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Granada y Málaga entra en Fase 1 el 18 de mayo: toda Andalucía lo estará ya

Granada y Málaga entran en Fase 1 de desescalada el 18 de mayo, con toda Andalucía

Granada y Málaga entran en Fase 1 y toda Andalucía estará ya en ese punto de desescalada

Con el pase de Granada y Málaga, Andalucía al completo está desde hoy en la llamada Fase 1 de la desescalada. Las provincias de Granada y Málaga estrenan hoy esa condición, en la que ya llevaban desde el pasado 11 de mayo el resto de provincias andaluzas.

Las actividades que pueden realizarse en cada una de las fases se actualizan constantemente. Desde el sindicato USO-Andalucía, te damos las claves sobre ello, olvidándonos ya de la Fase 0, pues ninguno de nuestros territorios se encuentra ya en ella.

¿Qué se puede entonces hacer en Andalucía en la Fase 1 de desescalada?

Desde USO, actualizamos constantemente el proceso completo de desescalada, con lo que puede hacerse en cada fase y sus correspondientes ampliaciones.

FEUSO-Andalucía logra aclarar la cobertura en PRL para el profesorado de Religión

FEUSO-Andalucía ha conseguido aclarar la cobertura en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para el profesorado de Religión dependiente del Ministerio de Educación y Formación profesional.

El profesorado de Religión se encontraba en un estado de incertidumbre en materia de prevención de riesgos laborales (PRL). Por ello, la presidenta del comité de empresa del profesorado de Religión de Infantil y Primaria de Sevilla, Esperanza Suárez Charneco, de USO, se dirigió al Ministerio para solicitar información acerca del protocolo a seguir por aquellos maestros de Religión que se consideran sensibles o de riesgo ante el covid-19.

Educación ha informado que Quirón Prevencion, proveedor en materia de vigilancia de la salud del ministerio, realizará una evaluación a los empleados que lo soliciten, con el objetivo de determinar los trabajadores que puedan ser especialmente sensibles al covid-19. Si el trabajador considera que está entre la población de riesgo, debe cumplimentar la ficha personal y enviarla por correo electrónico a Quirón Prevencion de la provincia en la que resida.

La empresa se pondrá en contacto con el profesor para tratar el tema y certificar si cumple con los criterios publicados en el Procedimiento de Actuación de Riesgos Laborales frente al coronavirus (SARS-CoV-2). Según este procedimiento, se considera que los grupos de riesgo son enfermedades crónicas (procesos cardiovasculares, pulmonar, renal, diabetes y hepática); alteración del sistema inmunológico (enfermedades inmunitarias, cáncer en fase de tratamiento activo, tratamiento con corticoides, etc.) y edad avanzada (mayor de 60 años) o embarazo.

La gerencia del Hospital Virgen Macarena, denunciada ante Inspección por falta de EPI

Tras un primer escrito presentado a la Dirección del Hospital Virgen Macarena en el mes de marzo solicitando medidas preventivas para proteger al personal sanitario y no sanitario, completamente ignorado, el sector de Sanidad de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla contra la gerencia del centro hospitalario.

En la denuncia, USO-Andalucía reclama que se dote de suficientes equipos de protección individual al personal que realiza los servicios con más riesgo, es decir, aquellos que prestan atención a menos de dos metros a pacientes con síntomas respiratorios de covid-19 o que se encargan del trasporte o traslado de pacientes en investigación o confinados.

“Estamos en estado de alarma, y tenemos que proteger a nuestra primera línea de defensa que son todos los trabajadores, tanto sanitarios como no sanitarios. El uso de dicho material de protección es la primera barrera para poder intentar frenar la propagación del covid-19, tanto en el personal como en los usuarios que acuden a las instalaciones sanitarias”, denuncia Victorio Carcela, responsable de Sanidad en Sevilla por FAC-USO Andalucía.

Inspección de Trabajo ha visitado las instalaciones del centro hospitalario y ha instado a la gerencia del hospital Virgen Macarena a adoptar obligatoriamente las medidas preventivas que han sido acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias, así como comunicar una copia del requerimiento formulado a los delegados de prevención del hospital como representantes legales de los trabajadores, cosa que el gerente no ha hecho.

Con más de 200 trabajadores tanto sanitarios como no sanitarios ya infectados por el covid-19 y una falta de transparencia en su gestión, USO, junto a los demás sindicatos han solicitado la dimisión inmediata del gerente, Francisco Merino.

USO denuncia ante Inspección a la gerencia del Hospital Virgen de las Nieves

El sector de Sanidad de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía ha presentado denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada contra la gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, para que se establezcan los protocolos del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para proteger al personal sanitario y no sanitario.

Concretamente, en la denuncia, el sindicato reclama que el personal que trabaja en los servicios con más riesgo -en las denominadas zonas limpias de los servicios de Urgencias- cuente con equipos de protección individual (EPI) suficientes, para la atención de pacientes infectados, con posibilidad de estarlo o con síntomas del covid-19, atención que se realiza a menos de dos metros de distancia. Además, se solicita que se adecúen estas llamadas zonas limpias de manera que se respeten las normas de prevención y se garantice la seguridad y salud a todo el personal del centro hospitalario.

“Para el personal que trabaja en las denominadas “zonas limpias” de los servicios de Urgencias es materialmente imposible mantener las medidas de seguridad al tratarse de espacios reducidos y sin ventilación, atendiendo a un alto número de pacientes. Por tanto, los protocolos que se aplican son insuficientes para garantizar la seguridad y salud de la plantilla, sin que hasta el momento haya sido atendidas nuestras peticiones”, reivindica Encarnación Jiménez, delegada de USO.

USO denuncia que el personal sanitario que desempeña sus funciones en este espacio no recibe las medidas ni los materiales de protección necesario para prevenir el contagio, ni se le facilita la suficiente ropa de trabajo para que puedan cambiarse cuando sea necesario ya que hacen guardia de 24 horas.

SPJ-USO-Andalucía considera una grave irresponsabilidad la reincorporación a los juzgados

SPJ-USO-Andalucía considera una grave irresponsabilidad la reincorporación a los juzgados

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía considera irresponsable el plan de reincorporación a los juzgados y reclama negociación de las condiciones laborales durante el estado de alarma

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía considera irresponsable el plan de reincorporación a los juzgados y reclama que se negocien la jornada, los horarios, el teletrabajo, las vacaciones y la provisión de los puestos.

SPJ-USO-Andalucía considera una grave irresponsabilidad el anuncio en prensa de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, órgano de la Junta de Andalucía que gestiona las competencias en materia de personal y medios al servicio de la Administración de Justicia en la comunidad, de un plan para la reincorporación del funcionariado a los edificios judiciales.

Este plan de reincorporación de Justicia, en turnos de mañana y tarde, consiste en un calendario de aumento de presencia de funcionarios judiciales en los centros de trabajo prefijado en etapas sucesivas. Supondría la presencia de un tercio de la plantilla en los edificios judiciales a partir del 12 de mayo; la de dos tercios, el 25 de mayo (con un tercio de los reincorporados en turno de tarde). Y, el 22 de junio, la totalidad del personal (con prácticamente la misma proporción de funcionarios en turno de tarde).

USO-Andalucía exige que haya consulta y negociación para la reincorporación a los juzgados

Desde SPJ-USO-Andalucía reclaman la consulta y negociación de este plan de reincorporación con los representantes sindicales del colectivo, que no han sido suprimidas por el estado de alarma, pues son parte esencial del derecho constitucional y fundamental a la libertad sindical. Critican las formas empleadas por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, que no guardan el mínimo respeto por el personal y sus representantes, más aún cuando está pendiente de celebrarse una Mesa de Negociación con los sindicatos representativos del sector el próximo 11 de mayo, foro legítimo para la determinación de las condiciones de trabajo del personal afectado.

SPJ-USO exige que los centros de trabajo de la Administración de Justicia constituyan un lugar seguro para sus trabajadores, y que se cumpla en ellos la actual legalidad en materia de prevención de riesgos laborales, elaborando, con carácter previo a cada fase de la desescalada, un plan de evaluación de riesgos que contenga las medidas necesarias para afrontar el riesgo grave e inminente que desgraciadamente todos padecemos.

Los funcionarios de Justicia, sin EPI en la «vuelta a la normalidad»

«Pedimos garantías para la disposición de equipos de protección individual suficientes para el personal, profesionales y público que acuda a las sedes; instalación del material de seguridad e higiene adecuados; limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, salas y zonas comunes; decisiones organizativas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad oportunas; preservación del personal con factores de riesgo; negociación del teletrabajo, y un programa de detección preventiva del riesgo a través de los test de diagnóstico más oportunos», detallan desde SPJ-USO.

La salud de los funcionarios públicos de Justicia no está garantizada por el simple transcurso de unas fechas “previstas”, sino evaluando previamente los riesgos existentes antes de pasar cada fase, y adoptando las medidas adecuadas para prevenirlos. La jornada, los horarios, los turnos, el teletrabajo, los permisos, las vacaciones anuales y la forma de provisión de los puestos de trabajo, deben ser objeto de negociación con los sindicatos por mandato legal y constitucional.

USO denuncia que los centros del SAS incumplen la Guía de Buenas Prácticas de Sanidad

FAC-USO-Andalucía denuncia el incumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales de los distintos hospitales que integran el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Al incumplimiento de la guía se suma la mala práctica profesional de la inspección médica, dependiente de la delegación provincial de salud, emitiendo parte de alta a trabajadores en IT (incapacidad temporal) sin valorar de forma presencial a dicho personal. “Estos profesionales de la salud han seguido acudiendo a trabajar a pesar de ser considerados grupo de riesgo por ser mayores de 60 años o por padecer afecciones médicas previas, provocando una sensación de indefensión el los empleados. La única solución que se ha proporcionado para estos trabajadores en situación de riesgo es su traslado a aquellas unidades donde no hay constancia expresa de pacientes contagiados con covid-19”, denuncia Luis Vinelli, secretario general de USO-Sanidad en Andalucía.

“Nos parece un proceder totalmente insolidario con los trabajadores más vulnerables sanitariamente y contrasta con las muestras de ánimo y cariño que la sociedad ha manifestado a todo el personal sanitario. Parece que la administración sanitaria andaluza solo atiende a criterios economicistas ultraliberales”, defiende el secretario general de USO-Sanidad en Andalucía.

Este comportamiento insolidario por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía se hace aún más incomprensible si tenemos en cuenta que la comunidad no ha sufrido la pandemia con la intensidad padecida en otros lugares de la geografía española, y que, en consecuencia, no ha sufrido un número de bajas alarmante entre el personal hospitalario.

Vectrus pone en riesgo a los trabajadores de Morón de la Frontera

Al decretarse el estado de alarma, desde el comité de empresa de Vectrus, empresa encargada del mantenimiento de la base de Morón de la Frontera, se planteó instaurar el teletrabajo para todos los empleados que pudieran realizar sus tareas desde sus hogares. Esta medida fue acogida de buena manera por la compañía pero, para sorpresa de todos, solo la ha aplicado al personal civil norteamericano, dejando de lado al personal español.

En un primer momento, el Gobierno norteamericano le dio la orden a la empresa Vectrus de mantener la base con el personal mínimo y mandar al resto de los trabajadores a sus casas sin ningún tipo de merma económica. Sin embargo, Vectrus ha decidido ignorar esa orden y ha comenzado a llamar a más trabajadores para incrementar servicios.

Estos empleados, que estaban protegidos en sus casas, no solo se han tenido que reincorporar sino que además se han reincorporado, en vez de a sus antiguos puestos, al departamento de limpieza. Además la empresa ha avisado a sus empleados sin cumplir los plazos de llamamiento.

A otro grupo de trabajadores que están teletrabajando en sus domicilios, Vectrus se ha puesto en contacto con ellos para que se incorporen a otro puesto de trabajo distinto al suyo y régimen de turnos y sin recibir ningún tipo de formación inicial, que es obligatoria, en prevención de riesgos laborales.

A todo esto hay que sumar que una empresa de servicios esenciales como es Vectrus sigue sin proporcionar ni equipos de protección individual ni da soluciones para respetar la distancia de seguridad. “Vectrus, se cree con inmunidad y actúa conforme a ello. No solo incumple lo pactado con el comité de empresa, sino que también incumple lo ordenado por su cliente buscando puertas traseras y triquiñuelas para burlar la ley”, denuncia Mario Sanjusto, presidente del comité de empresa de Vectrus y delegado por USO.

Justicia obliga a sus funcionarios a volver al trabajo sin los medios de protección para su salud

Rechazo frontal y absoluto del Sindicato Profesional de Justicia de USO a la resolución del Ministerio de Justicia publicada hoy y por la cual “adapta” la prestación de ese servicio público al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que prorroga el estado de alarma.

“Según el Ministerio, vamos a volver de facto a la normalidad en pleno estado de alarma. Justicia obliga a sus funcionarios a exponerse al contagio porque no puede garantizarles los medios de protección. Por un lado, decreta la incorporación apresurada y atropellada del personal, eliminando los servicios esenciales y obligando a tramitar todos los asuntos, sean o no de derechos fundamentales; y por otro, ni siquiera dispone de los EPI necesarios para todos aquellos que volverán a las sedes judiciales”, arremete Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El máximo responsable de Justicia de USO le afea a la Administración “que propugne el teletrabajo en todas las empresas para evitar el riesgo de contagio y no haya sido capaz en años, desde que se anunció a bombo y platillo la aplicación del expediente digital en los diferentes ámbitos de la Justicia, de llevarlo a cabo en su propio ámbito competencial”.

En el caso de las sedes judiciales, “es imposible trabajar de forma normal, incluso a puerta cerrada, manteniendo las medidas de seguridad que otro ministerio, el de Sanidad, reclama. Por ejemplo, no existe distancia de seguridad apropiada entre los trabajadores en la mayoría de los juzgados y tribunales de nuestro país”, defiende Toro.

Por ello, SPJ-USO solicita que el ministro de Justicia considere una “incorporación por tramos a la actividad, y siempre acompasada con las medidas sanitarias promovidas por los expertos y por su propio compañero de Ejecutivo. Durante las medidas excepcionales, los servicios deben serlo también, por lo que únicamente deben mantenerse los esenciales mientras el Ministerio no sea capaz de garantizar la salud de sus trabajadores. Para empezar, las sedes judiciales deben contar obligatoriamente con el material de limpieza, desinfección e higiene, y con los EPI. Esta norma no puede entrar en vigor hasta entonces o el Ministerio estará actuando de forma temeraria a conciencia”.

FAC-USO pide a Sanidad y Trabajo equiparar el nivel de riesgo de todo el personal del ámbito sanitario

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO ha registrado sendos escritos a los ministerios de Sanidad y de Trabajo y Economía Social para solicitar algunos cambios en el protocolo de actuación de PRL que afectan a la exposición de personal del ámbito sanitario. Una vez analizado el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, actualizado en fecha 8 de abril de 2020, se observan que persisten las deficiencias en cuanto a la protección del personal.

En esta actualización, vuelven a considerarse como con «exposición de bajo riesgo» todos los trabajadores de ámbito sanitario que no sean médicos, enfermeros o TCAE. En este grupo de «bajo riesgo» siguen incluidos por lo tanto acompañantes para traslados, celadores, camilleros, trabajadores de limpieza, personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnostico virológico, personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario, fómite o desechos posiblemente contaminados, y ayuda a domicilio de contactos asintomáticos. “Esto ha provocado que, a lo largo de estas semanas, este personal considerado de bajo riesgo se haya contagiado por la falta de protección especial, lo que supone una falta de consideración peligrosa”, asegura Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

Este procedimiento actualizado se basa en el riesgo generalizado en hospitales, pero solo se ha diferenciado en función de categorías profesionales de los trabajadores, no con baso en su trabajo diario. Por eso, FAC-USO ha solicitado que el actual personal definido como con “exposición de bajo riesgo” sean considerados como trabajadores con “exposición de riesgo”. “Creemos que es necesario revisar ente procedimiento de forma urgente, cambiando los escenarios de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el entorno laborar sociosanitario”, afirma Luis Deleito.

Debido a esta desprotección selectiva, «en Andalucía hemos presenciado escenas surrealistas, como celadores ataviados con bolsas de basura ante la falta de batas desechables para el traslado de enfermos; personal con pantallas de protección caseras elaboradas por voluntarios que se las hicieron llegar a USO para repartirlas por los hospitales; o el personal de ayuda a domicilio atendiendo a colectivos especialmente vulnerables sin ninguna barrera de protección. Se ha trasladado la responsabilidad de la protección propia y de los pacientes al trabajador y sus medios», aduce Enrique Jiménez, secretario de Organización de FAC-USO-Andalucía.

USO denuncia que Clece y Hospital Virgen de las Nieves incumplen tratamiento de residuos de covid

La sección sindical de USO en Clece de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves denuncia que la empresa ha asumido la limpieza de los residuos infecciosos de coronavirus covid-19, en lugar de la adjudicataria del tratamiento especial, con el conocimiento del hospital.

Desde el lunes 6 de abril, Clece comenzó a presionar a las trabajadoras eventuales para que se encargasen de la sacada de los residuos relacionados con el covid-19 y la limpieza de los llamados “contenedores bío”. Estos contenedores, que habitualmente contienen los desechos procedentes de zonas sensibles de los hospitales, como radiología, se almacenan, sellados por los sanitarios que los manipulan, hasta que la empresa los retira.

“Desde el lunes, sin embargo, esa empresa ha dejado de venir al Virgen de las Nieves. El contrato va por toneladas de residuos y la situación actual sobrepasa ese peso habitual de la basura de las zonas de rayos y similares. Por lo tanto, Clece ha asumido la retirada de los contenedores, que permanecen continuamente abiertos, así como la limpieza de los cubos cuando se vacían. Están poniendo en manos de limpiadoras digamos ‘normales’ el tratamiento de los residuos más peligrosos del hospital, que debían ser tratados por el personal especializado en su eliminación”, denuncia Mari Martos, delegada de USO en Clece-Virgen de las Nieves.

Las representantes sindicales de USO, tras reprochar esta actitud a Clece, acudió a Inspección de Trabajo el mismo 6 de abril. Sin embargo, “no ha surtido efecto, siguen siendo las trabajadoras de Clece, normalmente las más vulnerables a las amenazas por su situación más precaria en la empresa, las que manipulan los residuos de los pacientes infectados. Como le hemos transmitido a Inspección en su petición de más información, no solo incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que está cometiendo un delito de salud pública al pretender que personal que no está ni formado ni equipado para esta tarea sea el encargado de eliminar los residuos que se originan en las áreas de contagiados o posibles contagiados por el coronavirus”, concluye la delegada sindical de USO.

USO recuerda que, además, esta tarea se une a la sobrecarga que la plantilla ya venía padeciendo antes de la pandemia: de las 401 personas con las que comenzó el contrato, ahora Clece cuenta con unas 310, algo que ni siquiera en esta situación ha modificado.