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Andalucía recibe el mayor golpe de empleo por el coronavirus, en Seguridad Social y en paro

Andalucía ha sido la comunidad autónoma más golpeada por los efectos de la crisis del coronavirus en el empleo. “Tanto por lo que hemos perdido como por lo que no crearemos”, resume amargamente Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía.

La comunidad autónoma se deja, en poco más de una quincena, 27.984 afiliados a la Seguridad Social. “Es un dato mucho más fiable de la pérdida de empleo real que el registro del SEPE. Por dos razones: por el desbordamiento de las oficinas y porque los afectados por los ERTE, empleo que se espera recuperar de forma automática, siguen cotizando a la Seguridad Social. Pero esas 28.000 personas que no figuran en la afiliación son trabajadores temporales, directos o por ETT, a quienes se les extinguió o no se les renovó su contrato por el inicio de la crisis y que no están sujetos a ningún tipo de compensación”, explica Postigo.

En este sentido, el coordinador general de la Unión Sindical Obrera en Andalucía pide “un esfuerzo de las administraciones públicas para reforzar el Servicio de Andaluz de Empleo. Es imprescindible tirar de las bolsas de contratación para que una plantilla ya de por sí diezmada pueda afrontar esta sobrecarga inhumana de trabajo. El 10 de abril, la mayoría de personas reguladas temporalmente no recibirán su prestación por la incapacidad de tramitar tanto ERTE. Pero es muy probable que muchos tampoco lleguen a percibirla el 10 de mayo. Un rescate que no llega a tiempo no es un verdadero rescate”.

El paro registrado ha subido por encima del 17% tanto en términos anuales como mensuales. Sevilla, Málaga y Cádiz son las tres provincias españolas que más nuevos parados tienen a 31 de marzo, aunque en porcentaje la peor parada es Málaga, y, con respecto a 2019, Huelva, con un 22%. “Esta foto a 31 de marzo puede ser la primera de una secuencia más grave al término de esta crisis sanitaria en la que no solo vamos a perder decenas de vidas. Hemos empezado una carrera de obstáculos en la que se evidencia nuestra absoluta dependencia de sectores estacionales, como la agricultura y el turismo, que esta vez no nos van a salvar los muebles”, advierte el coordinador general de USO-Andalucía.

“Por primera vez, el paro ha golpeado menos a las mujeres. Del total de 138.569 nuevos desempleados al finalizar marzo, 84.592 son hombres y 53.977, mujeres. Los empleos más precarizados, como son los de limpieza o el sector de los cuidados, se han demostrado imprescindibles en esta crisis y se han mantenido. Son realizados principalmente por las mujeres. En este caso, deberían estar reforzándose las plantillas, porque están soportando una carga de trabajo bestial y más necesaria que nunca”, concluye Postigo.

FTSP-USO-Andalucía exige la subrogación con antigüedad de la plantilla en la TGSS de Sevilla

La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de Andalucía ha iniciado un calendario de movilizaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla para exigir que el Grupo RMD Seguridad subrogue a la plantilla anterior como parte de la nueva adjudicación.

Desde el martes, cuando FTSP-USO-Andalucía comenzó con las concentraciones, los trabajadores deberían estar incorporados a su puesto de trabajo, después de que el servicio haya pasado a esta empresa. Sin embargo, «RMD dice que sí se hace cargo de la plantilla, pero sin respetar las condiciones de antigüedad de los trabajadores, que en algunos casos es de hasta 22 años», expone Manuel Novoa, secretario general de FTSP-USO-Andalucía.

Como ocurre de forma recurrente en las licitaciones públicas, «hemos visto cómo los trabajadores van pasando de adjudicataria a adjudicataria, pero en los anteriores casos, con el concurso del servicio se han respetado las condiciones previas de la plantilla. En este caso, exigimos que se cumplan tanto el artículo 14 del Convenio Sectorial Estatal como el 44 del Estatuto de los Trabajadores», continúa Novoa.

En los próximas días, continuarán las movilizaciones, pendientes aún de establecer un calendario de movilizaciones más duras en el caso de que la empresa no se avenga a cumplir la legalidad.