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USO Andalucía

Tag: Javier Toro

Justicia obliga a sus funcionarios a volver al trabajo sin los medios de protección para su salud

13 de abril de 2020 - 19:49

Rechazo frontal y absoluto del Sindicato Profesional de Justicia de USO a la resolución del Ministerio de Justicia publicada hoy y por la cual “adapta” la prestación de ese servicio público al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que prorroga el estado de alarma.

“Según el Ministerio, vamos a volver de facto a la normalidad en pleno estado de alarma. Justicia obliga a sus funcionarios a exponerse al contagio porque no puede garantizarles los medios de protección. Por un lado, decreta la incorporación apresurada y atropellada del personal, eliminando los servicios esenciales y obligando a tramitar todos los asuntos, sean o no de derechos fundamentales; y por otro, ni siquiera dispone de los EPI necesarios para todos aquellos que volverán a las sedes judiciales”, arremete Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El máximo responsable de Justicia de USO le afea a la Administración “que propugne el teletrabajo en todas las empresas para evitar el riesgo de contagio y no haya sido capaz en años, desde que se anunció a bombo y platillo la aplicación del expediente digital en los diferentes ámbitos de la Justicia, de llevarlo a cabo en su propio ámbito competencial”.

En el caso de las sedes judiciales, “es imposible trabajar de forma normal, incluso a puerta cerrada, manteniendo las medidas de seguridad que otro ministerio, el de Sanidad, reclama. Por ejemplo, no existe distancia de seguridad apropiada entre los trabajadores en la mayoría de los juzgados y tribunales de nuestro país”, defiende Toro.

Por ello, SPJ-USO solicita que el ministro de Justicia considere una “incorporación por tramos a la actividad, y siempre acompasada con las medidas sanitarias promovidas por los expertos y por su propio compañero de Ejecutivo. Durante las medidas excepcionales, los servicios deben serlo también, por lo que únicamente deben mantenerse los esenciales mientras el Ministerio no sea capaz de garantizar la salud de sus trabajadores. Para empezar, las sedes judiciales deben contar obligatoriamente con el material de limpieza, desinfección e higiene, y con los EPI. Esta norma no puede entrar en vigor hasta entonces o el Ministerio estará actuando de forma temeraria a conciencia”.

Los EPI llegan a los juzgados de Andalucía tras la denuncia de SPJ-USO

4 de abril de 2020 - 12:03
Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía, en su juzgado de Málaga

Casi todos los juzgados de Andalucía disponen ya de equipos de protección individual para los funcionarios tras la demanda planteada por SPJ-USO el pasado 24 de marzo pidiendo “medidas cautelares provisionalísimas” por la grave exposición de la plantilla al coronavirus covid-19 y la “inoperatividad, lentitud y falta de coordinación entre administraciones” para dotar de medios de protección al colectivo.

El 26 de marzo, la Administración de Justicia recibió la notificación de la demanda y los primeros EPI llegaron a los juzgados de Málaga a la vuelta del fin de semana, el 30 de marzo. “Antes de decantarnos por la vía judicial, le habíamos requerido a la Consejería reiteradas veces por escrito, y en el comité específico de Seguridad y Salud de Justicia, que implantase al menos las medidas higiénicas básicas, como jabón o difusores de gel hidroalcohólico, y toallitas desechables de secado. Al inicio de esta crisis sanitaria, ni siquiera eso había en muchos aseos de las sedes judiciales y fiscales”, lamenta Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía y funcionario de los juzgados de Instrucción en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Allí, precisamente, “el primer día que pudimos trabajar con guantes y mascarillas fue el 30 de marzo, medio mes después de decretarse el estado de alarma”, relata Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía y funcionario también en Instrucción de Málaga. “Por suerte, la mayoría de los funcionarios no estamos ahora, durante la prestación de servicios esenciales, de cara al público. Para cuando a los funcionarios nos toca cumplir esa tarea, ya disponemos en uno de los puestos de mamparas de metacrilato”, añade.

Javier Toro, secretario general de SPJ-USO, recuerda que “la dejadez con respecto a la salud del funcionariado de Justicia en Andalucía fue tal que tuvimos que acudir a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal y a los comités de seguridad y salud para pedir la desinfección de varias sedes judiciales el 20 de marzo. Ya acabando la primera semana de vigencia del estado de alarma, ni siquiera con positivos por coronavirus se habían puesto en marcha protocolos de higienización. En el edificio donde presto mis funciones, concretamente en uno de los juzgados de Instrucción de La Caleta, en Granada, hubo positivos. Entre otros, entre los agentes de la Guardia Civil que prestan su servicio en sede judicial. También varios funcionarios presentaron síntomas de contagio, pero ni a ellos ni a quienes estuvimos en contacto directo con ellos nos practicaron pruebas de ningún tipo”.

No obstante, el Sindicato Profesional de Justicia de USO reclama “coordinación” entre las administraciones. “Ahora mismo, el material llega indistintamente a través del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, y los funcionarios muchas veces ni siquiera sabemos a quién pedírselo”, recrimina Toro.

VÍDEO SOBRE LAS MEDIDAS INSTAURADAS EN LOS JUZGADOS DE GRANADA

SPJ-USO exige cerrar las dependencias judiciales no esenciales para garantizar derechos fundamentales

20 de marzo de 2020 - 22:30

El Sindicato Profesional de Justicia de USO se muestra “decepcionado e indignado” por la actuación de los máximos responsables de la Administración de Justicia Española frente a la crisis sanitaria motivada por la expansión del coronavirus covid-19. “El Ministerio de Justicia sigue insistiendo en mantener contra y viento unos servicios mínimos más propios de una huelga que de un estado de alarma. Establece que un 10% del personal de la Administración de Justicia debe acudir a los centros judiciales, auténticos focos de contagio, como por desgracia ha quedado contrastado en numerosos puntos del país”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

“No nos cabe en la cabeza que, con los plazos procesales en suspenso y el decaimiento de un 90% de la actividad judicial, reconocido por el propio Ministerio, no se redimensione la presencia física en consecuencia. Solo se están tramitando los asuntos que afectan a derechos fundamentales, y parte de los procesos pueden hacerse mediante teletrabajo”, explica Toro.

Para el secretario general de SPJ-USO, “los funcionarios de Justicia estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otras instancias, donde sí se permite el trabajo en domicilio. El propio Consejo General del Poder Judicial se lo autoriza al colectivo de Jueces y Magistrados. Nos chirría mucho que el CGPJ proclame que alza la bandera de la tutela de los derechos cívicos en el Juzgado a costa del peligro para la salud de los funcionarios nada más. Nos conminan a estar presentes en las instalaciones de judiciales poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de las personas que acudan a los juzgados”.

Por todo ello, Javier Toro exige al Ministerio de Justicia “que proceda al cierre total de aquellas dependencias judiciales en las que no se prestan servicios esenciales, como el Registro Civil u otros órganos y servicios en funciones de guardia. Que sí se mantenga un régimen especial de disponibilidad y continua localización del resto de personal, con la única finalidad de atender de forma exclusiva las actuaciones urgentes y completamente inaplazables. Abogamos por el cierre absoluto e inmediato de todos los centros de trabajo que son foco de contagio y que se proceda a la desinfección prevista por el Ministerio de Sanidad”.

Por último, el sector de Justicia de USO reclama que, aquellos que deban cumplir dichos servicios esenciales “sean dotados con equipos completos de protección individual. Y que las sedes cuenten con los productos de higiene y material desechable aconsejado para garantizar la seguridad”.

SPJ-USO-Andalucía diseña en Sevilla su plan de trabajo y su estrategia de expansión territorial

19 de diciembre de 2019 - 16:30

SPJ-USO-Andalucía ha celebrado en Sevilla un encuentro con los delegados de todas las provincias para hacer balance electoral, tras cerrarse las citas con las urnas en Córdoba, y preparar el plan de trabajo para los próximos cuatro años. En primer lugar, los responsables de las diferentes provincias analizaron el estado de sus respectivos ámbitos territoriales y las demandas propias de los juzgados que les competen. Pero, además, también sopesaron las posibilidades de expansión de USO en el sector más allá de Andalucía, pues, además de segunda fuerza en la autonomía, somos primera en Galicia y más representativos en el Principado de Asturias, además de contar con delegados en territorios AGE, sin las competencias transferidas.

El coordinador general de USO-Andalucía, y exsecretario de Organización de SPJ-USO, Jesús Postigo, quiso llamar la atención, en la jornada inaugural, de la favorable evolución experimentada por nuestro sindicato en la Administración de Justicia en las últimas dos décadas, «consolidando con notable éxito un proyecto de sindicato solidario que, más allá de atrincherarse en lo meramente corporativo y gremial, como ocurre con otras organizaciones en el sector o en el global de la Administración, ha sabido fraguar una oferta sindical independiente. SPJ-USO, como parte de la USO, encara soluciones a las necesidades y aspiraciones profesionales reales que experimenta la plantilla judicial, según un criterio que se mueve invariablemente desde la honestidad en el ejercicio de la práctica del sindicalismo».

Por su parte, el secretario general de SPJ-USO y de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía, Javier Toro, puso de manifiesto la importancia que ha supuesto afianzar la representación en el sector para que los delegados «participen en aquellas estructuras del sindicato que así lo precisen, como ya ocurre y nos comprometemos a que seguirá ocurriendo». Además, Toro ha hecho un llamamiento a todos los responsables presentes en la jornada de trabajo a «implicarse en la estrategia de crecimiento desde nuestro suelo para implantarnos en todo el territorio nacional».

SPJ-USO-Andalucía denuncia la sobrecarga de los juzgados y pide un plan «anticongestión» urgente

7 de noviembre de 2019 - 12:10

El secretario general de FEP-USO-Andalucía y de SPJ-USO, Javier Toro, ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación del 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos de USO en Isla Cristina (Huelva), el estado crítico de los juzgados de España en general y de Andalucía en particular. De hecho, entre los textos que se aprobarán durante este 6º Congreso, figura una resolución especial del Sindicato Profesional de Justicia de USO para instar a los poderes públicos para aplicar con urgencia un plan “anticrisis” que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar los tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital.

Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, explica Toro.

El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que llegan a duplicar esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en torno a 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade el máximo responsable de SPJ-USO.

“Tras analizar todos estos datos, tenemos que hacer una llamada de atención al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas de que la Justicia ya está desbordada y, si no se toman medidas urgentes antes de que llegue una nueva crisis, habrá un colapso total en los juzgados, como ya vemos en lo Mercantil, que son incapaces de abordar cada nuevo período con el atraso acumulado de los anteriores”, concluye el secretario general de SPJ-USO.

Situación aún más grave en Andalucía
Con respecto a Andalucía, “los datos son más alarmantes, si cabe, en la jurisdicción de lo Social, especialmente sensibles en los temas que trata, y donde la tasa de congestión de nuestros juzgados es casi 4 veces la nacional, un 5,47. Similares cifras arroja lo Mercantil, con un 5,84 de congestión frente al 1,45 nacional”, explica Javier Toro, secretario general de FEP-USO-Andalucía.

El responsable federal reclama, además, para la Justicia Andaluza y, concretamente, para los juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, “la extensión del complemento de penosidad que ya reciben los funcionarios de Violencia contra la Mujer, por ser estos dos órganos judiciales donde se celebran los juicios y los encargados de ejecutar las sentencias”.

SPJ-USO traslada al Parlamento Andaluz sus preocupaciones por la Nueva Oficina Judicial

11 de junio de 2019 - 11:31

El secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO, Javier Toro; el secretario general de SPJ-USO Andalucía, Adriano Moreno; y el secretario de Organización de la Federación de Empleados Públicos de USO-Andalucía, Enrique Jiménez, han mantenido una reunión con Marta Bosquet, presidenta del Parlamento Andaluz, para trasladarle “nuestra preocupación por el calendario y condiciones de implantación de la Nueva Oficina Judicial de Andalucía que, en su calidad de abogada y anterior presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento, esperamos que haya recibido con especial sensibilidad”, expone Adriano Moreno.

SPJ-USO duda de que “pueda llevarse a cabo esta implantación, toda vez que carece de dotación presupuestaria y que el Ejecutivo saliente no realizó siquiera una memoria económica del gasto que supondría reorganizar a más de 8.000 funcionarios, que no cuentan siquiera aún con una valoración de puestos”, continúa el secretario general de SPJ-USO Andalucía. “Desde USO”, continúa, “llevamos meses denunciando que se pretende hacer una gran reordenación de puestos a coste cero, no una Relación de Puestos de Trabajo, que es como nos han estado vendiendo la Oficina, y por lo cual decidimos no firmar el acuerdo que ponía en marcha la RPT de Córdoba como laboratorio de pruebas”, fundamenta Moreno.

La Nueva Oficina Judicial de Andalucía prevé culminar la reordenación en 2021 con su implantación en Sevilla, Málaga y Granada, pero previamente se irá haciendo efectivo en los partidos judiciales y el resto de capitales de provincia. “La Oficina acaba con la posibilidad de movilidad de los funcionarios, por lo tanto el único beneficio que podía suponer para ellos era la carrera profesional vertical, la capacidad de ascender. Sin embargo, la muestra de RPT que hemos visto solo contempla un 6% de puestos singularizados, con lo cual también se coarta esa posibilidad”, lamenta Adriano Moreno.