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USO Andalucía

Tag: Isla Cristina

La plantilla de Atención a Domicilio de Isla Cristina exige protección frente al coronavirus para trabajar

15 de marzo de 2020 - 23:05

La plantilla de OHL, contrata del servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Isla Cristina, no ha dotado al personal sociosanitario de los equipos de protección para volver mañana al trabajo, a pesar de las medidas excepcionales decretadas para frenar los contagios por el coronavirus covid-19.

El servicio de atención a los dependientes está conformado por unas 125 trabajadoras, en jornadas de lunes a sábado. “Habitualmente, solo contamos con unos guantes de vinilo, que se rasgan con facilidad. Nunca hemos contado con otro tipo de protección, pero es que ahora no nos van a dar ni esos guantes”, expone Mª del Carmen Yaque, delegada por USO en el comité de empresa de OHL.

Las trabajadoras reciben el material correspondiente a cada mes. El pasado viernes, fueron citadas mañana, lunes, para darles el de marzo, junto con la nómina. “Pero hoy, nos han avisado una por una de que no podemos ir a recoger los guantes para evitar aglomeraciones. Ni siquiera esos guantes. Obviamente, ni se plantean darnos los guantes del personal sanitario, ni mascarillas ni batas desechables”, relata Yaque.

La delegada de USO remarca: “trabajamos con personas de riesgo alto. Nosotras podemos estar contagiándolos a ellos y, a su vez, llevándonos el virus a casa: también tenemos padres, familiares mayores. Exigimos que, si la empresa no se hace cargo de la seguridad de la plantilla y los usuarios, sea el Ayuntamiento, responsable en última instancia, quien nos proporcione todo lo necesario para cumplir con nuestra obligación”. Porque, recalca la delegada, “nosotras queremos ir a trabajar, somos conscientes de nuestra labor, no podemos teletrabajar. Pero queremos hacerlo en las mejores circunstancias para nosotras, nuestras familias y las personas a las que atendemos”.

Por último, las representantes de las trabajadoras de OHL recuerdan que “tampoco nos dan facilidades para conciliar. Las trabajadoras con hijos no tienen opción de quedarse mañana con ellos, cuando no tienen colegio por una situación excepcional decretada por el Gobierno.

USO-Huelva gana a Acciona y logra subsidiariedad del Ayuntamiento de Isla Cristina

10 de marzo de 2020 - 14:04

El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha condenado a la UTE Acciona Service Isla Cristina y al Ayuntamiento de Isla Cristina a abonar, de forma solidaria, los adeudos a un delegado de USO por los salarios no percibidos, más el 10% de interés de mora desde el 1 de agosto de 2016. No es la primera victoria judicial en este caso, pero si la primera vez que el juez responsabiliza igualmente al Consistorio.

El juzgado estima así la demanda interpuesta por los servicios jurídicos de USO-Huelva por el descuento aplicado a la nómina del trabajador entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016. Hasta ahora, todas las sentencias han sido favorables a los trabajadores y aún quedan por resolver en julio otros quince casos, incluidos los de los otros dos delegados sindicales de USO.

El Consistorio planteó en julio de 2012 un Expediente Colectivo de Modificación de Condiciones Laborales por el cual se redujo el salario de la plantilla, efectuando la misma jornada. Esta rebaja se prorrogó dos veces, ya con la totalidad de la plantilla subrogada a Acciona como responsable del servicio de limpieza viaria, hasta el 31 de diciembre de 2015. A partir del 1 de enero de 2016, debería haberse cobrado el 100% del salario. Sin embargo, esa situación no se regularizó. El 1 de agosto de 2016, USO-Huelva presentó papeleta de conciliación en el Sercla para los 44 trabajadores afectados, fecha que se ha tomado como referencia para añadir los intereses de mora.

“A nivel colectivo, no solo para nuestro delegado, lo más importante de esta sentencia es que, además de reconocerle al trabajador el derecho al percibo del total de sus emolumentos durante esos seis meses, por primera vez hace responsable de forma tan explícita al Ayuntamiento de Isla Cristina, solidariamente y en virtud del artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Bases de Régimen Local establece que la limpieza viaria se encuentra incluida dentro de sus competencias”, valora Jesús Payán, secretario general de USO-Huelva.

En septiembre de 2017, este contrato cambió de manos y ya no lo presta Acciona, sino OHL, donde Manuel Ramón Lucas continúa siendo delegado de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO.

SPJ-USO-Andalucía denuncia la sobrecarga de los juzgados y pide un plan «anticongestión» urgente

7 de noviembre de 2019 - 12:10

El secretario general de FEP-USO-Andalucía y de SPJ-USO, Javier Toro, ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación del 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos de USO en Isla Cristina (Huelva), el estado crítico de los juzgados de España en general y de Andalucía en particular. De hecho, entre los textos que se aprobarán durante este 6º Congreso, figura una resolución especial del Sindicato Profesional de Justicia de USO para instar a los poderes públicos para aplicar con urgencia un plan “anticrisis” que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar los tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital.

Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, explica Toro.

El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que llegan a duplicar esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en torno a 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade el máximo responsable de SPJ-USO.

“Tras analizar todos estos datos, tenemos que hacer una llamada de atención al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas de que la Justicia ya está desbordada y, si no se toman medidas urgentes antes de que llegue una nueva crisis, habrá un colapso total en los juzgados, como ya vemos en lo Mercantil, que son incapaces de abordar cada nuevo período con el atraso acumulado de los anteriores”, concluye el secretario general de SPJ-USO.

Situación aún más grave en Andalucía
Con respecto a Andalucía, “los datos son más alarmantes, si cabe, en la jurisdicción de lo Social, especialmente sensibles en los temas que trata, y donde la tasa de congestión de nuestros juzgados es casi 4 veces la nacional, un 5,47. Similares cifras arroja lo Mercantil, con un 5,84 de congestión frente al 1,45 nacional”, explica Javier Toro, secretario general de FEP-USO-Andalucía.

El responsable federal reclama, además, para la Justicia Andaluza y, concretamente, para los juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, “la extensión del complemento de penosidad que ya reciben los funcionarios de Violencia contra la Mujer, por ser estos dos órganos judiciales donde se celebran los juicios y los encargados de ejecutar las sentencias”.