SPJ-USO advierte de que los funcionarios de Málaga y Granada no pueden pasar a Fase 1

El Ministerio de Justicia ha decidido aplicar a los juzgados una desescalada diferente a la decretada por Sanidad y la Mesa Sectorial de Justicia de la Junta de Andalucía pretende que dos provincias, Málaga y Granada, sigan el mismo patrón que el resto de la comunidad. Recordamos que estas dos provincias no han sido consideradas con condiciones aptas para cambiar a Fase 1; por lo tanto, si se mantienen las restricciones en el resto de ámbitos, deben tener igualmente un tratamiento más restrictivo en cuanto al trabajo en juzgados.

«Si Málaga y Granada no están en situación de pasar a la llamada Fase 1 por los riesgos de contagio y atención sanitaria, por los mismos motivos no pueden cambiar de fase en el ámbito de la Administración de Justicia. No puede aplicarse ese doble rasero a conveniencia», acusa Adriano Moreno, secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía.

SPJ-USO lamenta que el Ministerio de Justicia le preocupen más «las prisas que la vulnerabilidad de las plantillas. El retorno a los puestos de trabajo, como en el resto de actividades, debe hacerse a su debido tiempo y cumpliendo con las condiciones de seguridad, como en todos los ámbitos», advierte Moreno sobre la contradicción de criterios.

La ampliación de la presencia física de personal de Justicia en sedes se está decretando «sin los preceptivos test, sin la evaluación de riesgos correspondiente a dar un paso más y sin la medición de los espacios para garantizar las distancias obligadas por criterios sanitarios, no productivos. Pero es que, además, en algunos juzgados tenemos las carencias más básicas, en limpieza y papel, y sin instalación de mamparas, algo intolerable en Fase 0, en Fase 1 y hasta en una supuesta normalidad, algo intolerable que el Ministerio impulsa y la Junta de Andalucía tolera», relata el secretario general de SPJ-USO en Andalucía.

La Unión Sindical Obrera lamenta que la alternativa propuesta e impulsada en todos los ámbitos laborales, el teletrabajo, «no se ha regulado con claridad en nuestro sector. Desde SPJ hemos presentado varios escritos porque la Justicia siempre ha ido por detrás en esta modalidad y ahora se evidencia que no ha sabido adaptarse como sí lo han hecho otros sectores. USO pide que la opción del teletrabajo, que debe primar según los criterios del Gobierno, le sea ofrecida a todo el personal de Justicia, no solo a los supuestos de personal de riesgo, personas con dependientes a cargo o por no poder respetar las distancias de seguridad en sus centros de trabajo. Entendemos que este personal vulnerable debe tener preferencia, pero no debe ser el único que pueda volver al tajo en modalidad a distancia. Así se puede volver antes, con seguridad y aliviando el colapso que ya tenemos en las oficinas judiciales y que crecerá en sin duda en estos momentos excepcionales», considera Adriano Moreno.