El secretario general de FEP-USO-Andalucía y de SPJ-USO, Javier Toro, ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación del 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos de USO en Isla Cristina (Huelva), el estado crítico de los juzgados de España en general y de Andalucía en particular. De hecho, entre los textos que se aprobarán durante este 6º Congreso, figura una resolución especial del Sindicato Profesional de Justicia de USO para instar a los poderes públicos para aplicar con urgencia un plan “anticrisis” que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar los tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital.
Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, explica Toro.
El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que llegan a duplicar esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en torno a 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade el máximo responsable de SPJ-USO.
“Tras analizar todos estos datos, tenemos que hacer una llamada de atención al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas de que la Justicia ya está desbordada y, si no se toman medidas urgentes antes de que llegue una nueva crisis, habrá un colapso total en los juzgados, como ya vemos en lo Mercantil, que son incapaces de abordar cada nuevo período con el atraso acumulado de los anteriores”, concluye el secretario general de SPJ-USO.
Situación aún más grave en Andalucía
Con respecto a Andalucía, “los datos son más alarmantes, si cabe, en la jurisdicción de lo Social, especialmente sensibles en los temas que trata, y donde la tasa de congestión de nuestros juzgados es casi 4 veces la nacional, un 5,47. Similares cifras arroja lo Mercantil, con un 5,84 de congestión frente al 1,45 nacional”, explica Javier Toro, secretario general de FEP-USO-Andalucía.
El responsable federal reclama, además, para la Justicia Andaluza y, concretamente, para los juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, “la extensión del complemento de penosidad que ya reciben los funcionarios de Violencia contra la Mujer, por ser estos dos órganos judiciales donde se celebran los juicios y los encargados de ejecutar las sentencias”.
