FTSP-USO pide la rescisión del contrato de transporte de metadona en Huelva

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO-Andalucía lleva años denunciando las irregularidades en el transporte de metadona por Grupo Control. Huelva es la última provincia donde el servicio se presta de forma anómala

Desde el año 2017, la FTSP-USO Andalucía ha denunciado las irregularidades en el modo en que se está realizando el transporte de metadona en distintos lugares de Andalucía, entre ellos Huelva, por parte de la empresa Grupo Control.

La última denuncia se ha centrado en el servicio que se viene prestando de manera anómala por parte de Grupo Control en Huelva ante la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (UCSP). La empresa Grupo Control ya ha sido propuesta para sanción en dos ocasiones, una en 2017 y otra en 2019, sanciones en la que se advierte a esta empresa que el transporte de metadona ha de hacerse a través de vigilantes armados, tal y como se prevé en la Ley de Seguridad privada.

La empresa aceptó estas condiciones en el pliego del concurso y en sus prescripciones técnicas se deja claro que el transporte y reparto del clorhidrato de Metadona se realizará «mediante el cumplimiento escrito de la normativa y legislación reguladora del mismo». Grupo Control ha señalado que, de ser obligados a cumplir con lo recogido en el contrato, les sería imposible cumplir con este requisito dado el bajo precio de licitación del concurso al que accedió, teniendo conocimiento de estos requisitos ineludibles.

Por todo ello, la FTSP-USO ha denunciado ante el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Familia estos hechos y se ha solicitado la rescisión del contrato del servicio de transporte de metadona en Huelva que mantienen con la empresa Grupo Control por la incapacidad de esta empresa para prestar el servicio correctamente. USO-Andalucía ha solicitado también que el próximo concurso contenga una exigencias claras en cuanto a la realización de los mismos así como unos criterios económicos y sociales justos.

“Después de tres años incumpliendo la ley, no podemos permitir que los centros receptores y los trabajadores de la empresa de seguridad sigan realizando su actividad de manera ilegal como ha sucedido hasta ahora”, afirma Basilio Febles, secretario general de FTSP-USO.