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Andalucía recibe el mayor golpe de empleo por el coronavirus, en Seguridad Social y en paro

Andalucía ha sido la comunidad autónoma más golpeada por los efectos de la crisis del coronavirus en el empleo. “Tanto por lo que hemos perdido como por lo que no crearemos”, resume amargamente Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía.

La comunidad autónoma se deja, en poco más de una quincena, 27.984 afiliados a la Seguridad Social. “Es un dato mucho más fiable de la pérdida de empleo real que el registro del SEPE. Por dos razones: por el desbordamiento de las oficinas y porque los afectados por los ERTE, empleo que se espera recuperar de forma automática, siguen cotizando a la Seguridad Social. Pero esas 28.000 personas que no figuran en la afiliación son trabajadores temporales, directos o por ETT, a quienes se les extinguió o no se les renovó su contrato por el inicio de la crisis y que no están sujetos a ningún tipo de compensación”, explica Postigo.

En este sentido, el coordinador general de la Unión Sindical Obrera en Andalucía pide “un esfuerzo de las administraciones públicas para reforzar el Servicio de Andaluz de Empleo. Es imprescindible tirar de las bolsas de contratación para que una plantilla ya de por sí diezmada pueda afrontar esta sobrecarga inhumana de trabajo. El 10 de abril, la mayoría de personas reguladas temporalmente no recibirán su prestación por la incapacidad de tramitar tanto ERTE. Pero es muy probable que muchos tampoco lleguen a percibirla el 10 de mayo. Un rescate que no llega a tiempo no es un verdadero rescate”.

El paro registrado ha subido por encima del 17% tanto en términos anuales como mensuales. Sevilla, Málaga y Cádiz son las tres provincias españolas que más nuevos parados tienen a 31 de marzo, aunque en porcentaje la peor parada es Málaga, y, con respecto a 2019, Huelva, con un 22%. “Esta foto a 31 de marzo puede ser la primera de una secuencia más grave al término de esta crisis sanitaria en la que no solo vamos a perder decenas de vidas. Hemos empezado una carrera de obstáculos en la que se evidencia nuestra absoluta dependencia de sectores estacionales, como la agricultura y el turismo, que esta vez no nos van a salvar los muebles”, advierte el coordinador general de USO-Andalucía.

“Por primera vez, el paro ha golpeado menos a las mujeres. Del total de 138.569 nuevos desempleados al finalizar marzo, 84.592 son hombres y 53.977, mujeres. Los empleos más precarizados, como son los de limpieza o el sector de los cuidados, se han demostrado imprescindibles en esta crisis y se han mantenido. Son realizados principalmente por las mujeres. En este caso, deberían estar reforzándose las plantillas, porque están soportando una carga de trabajo bestial y más necesaria que nunca”, concluye Postigo.

Andalucía registra el segundo peor dato de contratación indefinida en el primer semestre de 2019

Andalucía es la segunda comunidad autónoma española donde resulta más difícil obtener contrato indefinido. “Solo a un 2,29% de las personas que firman un contrato en la región le están ofreciendo de primeras un contrato indefinido, según los datos del Servicio Público de Empleo del primer semestre. Casi un tercio de la ya de por sí baja cifra media nacional, que es un 6,23%”, denuncia Jesús Postigo, coordinador de USO-Andalucía, sobre datos extraídos del informe “Anomalías de nuestro mercado de trabajo”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO.

En Andalucía se han formalizado en este semestre más de dos millones y medio de contratos, 2.561.836, pero solo 58.692 indefinidos. El 92,51% del total son “obra o servicio” o “eventuales por circunstancias de la producción”. “Tenemos más de 3 millones de empleados, pero solo en seis meses se han firmado casi esos contratos. Eso da una idea de que muchos de ellos no pueden ser considerados puestos de trabajo, sino un empleo relámpago que se encadena por días o semanas hasta el infinito. No se corresponde ese nivel de contratación con liderar el paro con un 21% y más de 800.000 andaluces sin trabajo”, continúa Postigo.

Aunque las cifras son ligeramente superiores a nivel nacional, el estudio destaca que el 30% de los contratos dura menos de una semana y que la duración media de un contrato en España es de 50 días: “hay trabajadores que viven en permanente temporalidad. Se sigue usando la fórmula de contratar de lunes a viernes para ahorrarse el pago del descanso semanal y volver a dar de alta a los trabajadores al lunes siguiente. Es necesario reforzar la labor de la Inspección de Trabajo para hacer un seguimiento y demostrar esas irregularidades justificadas desde el empleador por las ‘circunstancias de la producción’”, pide la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez.

Del más de un millón de nuevos ocupados en la última década en nuestro país, un 50,5% es temporal. Por eso, desde USO, se apuesta por “que se simplifiquen los tipos de contrato, pues el de obra y servicio, por ejemplo, es un coladero de indefinidos camuflados de temporales; que se penalice la contratación temporal y, especialmente, su abuso; y que se vigilen las causas que de verdad demuestran que un contrato sí debe ser temporal”, concluye Estévez.

La mayoría de los contratos los suscriben los hombres, a pesar de que hay más mujeres en paro, y los menores de 30 años, especialmente castigados por el encadenamiento de contratos. Los mayores de 50 años, que suponen el grueso de parados, sin embargo están marginados en la dinámica de contratación y les resulta más difícil reengancharse al mundo laboral.

USO denuncia posibles irregularidades de la Diputación de Córdoba en la contratación temporal

USO-Andalucía ha presentado denuncia ante la Fiscalía al detectar posibles irregularidades en las contrataciones temporales de la Diputación de Córdoba.

En esta denuncia, USO recuerda que la regulación de la formación de las bolsas de trabajo de la Diputación de Córdoba se rige por el reglamento regulador del procedimiento de selección para la cobertura de necesidades temporales de efectivos de personal de la Diputación de Córdoba, que pone de manifiesto la necesidad de efectuar una convocatoria específica.

En julio de 2018, se aprueba mediante la Resolución 2018/3748 la aplicación de la Bolsa Acordada por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, vulnerando el reglamento pues se incumple el procedimiento y se excluye de dicho acuerdo al personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos o Fondos de Organismos Autónomos, siendo el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios uno de estos organismos. Esta resolución, a juicio de USO, vulnera la normativa para la adjudicación de las plazas de personal y crea discriminación al resto de ciudadanos por no dar publicidad de la convocatoria ni oportunidad para presentarse a la selección.

Por otro lado, se pone en cuestión la OEP 2014 de 10 Plazas de Técnico Gestión Administración General, promoción interna que está sin resolver parcialmente, por la que se convocan cinco plazas solamente, de las diez que fueron aprobadas en la OEP, reservando dichas plazas para adjudicárselas a las personas que componen la bolsa del Consorcio previamente.

Además, en septiembre de 2018, en la relación de puestos de trabajo para ese año se aprecia que se crean cuatro puestos nuevos de técnicos de gestión para poder colocar a las personas de las bolsas del Consorcio y poder crear interinidades. USO recuerda que la propia Diputación tiene bolsas de categorías específicas, englobadas en la de técnico de gestión y vigentes para cubrir los puestos de técnicos, no siendo necesario incurrir en dicha actuación, que supone en la práctica dar empleo a determinadas personas fuera de los cauces reglamentarios.

Por último, en noviembre del pasado año, la Comisión de Control y Funcionamiento anuncia la resolución en la que determina que «cuando por insuficiencia de personas candidatas una lista o bolsa de trabajo se encuentre agotada o sea insuficiente para atender las incorporaciones a los Servicios, se acudirá como lista supletoria a la inmediata anterior, solo con aquellos aspirantes que hayan participado en el proceso selectivo del que deriva la lista de espera en vigor”. Se observa aquí un nuevo incumplimiento del artículo 5 del Reglamento, en relación al artículo 21 del Acuerdo del Personal Funcionario de la Diputación Provincial de Córdoba, que recoge que se deberá articular un proceso de selección.

Desde FEP-USO-Córdoba entienden que las conductas descritas rebasan los preceptos establecidos en los reglamentos y acuerdos establecidos por la Diputación de Córdoba, pudiendo constituir un delito de prevaricación de funcionario público previsto, por lo que solicitan a la Fiscalía que proceda a la comprobación de estos hechos.