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USO Andalucía

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La Justicia andaluza no está preparada para la Fase 2 de desescalada judicial

21 de mayo de 2020 - 15:10

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía pide que la desescalada en los órganos judiciales vaya al ritmo de la desescalada sanitaria y test para el todo el personal

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía ha pedido sentido común a los dirigentes y gestores políticos para la llevar a cabo la desescalada en Justicia. SPJ-USO defiende que esta tiene que ir, necesariamente, al ritmo de la desescalada sanitaria. Además, ha reclamado que “las pruebas de detección del covid-19, los famosos test, lleguen a todo el personal de Justicia, y no solo a jueces y magistrados. El derecho a la salud pertenece a todos por igual y los riesgos en los centros de trabajo no distinguen por categorías profesionales”, defiende Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía.

La preservación del personal con factores especiales de riesgo es otra de las reivindicaciones de SPJ-USO-Andalucía para este proceso.  Añade, además, otro colectivo a proteger: las personas con hijos menores a cargo o mayores dependientes que no tengan con quién dejarlos.

Carencias de los órganos judiciales andaluces para la desescalada en Justicia

Tras la implantación de la Fase 1 de desescalada en la Administración de Justicia sin distinguir los territorios que aún permanecían en Fase 0 sanitaria, se ha establecido un compás de espera mínimo para entrar en la Fase 2 que acabará el día 26 de mayo.

Esto implicará la reincorporación a los centros de trabajo de entre el 60% y el 70% del personal funcionario. Para llegar a esta Fase 2 judicial, se está haciendo oídos sordos a los ritmos impuestos por las autoridades sanitarias para poder cumplir un calendario de fechas fijadas de antemano. Con este, se pretende acabar el 4 de junio de 2020 con la reanudación plena de los plazos procesales y la presencia al 100% de los funcionarios judiciales en sus centros de trabajo.

SPJ-USO ha denunciado que, para llegar a este objetivo, se ha omitido elaborar previamente una evaluación de riesgos frente al contagio. Es decir, no se ha garantizado la suficiente distribución de equipos de protección individual (EPI) ni material de seguridad en todos los órganos. Ni siquiera se da la garantía del mantenimiento de las distancias interpersonales o la limpieza y desinfección intensificada con la frecuencia adecuada.

Reincorporación a los puestos de trabajo sin protección frente al coronavirus, incluso entre los más vulnerables

El teletrabajo, lamentablemente, no es la solución. Esta modalidad ha resultado ser una opción marginal para la Administración, tanto por falta de medios e infraestructuras como por voluntad para llevarlo a cabo. Además, se han desfigurado las normas sobre jornada, horarios, turnos, vacaciones, provisión de puestos de trabajo y movilidad forzosa. Ha faltado una negociación real con los interlocutores sindicales.

“Los métodos empleados están siendo deleznables en muchos casos. Está ordenándose la reincorporación de personas con sensibilidad al virus sin protección. Se han recortado los permisos para cuidados de menores y personas dependientes sin la debida motivación. Se ha anunciado públicamente la realización de test de diagnostico del covid-19 al personal antes de incorporarse a su puesto de trabajo siendo esto absolutamente falso”, critica Moreno. .

La gerencia del Hospital Virgen Macarena, denunciada ante Inspección por falta de EPI

11 de mayo de 2020 - 11:33

Tras un primer escrito presentado a la Dirección del Hospital Virgen Macarena en el mes de marzo solicitando medidas preventivas para proteger al personal sanitario y no sanitario, completamente ignorado, el sector de Sanidad de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla contra la gerencia del centro hospitalario.

En la denuncia, USO-Andalucía reclama que se dote de suficientes equipos de protección individual al personal que realiza los servicios con más riesgo, es decir, aquellos que prestan atención a menos de dos metros a pacientes con síntomas respiratorios de covid-19 o que se encargan del trasporte o traslado de pacientes en investigación o confinados.

“Estamos en estado de alarma, y tenemos que proteger a nuestra primera línea de defensa que son todos los trabajadores, tanto sanitarios como no sanitarios. El uso de dicho material de protección es la primera barrera para poder intentar frenar la propagación del covid-19, tanto en el personal como en los usuarios que acuden a las instalaciones sanitarias”, denuncia Victorio Carcela, responsable de Sanidad en Sevilla por FAC-USO Andalucía.

Inspección de Trabajo ha visitado las instalaciones del centro hospitalario y ha instado a la gerencia del hospital Virgen Macarena a adoptar obligatoriamente las medidas preventivas que han sido acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias, así como comunicar una copia del requerimiento formulado a los delegados de prevención del hospital como representantes legales de los trabajadores, cosa que el gerente no ha hecho.

Con más de 200 trabajadores tanto sanitarios como no sanitarios ya infectados por el covid-19 y una falta de transparencia en su gestión, USO, junto a los demás sindicatos han solicitado la dimisión inmediata del gerente, Francisco Merino.

FAC-USO Andalucía exige revisar todo el material sanitario previamente a su distribución

30 de abril de 2020 - 10:49

El pasado 16 de abril, el Ministerio de Sanidad ordenó la retirada de las mascarillas N95 del fabricante Garry Galaxy por no pasar el test de penetración de material filtrante. De estas mascarillas, se repartieron un total de 40.000 por toda la comunidad andaluza.

Tras esta polémica, la Junta de Andalucía comenzó a autoabastecerse para suplir la falta de material sanitario, adquiriendo mascarillas en las delegaciones provinciales.

Las mascarillas se distribuyeron antes de tener el resultado de su efectividad por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud lo que conllevó que se distribuyeran más de 20.000 mascarillas a los hospitales de la comunidad.

“Llueve sobre mojado para un colectivo que se encuentra inmerso en una situación laboral compleja, con cambios continuos y aumento de la carga asistencial. Ese acontecimiento lo único que hace es  añadir más estrés si cabe a su situación laboral por sentirse desprotegidos ante su labor asistencial”, denuncia Luis Vinelli , secretario general de USO-Sanidad en Andalucía.

FAC-USO Andalucía considera imprescindible la revisión de todo el material sanitario previamente a su distribución, para que el personal sanitario pueda trabajar con todas las garantías de seguridad. “Ahora que la presión del covid-19 es menor no es necesario precipitarse en decisiones que pueden poner en peligro la salud de los profesionales”, asegura Vinelli.

SPJ-USO le pide al CGPJ velar por que se garantice la seguridad en las sedes judiciales

21 de abril de 2020 - 17:59

El Sindicato Profesional de Justicia de USO lamenta que solo ahora, de una manera completamente improvisada y sin medios ni infraestructuras suficientes para aplicarlo debidamente, el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas piensen en fórmulas de teletrabajo para los funcionarios de la Justicia. Para ello, “le pedimos a estas administraciones que se sienten a negociar con los representantes de los trabajadores cómo aplicar la modalidad de trabajo a distancia y cómo poner los medios a su alcance. En el primer mes de estado de alarma, el teletrabajo ha sido un privilegio reservado para los miembros de las carreras judicial y fiscal, y solo desde el 15 de abril se ha permitido la adhesión voluntaria de los funcionarios a esta modalidad. Pero, al contrario que jueces y fiscales, el funcionario debe poner sus propios medios al servicio de la Administración”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El funcionariado lamenta “el desdén que desde el primer momento hemos sufrido por parte del órgano de los jueces, que en las etapas más duras del confinamiento por la crisis sanitaria exigían en sede judicial más funcionarios de los previstos por los servicios mínimos. Eso sí, sin ponerse en ningún momento a pie de juzgado y dejando los riesgos por contagio únicamente para los funcionarios”, continúa Toro.

Unas sedes judiciales a las que los equipos de protección llegaron “tarde, incompletos y sin repuesto. Los funcionarios hemos sido el chivo expiatorio de la descoordinación entre administraciones y competencias, y de las prevalencias corporativistas que han optado por el sálvense quien pueda, de espaldas y en perjuicio de los trabajadores de base”, destaca el secretario general de SPJ-USO.

El Sindicato Profesional de Justicia va más allá en sus demandas, “que no deben quedarse en el cortoplacismo. Estamos inmersos en una crisis sin precedente, que afecta a todos los niveles de nuestra vida. Cuando se levanten por completo las restricciones del estado de alarma, la avalancha y acumulación de asuntos va a llegar a niveles desconocidos. No partimos de las mejores condiciones, pues la sobrecarga de la Justicia ya la hemos denunciado a diario. Por ello, exigimos que se trabaje desde ya en el Plan de Actuación Global, con la coordinación de todos los estamentos implicados en al Administración de Justicia, y no únicamente desde los planteamientos del CGPJ, a todas luces insuficientes, pues se centran solo en su labor. Vamos a afrontar una emergencia nacional, y la Justicia debe responder a la ciudadanía de una forma coordinada y garantista del servicio público que prestamos”, concluye Javier Toro.

Justicia obliga a sus funcionarios a volver al trabajo sin los medios de protección para su salud

13 de abril de 2020 - 19:49

Rechazo frontal y absoluto del Sindicato Profesional de Justicia de USO a la resolución del Ministerio de Justicia publicada hoy y por la cual “adapta” la prestación de ese servicio público al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que prorroga el estado de alarma.

“Según el Ministerio, vamos a volver de facto a la normalidad en pleno estado de alarma. Justicia obliga a sus funcionarios a exponerse al contagio porque no puede garantizarles los medios de protección. Por un lado, decreta la incorporación apresurada y atropellada del personal, eliminando los servicios esenciales y obligando a tramitar todos los asuntos, sean o no de derechos fundamentales; y por otro, ni siquiera dispone de los EPI necesarios para todos aquellos que volverán a las sedes judiciales”, arremete Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

El máximo responsable de Justicia de USO le afea a la Administración “que propugne el teletrabajo en todas las empresas para evitar el riesgo de contagio y no haya sido capaz en años, desde que se anunció a bombo y platillo la aplicación del expediente digital en los diferentes ámbitos de la Justicia, de llevarlo a cabo en su propio ámbito competencial”.

En el caso de las sedes judiciales, “es imposible trabajar de forma normal, incluso a puerta cerrada, manteniendo las medidas de seguridad que otro ministerio, el de Sanidad, reclama. Por ejemplo, no existe distancia de seguridad apropiada entre los trabajadores en la mayoría de los juzgados y tribunales de nuestro país”, defiende Toro.

Por ello, SPJ-USO solicita que el ministro de Justicia considere una “incorporación por tramos a la actividad, y siempre acompasada con las medidas sanitarias promovidas por los expertos y por su propio compañero de Ejecutivo. Durante las medidas excepcionales, los servicios deben serlo también, por lo que únicamente deben mantenerse los esenciales mientras el Ministerio no sea capaz de garantizar la salud de sus trabajadores. Para empezar, las sedes judiciales deben contar obligatoriamente con el material de limpieza, desinfección e higiene, y con los EPI. Esta norma no puede entrar en vigor hasta entonces o el Ministerio estará actuando de forma temeraria a conciencia”.

FAC-USO pide a Sanidad y Trabajo equiparar el nivel de riesgo de todo el personal del ámbito sanitario

9 de abril de 2020 - 22:22

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO ha registrado sendos escritos a los ministerios de Sanidad y de Trabajo y Economía Social para solicitar algunos cambios en el protocolo de actuación de PRL que afectan a la exposición de personal del ámbito sanitario. Una vez analizado el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, actualizado en fecha 8 de abril de 2020, se observan que persisten las deficiencias en cuanto a la protección del personal.

En esta actualización, vuelven a considerarse como con «exposición de bajo riesgo» todos los trabajadores de ámbito sanitario que no sean médicos, enfermeros o TCAE. En este grupo de «bajo riesgo» siguen incluidos por lo tanto acompañantes para traslados, celadores, camilleros, trabajadores de limpieza, personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnostico virológico, personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario, fómite o desechos posiblemente contaminados, y ayuda a domicilio de contactos asintomáticos. “Esto ha provocado que, a lo largo de estas semanas, este personal considerado de bajo riesgo se haya contagiado por la falta de protección especial, lo que supone una falta de consideración peligrosa”, asegura Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

Este procedimiento actualizado se basa en el riesgo generalizado en hospitales, pero solo se ha diferenciado en función de categorías profesionales de los trabajadores, no con baso en su trabajo diario. Por eso, FAC-USO ha solicitado que el actual personal definido como con “exposición de bajo riesgo” sean considerados como trabajadores con “exposición de riesgo”. “Creemos que es necesario revisar ente procedimiento de forma urgente, cambiando los escenarios de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el entorno laborar sociosanitario”, afirma Luis Deleito.

Debido a esta desprotección selectiva, «en Andalucía hemos presenciado escenas surrealistas, como celadores ataviados con bolsas de basura ante la falta de batas desechables para el traslado de enfermos; personal con pantallas de protección caseras elaboradas por voluntarios que se las hicieron llegar a USO para repartirlas por los hospitales; o el personal de ayuda a domicilio atendiendo a colectivos especialmente vulnerables sin ninguna barrera de protección. Se ha trasladado la responsabilidad de la protección propia y de los pacientes al trabajador y sus medios», aduce Enrique Jiménez, secretario de Organización de FAC-USO-Andalucía.

SPJ-USO advierte de que algunos juzgados de Sevilla ya están sin EPI porque no se reponen

8 de abril de 2020 - 14:15

Los juzgados de Instrucción de Sevilla en servicio de guardia carecen, desde el lunes, de equipos de protección individuales para sus funcionarios después de agotarse la única remesa que llegó a las dependencias desde el inicio de la pandemia de coronavirus covid-19.

“Desde SPJ-USO, hemos denunciado ante el Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia de Sevilla tanto la escasez de material como la descoordinación en la recepción y reparto. Sin embargo, la Junta de Andalucía solo nos ha respondido que, hasta la semana que viene, no se recibirán nuevas mascarillas”, avisa Ana Avilés, responsable del Área de Prevención y Salud Laboral del Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía.

La responsable de SPJ-USO, funcionaria de Justicia en Sevilla, añade que “desde el lunes, estamos viniendo a trabajar a los juzgados de guardia con las mascarillas que conseguimos por nuestros propios medios”. Y eso, quienes tienen la oportunidad de acceder a ellas.

El funcionariado de Justicia sigue prestando de forma presencial los llamados servicios esenciales. En la provincia de Sevilla, supone la exposición en sedes de unas 110 personas al día. Solo en las guardias de los juzgados de Instrucción, se ven afectados unos 30 funcionarios, que atienden al servicio de guardia, fiscalía, informática, letrados, fiscales y magistrado.

“Los funcionarios hemos trabajado sin equipos de protección hasta el 30 de marzo. Pero la primera remesa de geles, guantes y mascarillas ha durado en Sevilla una semana. Hemos exigido que se articule el protocolo de reposición y reparto de los EPI, pero la Junta, de nuevo, elude su responsabilidad de cumplir con el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le encomienda la garantía de la seguridad y salud en el trabajo de su personal”, continúa Ana Avilés.

Los servicios esenciales incluyen el trato directo con detenidos, atención directa a familiares de fallecidos con coronavirus covid-19 o actuaciones urgentes inaplazables. Por ello, “la acumulación y trasiego de personas, propias del juzgado y ajenas a él, es inevitable. Es muy difícil mantener los dos metros de distancia exigidos y ya no contamos con esa primera barrera protectora. Estamos expuestos al contagio en nuestro puesto de trabajo”, denuncia la responsable de Prevención y Salud Laboral de SPJ-USO-Andalucía.

¿Quieres visitar los juzgados de Andalucía y las medidas de protección que hemos conseguido y las que faltan?

Los EPI llegan a los juzgados de Andalucía tras la denuncia de SPJ-USO

4 de abril de 2020 - 12:03
Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía, en su juzgado de Málaga

Casi todos los juzgados de Andalucía disponen ya de equipos de protección individual para los funcionarios tras la demanda planteada por SPJ-USO el pasado 24 de marzo pidiendo “medidas cautelares provisionalísimas” por la grave exposición de la plantilla al coronavirus covid-19 y la “inoperatividad, lentitud y falta de coordinación entre administraciones” para dotar de medios de protección al colectivo.

El 26 de marzo, la Administración de Justicia recibió la notificación de la demanda y los primeros EPI llegaron a los juzgados de Málaga a la vuelta del fin de semana, el 30 de marzo. “Antes de decantarnos por la vía judicial, le habíamos requerido a la Consejería reiteradas veces por escrito, y en el comité específico de Seguridad y Salud de Justicia, que implantase al menos las medidas higiénicas básicas, como jabón o difusores de gel hidroalcohólico, y toallitas desechables de secado. Al inicio de esta crisis sanitaria, ni siquiera eso había en muchos aseos de las sedes judiciales y fiscales”, lamenta Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía y funcionario de los juzgados de Instrucción en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Allí, precisamente, “el primer día que pudimos trabajar con guantes y mascarillas fue el 30 de marzo, medio mes después de decretarse el estado de alarma”, relata Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía y funcionario también en Instrucción de Málaga. “Por suerte, la mayoría de los funcionarios no estamos ahora, durante la prestación de servicios esenciales, de cara al público. Para cuando a los funcionarios nos toca cumplir esa tarea, ya disponemos en uno de los puestos de mamparas de metacrilato”, añade.

Javier Toro, secretario general de SPJ-USO, recuerda que “la dejadez con respecto a la salud del funcionariado de Justicia en Andalucía fue tal que tuvimos que acudir a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal y a los comités de seguridad y salud para pedir la desinfección de varias sedes judiciales el 20 de marzo. Ya acabando la primera semana de vigencia del estado de alarma, ni siquiera con positivos por coronavirus se habían puesto en marcha protocolos de higienización. En el edificio donde presto mis funciones, concretamente en uno de los juzgados de Instrucción de La Caleta, en Granada, hubo positivos. Entre otros, entre los agentes de la Guardia Civil que prestan su servicio en sede judicial. También varios funcionarios presentaron síntomas de contagio, pero ni a ellos ni a quienes estuvimos en contacto directo con ellos nos practicaron pruebas de ningún tipo”.

No obstante, el Sindicato Profesional de Justicia de USO reclama “coordinación” entre las administraciones. “Ahora mismo, el material llega indistintamente a través del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, y los funcionarios muchas veces ni siquiera sabemos a quién pedírselo”, recrimina Toro.

VÍDEO SOBRE LAS MEDIDAS INSTAURADAS EN LOS JUZGADOS DE GRANADA

Hospital de Puerto Real: faltan medidas preventivas y hay discrecionalidad en pruebas del covid-19

3 de abril de 2020 - 12:55

FAC-USO-Andalucía, junto a los demás sindicatos con representación en el Hospital Universitario de Puerto Real, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la escasez de equipos de protección individual (EPI) y la falta de pruebas diagnósticas para la detección del covid-19 en el HUPR y sus centros periféricos de Chiclana y El Puerto de Santa María.

José Guerra, miembro por USO en la junta de personal del Hospital, denuncia que “no es solo que los equipos de protección escaseen, es que la Dirección del centro, además, está gestionando discriminatoriamente la distribución de los equipos disponibles. Ha dejado sin protección a trabajadores que están en estrecho contacto con pacientes posiblemente contagiados y otros confirmados, poniendo en peligro a sus familias y al resto de pacientes atendidos por ellos”.

La denuncia también refleja la discrecionalidad a la hora de determinar qué trabajadores se hacen pruebas y cuáles no. “Las pasadas semanas, hubo casos entre la Dirección y a todos ellos se les proporcionó esa prueba de detección del covid-19. Sin embargo, a profesionales que están en contacto directo con los enfermos y, por lo tanto, tienen más probabilidad de exponerse al virus no se les da la posibilidad de hacerse la prueba, obligándolos a trabajar con los demás pacientes y aumentando, por lo tanto, el riesgo de propagación”, asegura José Guerra.

En la denuncia conjunta, FAC-USO-Andalucía señala además las coacciones que han sufrido algunos profesionales por parte de la Unidad de Prevención por llevar equipos de protección y amenazarlos con la apertura de expedientes disciplinarios. A juicio de este órgano, no era conveniente usar de forma indiscriminada guantes, mascarillas y batas, pero ha llevado al extremo la recomendación, amenazando con sanciones a quienes sí fueran equipados con ellos.

Asimismo, el conjunto de los sindicatos de la junta de personal han denunciado a la Jefatura de Sección del servicio con competencias en Vigilancia de la Salud por no aplicar los protocolos de las autoridades sanitarias para profesionales con contactos con pacientes confirmados o posibles. Al contrario, los han mantenido en sus puestos de trabajo, en vez de aplicarles el aislamiento preventivo.

Por todo lo anterior, FAC-USO-Andalucía y el resto de sindicatos del HUPR han denunciado la negligente gestión por parte de la Dirección del hospital e instan a Inspección de Trabajo a que abra las diligencias oportunas para que se proteja, con la mayor brevedad posible, a los trabajadores del centro sanitario.

FTSP-USO-Andalucía pide más medios de protección para los guardas rurales

2 de abril de 2020 - 09:09

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-Andalucía pide que los guardas rurales cuenten con más medios de protección. Este colectivo continúa realizando su actividad tras la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia de covid-19. Los guardas rurales denuncian que los medios con los que cuentan son insuficientes para garantizar su protección frente al riesgo de contagio por coronavirus. Una situación que es extensible a todo el sector de la seguridad privada.

Sin embargo, desde el inicio de la crisis sanitaria, se está notando que la actividad delictiva en las explotaciones agrarias de toda España se está viendo incrementada. Varios furtivos y ladrones de fincas han sido detenidos estos días por los profesionales de la seguridad privada y puestos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de esto, sigue considerándose el sector como un colectivo de bajo riesgo ante el coronavirus covid-19. El responsable del sector de guardas rurales de FTSP-USO-Andalucía, Víctor Villalobos, asegura que “en el sindicato estamos comprometidos con llevar ante el Gobierno la reclamación de la seguridad privada en general para ser considerados como personal de riesgo”.

A pesar de esta situación, los guardas rurales y el resto de vigilantes que componen el sector van a seguir trabajando, ya que la seguridad privada “es una herramienta fundamental para sumar un buen número de efectivos policiales, los cuales ahora mismo son escasos por el estado de alarma. La cooperación público/privada es la clave para enfrentar los retos que la pandemia nos presenta, pero para ello es imprescindible que se les proporcione, tanto a los guardas rurales como al resto de personal de seguridad privada, los medios de protección necesarios para combatir el covid-19”, aclara Víctor Villalobos.

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