin repuesto. Los funcionarios hemos sido el chivo expiatorio de la descoordinación entre administraciones y competencias, y de las prevalencias corporativistas que han optado por el sálvense quien pueda, de espaldas y en perjuicio de los trabajadores de base”, destaca el secretario general de SPJ-USO.

El Sindicato Profesional de Justicia va más allá en sus demandas, “que no deben quedarse en el cortoplacismo. Estamos inmersos en una crisis sin precedente, que afecta a todos los niveles de nuestra vida. Cuando se levanten por completo las restricciones del estado de alarma, la avalancha y acumulación de asuntos va a llegar a niveles desconocidos. No partimos de las mejores condiciones, pues la sobrecarga de la Justicia ya la hemos denunciado a diario. Por ello, exigimos que se trabaje desde ya en el Plan de Actuación Global, con la coordinación de todos los estamentos implicados en al Administración de Justicia, y no únicamente desde los planteamientos del CGPJ, a todas luces insuficientes, pues se centran solo en su labor. Vamos a afrontar una emergencia nacional, y la Justicia debe responder a la ciudadanía de una forma coordinada y garantista del servicio público que prestamos”, concluye Javier Toro.

Justicia obliga a sus funcionarios a volver al trabajo sin los medios de protección para su salud

13 de abril de 2020 - 19:49

Rechazo frontal y absoluto del Sindicato Profesional de Justicia de USO a la resolución del Ministerio de Justicia publicada hoy y por la cual “adapta” la prestación de ese servicio público al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que prorroga el estado de alarma.

“Según el Ministerio, vamos a volver de facto a la normalidad en pleno estado de alarma. Justicia obliga a sus funcionarios a exponerse al contagio porque no puede garantizarles los medios de protección. Por un lado, decreta la incorporación apresurada y atropellada del personal, eliminando los servicios esenciales y obligando a tramitar todos los asuntos, sean o no de derechos fundamentales; y por otro, ni siquiera dispone de los EPI necesarios para todos aquellos que volverán a las sedes judiciales”, arremete Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El máximo responsable de Justicia de USO le afea a la Administración “que propugne el teletrabajo en todas las empresas para evitar el riesgo de contagio y no haya sido capaz en años, desde que se anunció a bombo y platillo la aplicación del expediente digital en los diferentes ámbitos de la Justicia, de llevarlo a cabo en su propio ámbito competencial”.

En el caso de las sedes judiciales, “es imposible trabajar de forma normal, incluso a puerta cerrada, manteniendo las medidas de seguridad que otro ministerio, el de Sanidad, reclama. Por ejemplo, no existe distancia de seguridad apropiada entre los trabajadores en la mayoría de los juzgados y tribunales de nuestro país”, defiende Toro.

Por ello, SPJ-USO solicita que el ministro de Justicia considere una “incorporación por tramos a la actividad, y siempre acompasada con las medidas sanitarias promovidas por los expertos y por su propio compañero de Ejecutivo. Durante las medidas excepcionales, los servicios deben serlo también, por lo que únicamente deben mantenerse los esenciales mientras el Ministerio no sea capaz de garantizar la salud de sus trabajadores. Para empezar, las sedes judiciales deben contar obligatoriamente con el material de limpieza, desinfección e higiene, y con los EPI. Esta norma no puede entrar en vigor hasta entonces o el Ministerio estará actuando de forma temeraria a conciencia”.

SPJ-USO presenta en Lo Social demanda de medidas cautelares provisionalísimas por coronavirus

25 de marzo de 2020 - 23:23

El Sindicato Profesional de Justicia de la USO de Andalucía ha presentado con fecha 24 de marzo una demanda de medidas cautelares provisionalísimas ante la Jurisdicción Social por la inoperancia y falta de coordinación entre las administraciones. La demanda interpuesta por SPJ-USO, en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, se fundamenta en la inoperatividad, lentitud y falta de coordinación entre administraciones a la hora de proveer y dotar al colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia del debido material de protección de cara a la crisis del coronavirus covid-19.

El grave riesgo que genera la exposición al covid-19, y al que están sometidos los funcionarios de los órganos judiciales que realizan sus funciones desde los servicios esenciales indispensables, no es ni mucho menos menor que el de cualquier colectivo que preste servicios o desempeñe funciones de cara al público. La exposición es aún mayor si nos referimos a sedes judiciales que prestan servicios de guardia o de Registro Civil, por soportar una mayor afluencia ciudadana.

Por consiguiente, SPJ-USO reclama judicialmente para el colectivo las medidas adecuadas de forma inmediata. Los materiales de protección se hacen más que indispensables frente a una descoordinación entre administraciones que, desde su inoperatividad, no hace más que retrasar y dar largas a esta reivindicación que no es solo de justicia sino, además, urgente.

Igualmente, Justicia de USO-Andalucía reclama ante la Administración que los servicios del personal de Justicia en régimen de disponibilidad se instauren de sin más demora. «Es improrrogable atajar el riesgo evidente que supone la afluencia excesiva, no solo ciudadana, sino también de trabajadores, a las sedes judiciales. Todo ello puede hacerse sin menoscabo de la atención a la ciudadanía, y de la garantía de sus derechos fundamentales y su tutela judicial efectiva», considera Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

SPJ-USO exige cerrar las dependencias judiciales no esenciales para garantizar derechos fundamentales

20 de marzo de 2020 - 22:30

El Sindicato Profesional de Justicia de USO se muestra “decepcionado e indignado” por la actuación de los máximos responsables de la Administración de Justicia Española frente a la crisis sanitaria motivada por la expansión del coronavirus covid-19. “El Ministerio de Justicia sigue insistiendo en mantener contra y viento unos servicios mínimos más propios de una huelga que de un estado de alarma. Establece que un 10% del personal de la Administración de Justicia debe acudir a los centros judiciales, auténticos focos de contagio, como por desgracia ha quedado contrastado en numerosos puntos del país”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

“No nos cabe en la cabeza que, con los plazos procesales en suspenso y el decaimiento de un 90% de la actividad judicial, reconocido por el propio Ministerio, no se redimensione la presencia física en consecuencia. Solo se están tramitando los asuntos que afectan a derechos fundamentales, y parte de los procesos pueden hacerse mediante teletrabajo”, explica Toro.

Para el secretario general de SPJ-USO, “los funcionarios de Justicia estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otras instancias, donde sí se permite el trabajo en domicilio. El propio Consejo General del Poder Judicial se lo autoriza al colectivo de Jueces y Magistrados. Nos chirría mucho que el CGPJ proclame que alza la bandera de la tutela de los derechos cívicos en el Juzgado a costa del peligro para la salud de los funcionarios nada más. Nos conminan a estar presentes en las instalaciones de judiciales poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de las personas que acudan a los juzgados”.

Por todo ello, Javier Toro exige al Ministerio de Justicia “que proceda al cierre total de aquellas dependencias judiciales en las que no se prestan servicios esenciales, como el Registro Civil u otros órganos y servicios en funciones de guardia. Que sí se mantenga un régimen especial de disponibilidad y continua localización del resto de personal, con la única finalidad de atender de forma exclusiva las actuaciones urgentes y completamente inaplazables. Abogamos por el cierre absoluto e inmediato de todos los centros de trabajo que son foco de contagio y que se proceda a la desinfección prevista por el Ministerio de Sanidad”.

Por último, el sector de Justicia de USO reclama que, aquellos que deban cumplir dichos servicios esenciales “sean dotados con equipos completos de protección individual. Y que las sedes cuenten con los productos de higiene y material desechable aconsejado para garantizar la seguridad”.

SPJ-USO exige dotación de personal para tres juzgados de Paz de Granada

31 de diciembre de 2019 - 15:00

SPJ-USO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia de la provincia de Granada, denuncia que los juzgados de Paz de los municipios de Cenes de la Vega, Cúllar Vega y Alhedín no cuentan con los funcionarios imprescindibles y previstos por la ley para las poblaciones de más de 7.000 habitantes. Estas sedes judiciales dependen de los ayuntamientos y funcionan como oficina desplazada del Registro Civil, con tareas como la inscripción de nacimientos y defunciones, así como la organización de bodas o efectuar notificaciones, aunque sin personal propio en los pueblos más pequeños.

Para el Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía, las carencias de los juzgados de Paz no son únicamente de personal, sino también de instalaciones, pues falta material informático propio y actualizado, y se da recurrentemente una falta de climatización en las dependencias.

En este sentido, Antonio García, de SPJ-USO-Granada, recuerda que, después de muchas reivindicaciones, «hemos conseguido un mejor emplazamiento para otro juzgado de la provincia, el de Íllora. Tras pelear con la Alcaldía, y después de más de dos años, ahora los locales sí están bien acondicionados, aunque hay otros donde hace falta mejorar la accesibilidad porque no cuentan con rampa o ascensor para personas con movilidad reducida».

Por otro lado, en Dúrcal advierte USO de que solo hay una gestora: «no puede atender al público y, a la vez, estar notificando en la calle. Es imposible». Por eso, SPJ reclama un auxilio judicial para esta sede.

SPJ-USO-Andalucía diseña en Sevilla su plan de trabajo y su estrategia de expansión territorial

19 de diciembre de 2019 - 16:30

SPJ-USO-Andalucía ha celebrado en Sevilla un encuentro con los delegados de todas las provincias para hacer balance electoral, tras cerrarse las citas con las urnas en Córdoba, y preparar el plan de trabajo para los próximos cuatro años. En primer lugar, los responsables de las diferentes provincias analizaron el estado de sus respectivos ámbitos territoriales y las demandas propias de los juzgados que les competen. Pero, además, también sopesaron las posibilidades de expansión de USO en el sector más allá de Andalucía, pues, además de segunda fuerza en la autonomía, somos primera en Galicia y más representativos en el Principado de Asturias, además de contar con delegados en territorios AGE, sin las competencias transferidas.

El coordinador general de USO-Andalucía, y exsecretario de Organización de SPJ-USO, Jesús Postigo, quiso llamar la atención, en la jornada inaugural, de la favorable evolución experimentada por nuestro sindicato en la Administración de Justicia en las últimas dos décadas, «consolidando con notable éxito un proyecto de sindicato solidario que, más allá de atrincherarse en lo meramente corporativo y gremial, como ocurre con otras organizaciones en el sector o en el global de la Administración, ha sabido fraguar una oferta sindical independiente. SPJ-USO, como parte de la USO, encara soluciones a las necesidades y aspiraciones profesionales reales que experimenta la plantilla judicial, según un criterio que se mueve invariablemente desde la honestidad en el ejercicio de la práctica del sindicalismo».

Por su parte, el secretario general de SPJ-USO y de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía, Javier Toro, puso de manifiesto la importancia que ha supuesto afianzar la representación en el sector para que los delegados «participen en aquellas estructuras del sindicato que así lo precisen, como ya ocurre y nos comprometemos a que seguirá ocurriendo». Además, Toro ha hecho un llamamiento a todos los responsables presentes en la jornada de trabajo a «implicarse en la estrategia de crecimiento desde nuestro suelo para implantarnos en todo el territorio nacional».

El juzgado de Paz de Rute, paralizado por la falta de internet, denuncia SPJ-USO-Córdoba

17 de diciembre de 2019 - 13:57

SPJ-USO denuncia que el Juzgado de Paz de Rute lleva desde el 3 de diciembre sin prestar el servicio a los ciudadanos por no disponer de conexión a internet. El motivo de esta incidencia se debe a «un error de la compañía de teléfono que suministra el servicio contratado por la Junta de Andalucía», explica Domingo Castillo, responsable del sector en la provincia de Córdoba.

El Centro de Atención al Usuario de la Junta de Andalucía asegura que la incidencia está registrada, pero el servicio sigue sin restablecerse a pesar de que los funcionarios reiteran día a día esta deficiencia y su imposibilidad para trabajar en esas condiciones.

«Esta situación está provocando que no se puedan gestionar expedientes, ni realizar trámites tan sensibles como la inscripción de nacimientos, de defunciones o expediciones de fe de vida, documentos necesarios, por ejemplo, para cursar el cobro de pensiones», advierte SPJ-USO, que denuncia «la falta de diligencia y la dejadez de la Administración para restablecer el servicio, que debe ser solucionado de forma urgente. Es solo una simple conexión de internet y se restablecerá el necesario servicio público».

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