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USO Andalucía

Tag: juzgados

SPJ denuncia el retraso en el plan de refuerzo de la Justicia en Andalucía

9 de febrero de 2021 - 15:03

SPJ-USO critica que la Junta sigue postergando el anunciado plan de refuerzo contra el colapso en la Justicia en Andalucía

El Sindicato Profesional de Justicia del sindicato USO (SPJ-USO) denuncia que el plan de refuerzo de la Justicia en Andalucía se retrasa una vez más. USO reclama urgentemente refuerzos para los juzgados ante el colapso provocado por la pandemia.

Actitud dilatoria de la Junta

SPJ-USO critica la actitud dilatoria y propagandística de la Junta de Andalucía en relación a la segunda fase del plan de refuerzo frente al colapso que sufren las sedes judiciales andaluzas.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local anunció hace tiempo la ejecución de esta segunda fase del plan de refuerzo de la Justicia en Andalucía, así como su puesta en marcha para mediados de enero o principios de febrero de 2021. Sin embargo, esa previsión se incumplió alegando que aún se estaba trabajando en el listado de órganos destinatarios del plan y aplazándose la fecha hasta mediados de febrero. Finalmente, esa fecha también se descarta justificándolo en el confinamiento de una sede judicial de entre las más de 1.000 que conforman la Administración de Justicia en la comunidad autónoma andaluza.

Refuerzo en los órganos judiciales

Respecto al listado de órganos judiciales beneficiarios de este plan de refuerzo, la Administración ha incluido a muchos menos de los que patentemente lo precisan. Esta realidad se ha puesto de manifiesto por SPJ-USO en la mesa de negociación y, de nuevo, no se toma en consideración por parte de la Consejería.

Parálisis de la Justicia en Andalucía

Con el aplazamiento de este plan de refuerzo queda clara la nula voluntad de la Junta de poner solución a la parálisis judicial que sufre la Justicia en Andalucía. SPJ-USO critica a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, más preocupada en hacer propaganda que en poner en marcha soluciones efectivas para frenar la histórica sobrecarga que, junto a los efectos de la pandemia, acarrean los órganos judiciales andaluces.

SPJ-USO reivindica también que la Junta de Andalucía no da respuesta a otras cuestiones como:

  • la paralizada gestión de la bolsa de interinos desde hace más de un año;
  • la ralentización de nombramientos;
  • la carencia de un sistema de cita previa que facilite la presencia ciudadana segura en los trámites judiciales y de Registro Civil;
  • la ausencia de sistemas de ventilación eficaces que suplan la falta de ventilación natural en espacios de alta concurrencia;
  • la insignificante inversión en infraestructuras que permitan ampliar la capacidad del teletrabajo para prevenir situaciones de disminución de plantilla o cierre de sedes por cuarentenas o contagios entre el personal de la Administración de Justicia.

Desde SPJ-USO seguiremos exigiendo la ejecución real de la segunda fase del plan de refuerzo de la Justicia en Andalucía con el objetivo de suavizar el atasco judicial que perjudica no sólo al personal de la Administración de Justicia sino también, y sobre todo, a la ciudadanía.

SPJ-USO demanda actualizar el Programa Adriano en lo Mercantil para la nueva Ley Concursal

10 de julio de 2020 - 13:10
SPJ-USO demanda actualizar el Programa Adriano en lo Mercantil para la nueva Ley Concursal

SPJ-USO-Andalucía demanda actualizar el Programa Adriano en lo Mercantil para la gestión procesal de la nueva Ley Concursal

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía ha remitido un escrito a la Dirección General de Oficina Judicial y Estatal para urgir la actualización del Programa Adriano para los juzgados mercantiles de cara a la nueva Ley Concursal. El Sistema Adriano es el programa de gestión procesal donde los juzgados pueden tramitar y emitir, de manera homologada, las resoluciones y actuaciones procesales de los expedientes que llevan dichos juzgados.

El programa, ahora mismo, no está actualizado para tramitar la nueva ley concursal. El 7 de mayo de 2020, se publicó en BOE el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprobaba el texto refundido de la Ley Concursal. La nueva legislación entrará en vigor el 1 de septiembre y va a suponer una transformación de calado en los procedimientos. De hecho, la ley pasa de contar con 242 a 752.

Sobrecarga en la justicia andaluza

A lo anterior hay que sumarle la enorme carga de trabajo de este tipo de órganos en nuestra comunidad. Los juzgados de lo Mercantil están un 200% por encima de los módulos fijados por acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

El plan establece 435 asuntos por año como carga óptima para este tipo de juzgados. A esta enorme sobrecarga, habrá que añadirle próximamente un aumento de concursos por la crisis económica fruto de la pandemia.

“Si a esta complicada situación laboral se le añade la problemática de que el Programa Adriano no está adaptado a este cambio legislativo, el sistema judicial se resentirá aun más”, advierte Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía.

SPJ-USO le pide al CGPJ velar por que se garantice la seguridad en las sedes judiciales

21 de abril de 2020 - 17:59

El Sindicato Profesional de Justicia de USO lamenta que solo ahora, de una manera completamente improvisada y sin medios ni infraestructuras suficientes para aplicarlo debidamente, el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas piensen en fórmulas de teletrabajo para los funcionarios de la Justicia. Para ello, “le pedimos a estas administraciones que se sienten a negociar con los representantes de los trabajadores cómo aplicar la modalidad de trabajo a distancia y cómo poner los medios a su alcance. En el primer mes de estado de alarma, el teletrabajo ha sido un privilegio reservado para los miembros de las carreras judicial y fiscal, y solo desde el 15 de abril se ha permitido la adhesión voluntaria de los funcionarios a esta modalidad. Pero, al contrario que jueces y fiscales, el funcionario debe poner sus propios medios al servicio de la Administración”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El funcionariado lamenta “el desdén que desde el primer momento hemos sufrido por parte del órgano de los jueces, que en las etapas más duras del confinamiento por la crisis sanitaria exigían en sede judicial más funcionarios de los previstos por los servicios mínimos. Eso sí, sin ponerse en ningún momento a pie de juzgado y dejando los riesgos por contagio únicamente para los funcionarios”, continúa Toro.

Unas sedes judiciales a las que los equipos de protección llegaron “tarde, incompletos y sin repuesto. Los funcionarios hemos sido el chivo expiatorio de la descoordinación entre administraciones y competencias, y de las prevalencias corporativistas que han optado por el sálvense quien pueda, de espaldas y en perjuicio de los trabajadores de base”, destaca el secretario general de SPJ-USO.

El Sindicato Profesional de Justicia va más allá en sus demandas, “que no deben quedarse en el cortoplacismo. Estamos inmersos en una crisis sin precedente, que afecta a todos los niveles de nuestra vida. Cuando se levanten por completo las restricciones del estado de alarma, la avalancha y acumulación de asuntos va a llegar a niveles desconocidos. No partimos de las mejores condiciones, pues la sobrecarga de la Justicia ya la hemos denunciado a diario. Por ello, exigimos que se trabaje desde ya en el Plan de Actuación Global, con la coordinación de todos los estamentos implicados en al Administración de Justicia, y no únicamente desde los planteamientos del CGPJ, a todas luces insuficientes, pues se centran solo en su labor. Vamos a afrontar una emergencia nacional, y la Justicia debe responder a la ciudadanía de una forma coordinada y garantista del servicio público que prestamos”, concluye Javier Toro.

Los EPI llegan a los juzgados de Andalucía tras la denuncia de SPJ-USO

4 de abril de 2020 - 12:03
Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía, en su juzgado de Málaga

Casi todos los juzgados de Andalucía disponen ya de equipos de protección individual para los funcionarios tras la demanda planteada por SPJ-USO el pasado 24 de marzo pidiendo “medidas cautelares provisionalísimas” por la grave exposición de la plantilla al coronavirus covid-19 y la “inoperatividad, lentitud y falta de coordinación entre administraciones” para dotar de medios de protección al colectivo.

El 26 de marzo, la Administración de Justicia recibió la notificación de la demanda y los primeros EPI llegaron a los juzgados de Málaga a la vuelta del fin de semana, el 30 de marzo. “Antes de decantarnos por la vía judicial, le habíamos requerido a la Consejería reiteradas veces por escrito, y en el comité específico de Seguridad y Salud de Justicia, que implantase al menos las medidas higiénicas básicas, como jabón o difusores de gel hidroalcohólico, y toallitas desechables de secado. Al inicio de esta crisis sanitaria, ni siquiera eso había en muchos aseos de las sedes judiciales y fiscales”, lamenta Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía y funcionario de los juzgados de Instrucción en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Allí, precisamente, “el primer día que pudimos trabajar con guantes y mascarillas fue el 30 de marzo, medio mes después de decretarse el estado de alarma”, relata Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía y funcionario también en Instrucción de Málaga. “Por suerte, la mayoría de los funcionarios no estamos ahora, durante la prestación de servicios esenciales, de cara al público. Para cuando a los funcionarios nos toca cumplir esa tarea, ya disponemos en uno de los puestos de mamparas de metacrilato”, añade.

Javier Toro, secretario general de SPJ-USO, recuerda que “la dejadez con respecto a la salud del funcionariado de Justicia en Andalucía fue tal que tuvimos que acudir a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal y a los comités de seguridad y salud para pedir la desinfección de varias sedes judiciales el 20 de marzo. Ya acabando la primera semana de vigencia del estado de alarma, ni siquiera con positivos por coronavirus se habían puesto en marcha protocolos de higienización. En el edificio donde presto mis funciones, concretamente en uno de los juzgados de Instrucción de La Caleta, en Granada, hubo positivos. Entre otros, entre los agentes de la Guardia Civil que prestan su servicio en sede judicial. También varios funcionarios presentaron síntomas de contagio, pero ni a ellos ni a quienes estuvimos en contacto directo con ellos nos practicaron pruebas de ningún tipo”.

No obstante, el Sindicato Profesional de Justicia de USO reclama “coordinación” entre las administraciones. “Ahora mismo, el material llega indistintamente a través del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, y los funcionarios muchas veces ni siquiera sabemos a quién pedírselo”, recrimina Toro.

VÍDEO SOBRE LAS MEDIDAS INSTAURADAS EN LOS JUZGADOS DE GRANADA

SPJ-USO aumenta de 3 a 4 delegados en Córdoba y sigue como segunda fuerza en la Justicia de Andalucía

27 de noviembre de 2019 - 17:44

El Sindicato Profesional de Justicia de USO ha aumentado su representación en las últimas elecciones que faltaban por celebrarse para completar el mapa sindical de la Justicia de Andalucía. Así, tras el recuento de las mesas de la Ciudad de la Justicia de la capital y de los diferentes partidos judiciales, “SPJ-USO ha subido de los 3 delegados que conseguimos en las elecciones de 2015 a los 4 que tendremos a partir de ahora. En total, contamos con 36 representantes entre las ocho provincias andaluzas y nos mantenemos como la segunda fuerza sindical en la comunidad”, resume Domingo Castillo, secretario general de SPJ-USO en Córdoba.

En Córdoba, por un recurso contencioso en pasados comicios, las elecciones en Justicia vienen desarrollándose con un año de retraso, aunque poco a poco se van igualando: “es importante el volver a armonizar las elecciones, sobre todo frente a los retos comunes de toda Andalucía. Ahora mismo, el que más nos preocupa es la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, y tiene que pelearse a la par que en el resto de partidos”, introduce Castillo, quien ahonda en la problemática: “en concreto, en Córdoba se firmó un acuerdo en noviembre de 2018 absolutamente lesivo para los trabajadores de los juzgados, que suponía más pérdidas de derechos laborales adquiridos por no contar en ese momento con una partida presupuestaria suficiente para elaborar una buena RPT. Al final, dañaba el colectivo porque no se trataba de aprobar una relación de puestos de trabajo, sino una reordenación de efectivos, algo a lo que SPJ-USO se opuso en solitario en la Mesa Sectorial y seguiremos tratando de revertir antes de su implantación”.

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía “pretende que en Córdoba se instaure la NOJ el próximo año, pero ahora mismo no se dan las condiciones para ello y en SPJ-USO consideramos que aún hay mucho por negociar antes de que se implante con garantías para los trabajadores”, concluye el secretario general de SPJ-USO-Córdoba.

SPJ-USO-Andalucía denuncia la sobrecarga de los juzgados y pide un plan «anticongestión» urgente

7 de noviembre de 2019 - 12:10

El secretario general de FEP-USO-Andalucía y de SPJ-USO, Javier Toro, ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación del 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos de USO en Isla Cristina (Huelva), el estado crítico de los juzgados de España en general y de Andalucía en particular. De hecho, entre los textos que se aprobarán durante este 6º Congreso, figura una resolución especial del Sindicato Profesional de Justicia de USO para instar a los poderes públicos para aplicar con urgencia un plan “anticrisis” que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar los tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital.

Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, explica Toro.

El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que llegan a duplicar esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en torno a 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade el máximo responsable de SPJ-USO.

“Tras analizar todos estos datos, tenemos que hacer una llamada de atención al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas de que la Justicia ya está desbordada y, si no se toman medidas urgentes antes de que llegue una nueva crisis, habrá un colapso total en los juzgados, como ya vemos en lo Mercantil, que son incapaces de abordar cada nuevo período con el atraso acumulado de los anteriores”, concluye el secretario general de SPJ-USO.

Situación aún más grave en Andalucía
Con respecto a Andalucía, “los datos son más alarmantes, si cabe, en la jurisdicción de lo Social, especialmente sensibles en los temas que trata, y donde la tasa de congestión de nuestros juzgados es casi 4 veces la nacional, un 5,47. Similares cifras arroja lo Mercantil, con un 5,84 de congestión frente al 1,45 nacional”, explica Javier Toro, secretario general de FEP-USO-Andalucía.

El responsable federal reclama, además, para la Justicia Andaluza y, concretamente, para los juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, “la extensión del complemento de penosidad que ya reciben los funcionarios de Violencia contra la Mujer, por ser estos dos órganos judiciales donde se celebran los juicios y los encargados de ejecutar las sentencias”.