USO-Andalucía reclama la puesta en marcha de la cita previa en las sedes judiciales para garantizar la salud laboral del personal de justicia y la seguridad de los usuarios
El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía (SPJ-USO) vuelve a exigir a la Junta la urgente y definitiva implantación de un sistema de cita previa en las sedes judiciales andaluzas. USO-Andalucía reclama este sistema con el objetivo de salvaguardar no solo la salud laboral del personal de justicia, si no también la seguridad de los usuarios que acuden a realizar sus gestiones en dichas sedes.
Este plan de cita previa en las sedes judiciales se encuentra desde hace mucho tiempo en fase de estudio. La Administración dice que su implantación es inminente. Sin embargo, la realidad es que tras más de un año de pandemia, ese sistema sigue sin implantarse.
Esto ha provocado que cada órgano judicial implante y gestione sus propias soluciones. Con todo ello, los usuarios de las sedes judiciales tienen que guardar infinitas sin un debido sistema de control. Se trata de aglomeraciones que no sólo bloquean las entradas y salidas de los órganos judiciales e imposibilitan guardar la distancia de seguridad, sino que, en algunas sedes, llegan incluso a incidir en el tránsito de vehículos y peatones y generan problemas de orden público, como los producidos en el Registro Civil de Dos Hermanas.
Desde SPJ-USO insistimos en lo inadmisible de esta situación y de los problemas que generan, exigiendo una vez más que, por parte de la Administración, se implante definitivamente un sistema de cita previa en las sedes judiciales.
Impresoras que ralentizan el trabajo en las sedes judiciales de Córdoba
SPJ-USO Andalucía también ha denunciado la retirada del servicio de fotocopiadoras-impresoras multifunción en las sedes judiciales de Córdoba y su sustitución por impresoras de inyección de tinta multifunción, que son claramente más lentas.
Este cambio de material implica una clara ralentización del trabajo en unos juzgados que se encuentran colapsados, tanto por el alto número de causas que se tramitan, como por el atraso que todos los órganos judiciales soportan motivados por la pandemia, así como por las plantillas reducidas de los Juzgados Mixtos.
Esta decisión tomada por la Administración de forma unilateral y sin tener en cuenta las necesidades reales de los órganos judiciales, supone además un gasto innecesario. Las impresoras retiradas funcionaban correctamente y han sido sustituidas por otras que contienen prestaciones prescindibles como conexión wifi o impresión a color totalmente prescindible, y que generan un mayor gasto en consumibles.
