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SPJ-USO demanda actualizar el Programa Adriano en lo Mercantil para la nueva Ley Concursal

SPJ-USO demanda actualizar el Programa Adriano en lo Mercantil para la nueva Ley Concursal

SPJ-USO-Andalucía demanda actualizar el Programa Adriano en lo Mercantil para la gestión procesal de la nueva Ley Concursal

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía ha remitido un escrito a la Dirección General de Oficina Judicial y Estatal para urgir la actualización del Programa Adriano para los juzgados mercantiles de cara a la nueva Ley Concursal. El Sistema Adriano es el programa de gestión procesal donde los juzgados pueden tramitar y emitir, de manera homologada, las resoluciones y actuaciones procesales de los expedientes que llevan dichos juzgados.

El programa, ahora mismo, no está actualizado para tramitar la nueva ley concursal. El 7 de mayo de 2020, se publicó en BOE el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprobaba el texto refundido de la Ley Concursal. La nueva legislación entrará en vigor el 1 de septiembre y va a suponer una transformación de calado en los procedimientos. De hecho, la ley pasa de contar con 242 a 752.

Sobrecarga en la justicia andaluza

A lo anterior hay que sumarle la enorme carga de trabajo de este tipo de órganos en nuestra comunidad. Los juzgados de lo Mercantil están un 200% por encima de los módulos fijados por acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

El plan establece 435 asuntos por año como carga óptima para este tipo de juzgados. A esta enorme sobrecarga, habrá que añadirle próximamente un aumento de concursos por la crisis económica fruto de la pandemia.

“Si a esta complicada situación laboral se le añade la problemática de que el Programa Adriano no está adaptado a este cambio legislativo, el sistema judicial se resentirá aun más”, advierte Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía.

Los jóvenes andaluces tienen mucho más claro que los adultos que el control de la pareja es violencia

Los jóvenes andaluces tienen mucho más claro que tienen derecho a la privacidad en el ámbito de la pareja y que deben respetar también ese derecho en la otra parte. Son datos que se desprenden de la encuesta sobre “acoso y control en la pareja”, elaborada por las Secretarías de Comunicación y Estudios Sindicales, y Formación Sindical e Igualdad de USO, con motivo de la campaña del 25N, que este año lleva por lema #NoControles.

Andalucía está, en general, en la media nacional o por encima de ella en cuanto a la permisividad en el control de la pareja. Así, el 27,03% de los encuestados residentes en la región considera que una persona debe poder desbloquear el teléfono de su pareja, mientras que 1 de cada 5, el 20,43%, está de acuerdo en que también debe conocer sus contraseñas para acceder a redes sociales.

“Resulta curioso y esperanzador que, hablando de redes sociales, sean las generaciones más jóvenes quienes tengan más conciencia de dónde termina la libertad de cada miembro de la pareja y empieza la del otro: entre los menores de 29 años, el porcentaje de permisividad es 0%, tanto en hombres como en mujeres. Es la generación inmediatamente mayor, la de 30 a 39 años, donde encontramos un mayor control: el 29% de ellos cree que tiene derecho a conocer las claves de su compañero y la obligación de dar a conocer las suyas”, explica Pilar Bravo, responsable adjunta de Igualdad de USO-Andalucía.

En cuanto a tener la obligación de mostrar los mensajes a su pareja, “en general, se da una conciencia de que no debe ser así, aunque hay un 2,16% de encuestados que cree que sí es inherente el control a tener pareja. Todos los que opinan esto son mayores de 30 años y tienen actualmente una pareja. La distribución entre hombres y mujeres es exactamente del 50%, al igual que ocurre en la pregunta que más nos preocupa: el 1,08% de los andaluces opina que, si su pareja no está dispuesta a mostrarle sus mensajes o compartir sus contraseñas, puede ejercer la violencia física o verbal contra ella”, continúa Bravo.

“Con la encuesta, pretendíamos saber si existe una relación entre el control hacia la otra persona con la violencia sobre ella. Efectivamente, hemos visto cómo, según las preguntas incluían un mayor grado de acceso a la intimidad, bajaba el porcentaje de personas que veían normal el compartirlo con su pareja. Sin embargo, no solo persiste quien considera que debe haber un control absoluto de lo que hace y dice la otra persona, sino que se justifica cualquier presión para conseguirlo”, alerta Dulce María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.

Por ello, “desde USO consideramos primordial el educar en igualdad. Por suerte, la encuesta nos muestra una tendencia al cambio en las generaciones, una toma de conciencia por parte de los más jóvenes de sus derechos individuales en la pareja. No obstante, en USO consideramos que es imprescindible que se contemple un cambio en la normativa sobre acoso para que incluya la persecución, en el seno de una pareja, para dar acceso a los datos y mensajes personales”, reclama la secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.