SPJ-USO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia de la provincia de Granada, denuncia que los juzgados de Paz de los municipios de Cenes de la Vega, Cúllar Vega y Alhedín no cuentan con los funcionarios imprescindibles y previstos por la ley para las poblaciones de más de 7.000 habitantes. Estas sedes judiciales dependen de los ayuntamientos y funcionan como oficina desplazada del Registro Civil, con tareas como la inscripción de nacimientos y defunciones, así como la organización de bodas o efectuar notificaciones, aunque sin personal propio en los pueblos más pequeños.
Para el Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía, las carencias de los juzgados de Paz no son únicamente de personal, sino también de instalaciones, pues falta material informático propio y actualizado, y se da recurrentemente una falta de climatización en las dependencias.
En este sentido, Antonio García, de SPJ-USO-Granada, recuerda que, después de muchas reivindicaciones, «hemos conseguido un mejor emplazamiento para otro juzgado de la provincia, el de Íllora. Tras pelear con la Alcaldía, y después de más de dos años, ahora los locales sí están bien acondicionados, aunque hay otros donde hace falta mejorar la accesibilidad porque no cuentan con rampa o ascensor para personas con movilidad reducida».
Por otro lado, en Dúrcal advierte USO de que solo hay una gestora: «no puede atender al público y, a la vez, estar notificando en la calle. Es imposible». Por eso, SPJ reclama un auxilio judicial para esta sede.
